A pesar de haber llegado al gobierno con un respaldo sólido del 55,1 % en las elecciones de 2020, el presidente de Bolivia, Luis Arce, no ha podido hacer frente a varios cuestionamientos en su primer año de gestión. Protestas, huelgas, confrontación política marcan un desgaste prematuro y alimentan la incertidumbre sobre cómo y quién maneja las riendas del país.
La presión social ha sido una constante en su gobierno. Estas le han obligado a retroceder, en decisiones polémicas que lo pusieron en mira no solo de la oposición sino también de su propio partido. En noviembre, un paro indefinido sostenido por gremiales, empresarios y transportistas le torcieron el brazo a Arce. El objetivo era que la ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, fuera abrogada luego de nueve días de intensas protestas. Sin embargo, el conflicto y el descontento ya se arrastraban desde octubre.
Estrategia del partido del gobierno
El Movimiento Al Socialismo (MAS) quiso disfrazar esta derrota con la consigna de que «el presidente gobierna escuchando al pueblo», y que esto era un acierto para frenar los «pretextos» que afectan a la economía del país. Pero fue evidente el descontento de los sectores que habían sido siempre aliados y ahora daban señales de inconformidad.
Sin embargo, el Gobierno entró nuevamente en una marea de críticas cuando en enero decidió ceder ante la presión de grupos antivacunas y suspender la exigencia del carnet de vacunación, en medio de una cuarta ola que disparó los contagios de covid-19 en todo el país.
Algunos de los sectores que se oponían a la obligatoriedad de este documento, afines al MAS, empezaron a endurecer sus advertencias amparados en argumentos como la desconfianza hacia las vacunas, teorías conspirativas y la defensa de tratamientos naturales para combatir el covid-19. No fue casual que el mismo vicepresidente David Choquehuanca, luego de controversiales declaraciones, tuviera que vacunarse, recién con la primera dosis, en un acto mediático a inicios de año.
Entre errores y enmiendas, ese intento de normalizar los retrocesos muestran a un presidente casi arrinconado a un tutelaje que responde a grupos con influencia directa en el poder. Esos que por casi 14 años han tenido resonancia con Evo Morales.
Poder en disputa
El denominado Pacto de Unidad, conformado por movimientos sociales aliados al MAS como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa», el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), entre otros, plantearon de manera directa cambios urgentes, luego de evaluar las gestiones del gabinete ministerial y señalando la lista de quienes debían ser removidos.
Aunque Arce decidió ratificar la confianza en sus colaboradores directos, el escrutinio al interior del mismo partido evidenció pugnas de poder. Por un lado, el bloque del primer mandatario, que llegó con una promesa de renovación pero aún no consolida su liderazgo y está muy lejos en popularidad. Desde antes quiso dejar claro que él estará al frente del Gobierno, pero la cercanía de Morales es evidente y poco conveniente, considerando el discurso de confrontación que ha logrado permear también en esta administración.
Con el apoyo incondicional de las organizaciones sociales y basado en su trayectoria sindical, Evo Morales mantiene vigente su figura de líder indiscutible y tiene una incidencia innegable en el gobierno. Incluso el exvicepresidente Álvaro García Linera dijo recientemente que «a veces Evo piensa que todavía puede actuar como presidente cuando ya no lo es. A veces el presidente Luis Arce toma ciertas decisiones sin haber acordado o consultado previamente con el líder de las organizaciones sociales».
Línea indigenista
En esta correlación de fuerzas aparece la línea indigenista, representada por el vicepresidente David Choquehuanca, que va construyendo sigilosamente su espacio de poder.
Hay quienes ven al presidente del Senado y dirigente cocalero Andrónico Rodríguez en un cuarto bloque de poder respaldado por los más jóvenes, pero aún muy hermético para mover intereses o débil para entrar en el entramado panorama.
El MAS es fuerte como instrumento político. Más allá de estos desencuentros y, aunque las grietas se profundizan, cuando percibe una amenaza externa hace un esfuerzo de cohesión, favorecido también por una oposición dispersa.
Si bien las organizaciones sociales son determinantes para garantizar la gobernabilidad, lo que se muestra hasta ahora no es precisamente la prioridad por atender las prioridades del país en salud, economía, educación o justicia, sino la proyección electoral para 2025, y se avizora un retorno de Evo Morales como candidato.
La economía
La reactivación económica es una de las apuestas fuertes de Arce, considerado por muchos como el artífice de la bonanza económica durante el gobierno de Morales. Esta reputación pudo ser un factor de influencia para ganar las elecciones. Sin embargo, hoy se ha convertido en una exigencia de capacidad que va más allá de lo técnico.
Con la pandemia en permanente acecho, se hace necesario establecer escenarios de mayor certidumbre y menos confrontación, sobre todo después de la crisis poselectoral de 2019 que sigue marcando al país. A pesar de todo hay optimismo. Según una encuesta en el eje central elaborada por Captura Consulting para el programa Asuntos Centrales: el 46 % considera que este año será mejor, frente a un 34 % que dice que será igual y un 16 % que será peor.
El gobierno de Arce llegó con promesas de mejores días y, aunque todavía le queda tiempo para demostrarlo, las señales no han sido convincentes. Es presidente pero aún no se siente que gobierne para todos, o que pueda garantizar estabilidad más allá de las presiones, inseguridades y pugnas de su entorno.
