Distintas mediciones internacionales como el Democracy Index, de The Economist Intelligence Unit, o Varieties of Democracy (V-Dem), señalan que en 2025 la región experimentó otro año consecutivo de retrocesos democráticos. El índice sitúa a la mayoría de los países en las categorías de «democracias imperfectas» o «regímenes híbridos». Este fenómeno no es aislado: se enmarca en una crisis global de confianza en las instituciones liberales, y se relaciona con el impacto del ciclo electoral en América Latina.
Los datos del Latinobarómetro señalan que el apoyo a la democracia como sistema preferible de gobierno es apenas del 54% a nivel regional y en gran parte de los países (México, Colombia, El Salvador, Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Ecuador, Honduras y Guatemala) no llega al 50%. Aunque el apoyo a la democracia muestra un repunte, sigue habiendo un porcentaje alto de personas dispuestas a sacrificar la democracia si sus problemas más apremiantes son resueltos (inseguridad, desempleo, inflación).
En este escenario, las elecciones regionales de 2026 no son solo una renovación de cargos, sino una prueba de resistencia para un orden internacional basado en el derecho que parece cada vez más fragilizado.
Costa Rica: desgaste y continuidad
El ciclo electoral en Latinoamérica inició en febrero con las elecciones generales de Costa Rica. Históricamente considerada el baluarte democrático de la región, el país ha dado muestras de latinoamericanización, como la fragmentación del sistema de partidos y la confrontación registrada entre el presidente saliente y el Poder Judicial y el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de esto, la victoria de Laura Fernández (del gobierno de Rodrigo Chaves) reflejó un fenómeno particular: a pesar de la retórica confrontativa de la administración saliente, una parte del electorado premió la estabilidad macroeconómica.
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Sin embargo, el sistema de partidos costarricense, antes un bipartidismo sólido, hoy es un archipiélago de siglas. Aunque el oficialista Partido Soberano del Pueblo alcanzó la mayoría impulsado por la victoria en primera vuelta de Fernández.
Colombia: entre el cambio y la reacción
Entre marzo y junio (en caso de segunda vuelta), Colombia renovará la totalidad del Congreso y elegirá nuevo presidente. Tras el primer gobierno abiertamente de izquierda en su historia moderna, el país llega a las urnas con una sociedad profundamente polarizada entre petristas y antipetristas.
La campaña oficial ofrece la continuidad del modelo de Paz Total y las reformas sociales impulsadas por el presidente, Gustavo Petro. Mientras, la centroderecha capitaliza la inseguridad y el estancamiento económico.
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El panorama presidencial está ampliamente fragmentado, con más de veinte precandidatos. Pero Iván Cepeda (oficialismo) y Abelardo De La Espriella (conservador) concentran cerca del 50% de las preferencias. Sin partidos tradicionales hegemónicos, las coaliciones dominan el espectro político. En las elecciones legislativas del 8 de marzo se celebrará simultáneamente consultas partidarias en la que los ciudadanos podrán participar para definir las candidaturas de cara a las presidenciales.
Los meses previos a la elección han estado caracterizados por conflictos abiertos entre el oficialismo y los organismos electorales (Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil), con el presidente Petro fomentando la narrativa del fraude.
Perú: inestabilidad y reformas institucionales
Tras la reciente destitución del presidente José Jerí y la designación de José María Balcazar, Perú llegó a los ocho presidentes en los últimos nueve años. Esto deja en claro el carácter estructural de la inestabilidad institucional del país. En abril y junio, celebrará elecciones generales bajo un nuevo marco institucional: el retorno a la bicameralidad, con el objetivo de dotar de mayor reflexión al proceso legislativo.
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Perú es el caso de estudio por excelencia de la «democracia sin partidos». Con 36 precandidatos presidenciales (lo que obliga a un debate presidencial de seis días), la fragmentación asegura que quien gane la presidencia lo haga con un mandato débil y un Congreso hostil.
Brasil: polarización y desinformación
Desde hace seis años la política brasileña se mueve como un péndulo entre dos figuras: Luiz Inácio Lula Da Silva y Jair Bolsonaro. El primero influye en la política del país hace años (siete veces candidato presidencial). A sus 80 años, aún lidera las encuestas para ejercer nuevamente la presidencia por el periodo 2027- 2031. Por su parte, Jair Bolsonaro, presidente entre 2019 y 2023, cumple una condena de 27 años tras ser hallado culpable de un intento de golpe de Estado.
Aunque está inhabilitado para ser candidato, Bolsonaro tiene el peso electoral suficiente para designar al candidato que enfrentará a Lula en octubre. Se barajan varios nombres, entre ellos el de su esposa, su hijo (Flavio), o gobernadores como Tarsicio de Freitas (São Paulo).
Campañas de desinformación, que promueven la posibilidad de fraude electoral, afectan la credibilidad en el sistema de votación electrónico de Brasil, uno de los más avanzados y seguros del mundo. La capacidad del Tribunal Superior Electoral para blindar el proceso y generar legitimidad será crucial para evitar episodios de violencia política como los vistos en enero de 2023.
Elecciones subnacionales
Además de las elecciones a nivel nacional anteriormente abordadas, Bolivia, Paraguay y Perú celebrarán elecciones subnacionales.
En marzo será el turno de Bolivia, que afrontará las elecciones de gobernadores y alcaldes con un Tribunal Superior Electoral renovado, y con la interrogante de cómo impactará en los resultados el conflicto entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmond Lara. También, el reordenamiento del Movimiento al Socialismo en las primeras elecciones que afronta como oposición tras haber estado en el poder por 20 años.
Los peruanos acudirán a las urnas por segunda vez en el año (o tercera en caso de segunda vuelta) para elegir 25 gobernadores, 196 alcaldes provinciales y casi 2000 distritales. Las elecciones estarán marcadas en gran medida por los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas.
Finalmente, Paraguay celebrará elecciones internas partidarias en junio para definir las candidaturas que disputarán las municipales en octubre. El calendario electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral ha empezado en febrero con la auditoría del hardware y software de las máquinas de votación.
Patrones regionales
En el análisis político electoral es común sugerir hipótesis de patrones regionales que den luces sobre el comportamiento de los votantes. Durante los últimos años es práctica común analizar los resultados electorales en clave ideológica, identificando a los vencedores según su afiliación a la izquierda o a la derecha. Desde los tiempos de la marea rosa a los del Grupo de Lima, se han buscado generalizaciones que vayan hacia uno u otro lado del espectro ideológico.
Otra perspectiva ha sido la de continuidad versus alternancia, que plantea que los ciudadanos más que votar por una u otra ideología, premian o castigan a los oficialismos de acuerdo a su desempeño. En este sentido, durante 2024 y 2025 vimos continuidades en El Salvador (después de la controvertida eliminación de la restricción a la reelección), República Dominicana, México y Ecuador, mientras que las alternancias se dieron en Uruguay, Panamá, Venezuela (resultados desconocidos por la dictadura), Bolivia, Chile y Honduras.
Sin embargo, los liderazgos de la región muestran un nuevo rasgo: la mayoría pertenece o representa a nuevos partidos políticos que amenazan las organizaciones políticas tradicionales.
En las elecciones de este 2026 confirmaremos esta tendencia que ya empezó con buen pie en Costa Rica, y tiene grandes chances de asentarse con los resultados que se den en Colombia y Perú.
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