Para quienes soñamos con una transición de Cuba hacia la democracia, los últimos acontecimientos invitan a realizar un análisis actualizado. El bloqueo a la llegada de petróleo, el envío de asistencia humanitaria a través de la Iglesia y las señales —todavía ambiguas— de diálogo entre autoridades de Estados Unidos y Cuba obligan a repensar escenarios posibles.
Este ejercicio no es solo académico. Es, sobre todo, una invitación a los ciudadanos cubanos —y en particular a la sociedad civil independiente— a abrir un debate estratégico que permita comprender cómo estos factores inciden en la dinámica interna del régimen, en la presión internacional y en los eventuales espacios de transición o cambio.
Impacto de la crisis energética
La presión de Estados Unidos para cortar o dificultar la llegada de petróleo a Cuba ha tenido efectos agudos y visibles en la vida cotidiana. El país atraviesa una crisis energética severa, con apagones prolongados, racionamiento de combustibles y afectación directa de servicios básicos como el transporte y la producción agrícola. La ONU ha advertido sobre el riesgo de un colapso humanitario derivado de esta situación, lo que deja en claro que ya no se trata únicamente de un problema económico, sino de una amenaza directa a las condiciones de vida básicas de la población.
La reducción de suministros provenientes de países aliados, sumada a la presión ejercida sobre proveedores como México para que detengan los envíos, intensifica aún más el impacto.
Este tipo de presión produce un doble efecto. Por un lado, económico y social: se profundizan las deficiencias estructurales que el régimen ya enfrentaba —escasez de combustibles, apagones, dificultades para el transporte y la producción— y crece el malestar ciudadano. Por otro, político: un régimen incapaz de sostener servicios básicos pierde legitimidad social y deja en evidencia la inviabilidad de su modelo de gestión. Esto crea condiciones propicias para el descontento, incluso entre sectores que históricamente se habían mantenido pasivos o resignados.
Erosión del monopolio estatal
Vinculado a este bloqueo energético —cuyo objetivo declarado es presionar al régimen y no a la población—, el gobierno de Estados Unidos ha decidido canalizar asistencia humanitaria —alimentos, insumos y recursos básicos— a través de la Iglesia Católica y organizaciones como Cáritas. En ese mismo marco, el Encargado de Negocios en La Habana, Mike Hammer, ha recorrido distintas regiones del país atendiendo de manera directa las necesidades del ciudadano común.
Al utilizar a la Iglesia como canal, Washington busca que la ayuda llegue efectivamente a las personas, sin pasar por intermediarios estatales que puedan desviar o politizar los recursos. Este mecanismo debilita la capacidad del régimen para monopolizar la asistencia social y abre espacios de legitimidad ciudadana alternativos al Estado. Cuando la Iglesia distribuye ayuda sin mediación gubernamental, actúa como una institución civil autónoma con impacto social visible.
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La Iglesia no es percibida —al menos por una parte significativa de la población— como un actor político partidario, sino como una mediadora social. Esto permite que la ayuda tenga un efecto más genuinamente humanitario y menos instrumentalizado, aunque las autoridades cubanas la hayan calificado como “hipócrita” o insuficiente.
La combinación de crisis energética y apoyo humanitario externo contribuye así a erosionar el monopolio de legitimidad del Estado, al demostrar que otras instituciones pueden atender necesidades básicas sin control gubernamental.
¿Señales de diálogo?
Las últimas noticias también indican que, pese a la escalada de tensiones, existen señales de contactos y cierta disposición al diálogo. El gobierno cubano ha manifestado su apertura a conversar con Estados Unidos, aunque bajo condiciones estrictas de respeto a la soberanía y sin “presiones”. Al mismo tiempo, voces internacionales —incluido el papa León XIV— han insistido en la necesidad de un diálogo “sincero y eficaz” para evitar el sufrimiento del pueblo y escenarios de violencia.
Sobre la base de este diagnóstico, pueden proyectarse tres escenarios posibles.
Primer Escenario: Transición pactada desde arriba (salida negociada)
Este escenario corresponde a una transición negociada, controlada y elitista, con analogías en los casos de Chile (1988–1990) y España (1976–1978).
La dinámica se daría bajo una fuerte presión internacional —sanciones personalizadas, aislamiento financiero y amenaza de judicialización internacional— orientada directamente al núcleo real del poder: Alejandro Castro Espín (hijo de Raul Castro y coordinador del coordinador del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional) y el complejo militar, empresarial y de inteligencia. La oferta implícita sería clara: garantías personales y patrimoniales, una salida ordenada del poder y el levantamiento progresivo de sanciones, a cambio de la liberación de presos políticos, la legalización de partidos y un referéndum vinculante o elecciones supervisadas internacionalmente.
En este contexto, Díaz-Canel quedaría reducido a una figura transicional o sería removido silenciosamente, permaneciendo en Cuba o saliendo al exilio. Alejandro Castro Espín cumpliría un rol clave como arquitecto de la retirada, asegurando la cohesión de los aparatos de seguridad. No se trataría de una democratización por convicción, sino por cálculo de supervivencia.
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Entre las ventajas se encuentran la minimización de la violencia, la posibilidad de una transición institucional y una reinserción internacional relativamente rápida. Entre los riesgos, una democracia tutelada, altos niveles de impunidad y la continuidad de élites económicas del régimen.
La probabilidad de este escenario es media, dada la presión actual de Estados Unidos. Su condición clave es la existencia de garantías creíbles y una presión internacional coordinada.
