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El gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales. Desde 2018 la ciudadanía tiene menos espacios para expresarse.
La publicación analiza a organizaciones sociales, instituciones cívicas y movimientos ciudadanos que forman parte de la democracia boliviana, a través de su interacción con el Estado.
Las dificultades de un gobierno que enfrenta no solo presiones sociales sino las de su propio partido, le toman el pulso al presidente, que intenta mantenerse a flote en medio de pugnas de poder, cada vez más evidentes.