Rol de la sociedad civil
Para la sociedad civil independiente, las estrategias centrales serían:
- Convertirse en un actor inevitable mediante la unificación de demandas mínimas comunes —libertad de presos políticos, elecciones libres, garantías cívicas— evitando maximalismos ideológicos y hablando en clave de derechos, no de revancha.
- Blindar el proceso con exigencias verificables: cronogramas públicos, etapas claras, observación internacional y garantías legales para la participación ciudadana, rechazando aperturas sin plazos ni mecanismos.
- Internacionalizar la legitimidad a través del accionar de la diáspora —tanto histórica como reciente— como vocera, garante y archivo vivo de memoria y pruebas, incidiendo en la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo y la Santa Sede.
El indicador de éxito de este escenario es claro: que la sociedad civil se siente a la mesa de negociación, y no quede relegada a la sala de espera.
Segundo Escenario: Colapso controlado y transición desde abajo
Este escenario corresponde a una transición por implosión del régimen, con analogías en Europa del Este (1989) o Perú (2000).
La dinámica se desencadenaría por la combinación de presión externa, una crisis económica terminal, la incapacidad del Estado para sostener lealtades y protestas sociales recurrentes y descentralizadas. Alejandro Castro Espín perdería el control efectivo de la cadena de mando, mientras sectores de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior optarían por no reprimir o por negociar con actores emergentes. Estados Unidos endurecería las sanciones personales y ofrecería reconocimiento inmediato a un gobierno provisional civil.
En este escenario, Alejandro Castro Espín dejaría de ser un actor decisivo para convertirse en un factor de bloqueo, probablemente huyendo junto al resto del clan a Rusia u otro país aliado. Díaz-Canel podría correr la misma suerte o ser utilizado como chivo expiatorio.
Ruptura total
Las ventajas serían una ruptura real con el pasado, mayor legitimidad popular del nuevo orden y la posibilidad de reformas profundas desde el inicio. Los riesgos incluyen caos institucional, violencia puntual —especialmente provocada por sectores del régimen que “pateen el tablero”— y vacíos de poder, dado que la oposición ha sido sistemáticamente silenciada, censurada y forzada al exilio durante más de seis décadas.
La probabilidad es media-baja, condicionada a un quiebre en las fuerzas de seguridad.
En este escenario, la sociedad civil debería concentrarse en evitar el caos y capturar legitimidad: construir autoridad moral y organizativa con portavoces claros (no caudillos), comunicar un mensaje único de orden democrático y no de venganza, y desactivar el miedo al “caos postrégimen”. También sería clave la creación de redes de contención social a través de las Iglesias, las familias y la organización comunitaria barrial.
El indicador de éxito sería el paso de la protesta a la participación ciudadana, asegurando gobernabilidad democrática.
Tercer Escenario: Endurecimiento autoritario y transición postergada
En este tercer escenario no habría una transición democrática real, sino un autoritarismo defensivo, con analogías en Nicaragua, Bielorrusia o Irán.
Alejandro Castro Espín optaría por cerrar filas, aumentar la represión y profundizar la dependencia de China, Rusia u otros actores no democráticos, reforzando el discurso nacionalista y antiestadounidense. Dado el contexto de la guerra en Ucrania, es poco probable que Rusia incremente sustancialmente su ayuda.
Díaz-Canel podría mantenerse o ser reemplazado por otra figura civil funcional a un régimen cada vez más militarizado. Alejandro Castro Espín se consolidaría como el hombre fuerte en las sombras. El régimen dejaría de ser totalitario para convertirse en una dictadura militar comunista sostenida casi exclusivamente por la violencia.
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La ventaja sería una mayor visibilización internacional, incluso en el sistema de la ONU, del carácter criminal del régimen. Los riesgos incluyen una radicalización del conflicto, un empobrecimiento extremo, aislamiento internacional total y la posibilidad de una transición futura más violenta.
La probabilidad es media-alta, condicionada a la existencia de un apoyo externo mínimo que sostenga la cohesión represiva.
En este escenario, la sociedad civil debería orientarse a resistir, documentar y persistir: reducir la exposición de quienes permanecen en la isla, priorizar redes pequeñas y descentralizadas, acciones de bajo riesgo y alta resiliencia. La documentación sistemática de violaciones a los derechos humanos —como la realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Archivo Cuba— es fundamental para preparar futuros procesos de justicia transicional.
Un indicador de éxito sería que la sociedad civil no solo sobreviva, sino que comience a ser reconocida masivamente por la ciudadanía.
Presión sobre el poder
La presión de Estados Unidos no garantiza una transición democrática, pero sí fuerza una definición. Alejandro Castro Espín enfrenta el dilema clásico de las élites autoritarias: salir negociando mientras conserva margen, o resistir hasta perderlo todo.
La transición cubana no dependerá únicamente de Washington, pero sin una presión externa focalizada sobre el poder real, difícilmente ocurrirá. La incógnita no es si el régimen cambiará, sino cómo y a qué costo.
Las estrategias transversales pasan por reconstruir una unidad mínima —no unanimidad— en torno a puntos irrenunciables, como ocurrió en iniciativas previas. La sociedad civil deberá encarnar una ética pública distinta, sin reproducir lógicas autoritarias ni cultos personalistas: la democracia comienza antes de llegar al poder.
Los puentes con la Iglesia Católica, la diáspora organizada y los organismos internacionales serán decisivos. La sociedad civil cubana no controla el ritmo del cambio, pero sí puede influir en su forma. En las transiciones, quien llega preparado define el futuro; quien no, lo padece. El error sería esperar el momento perfecto. La tarea es acumular capacidad democrática, incluso bajo autoritarismo.
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