Las tensiones cambiarias en la región golpearon más fuerte en la Argentina, lo que llevó al Gobierno a firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. El presidente del Banco Central renunció. Macri cambió dos ministros claves. Todo en pleno debate parlamentario por la despenalización del aborto, que tensó aún más la relación del Gobierno con la Iglesia. Barajar y dar de nuevo antes de un año electoral.

Presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa | Foto: Presidencia de la Nación argentina

En tiempos de turbulencias económicas en la Argentina, el presidente de Mauricio Macri se concentró en cerrar un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por un total de 50.000 millones de dólares para oxigenar las tensiones cambiarias. Al mismo tiempo, hizo cambios estratégicos en su gabinete con el objetivo de oxigenar las pujas políticas. Todo este proceso se produjo en paralelo a un profundo debate sobre un proyecto de ley que prevé despenalizar el aborto y que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. El próximo 8 de agosto lo debatirán los senadores y, desde ya, se proyectan multitudinarias marchas a favor y en contra, tal como ocurrió en la discusión anterior en la Cámara Baja.

La economía corre por otro carril e impone otras urgencias al presidente. Junto con las modificaciones de gabinete se anunció un nuevo organigrama de las áreas económicas. Justamente uno de los reclamos que se le hacían al jefe de Estado argentino era que no había suficiente coordinación entre los diferentes ministerios vinculados con el quehacer económico. Ahora, Macri designó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como coordinador económico, en un gesto de fuerte respaldo hacia ese funcionario, quien absorbió además la cartera de Finanzas.

El otro gran cambio fue la renuncia del titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien admitió que su gestión había perdido credibilidad. El nuevo titular de la autoridad monetaria es Luis Caputo, anterior timonel de Finanzas, el hombre que le había advertido públicamente al presidente sobre un clima más adverso en el ámbito internacional para seguir consiguiendo financiamiento externo con condiciones favorables. Caputo al asumir anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la carta orgánica del Banco Central, para brindarle más autarquía a la autoridad monetaria y cerrar el grifo de la emisión monetaria, una tentación para todos los gobiernos en la Argentina y de la que abusó la administración de los Kirchner.

En el equipo ministerial también hay modificaciones en la conducción de dos órganos claves: Energía y Producción. Por un lado, Juan José Aranguren fue reemplazado en Energía por Javier Iguacel. Esta, sin duda, es un área clave y sensible para los cambios que realizó el gobierno de Cambiemos y los que aún deberá ejecutar en materia de tarifas. Ese sector administra la eliminación de subsidios energéticos, una pesadísima herencia de la gestión anterior que terminó en subas de costos abultadas en luz y gas para los consumidores. El cronograma de subas tarifarias ideada por Aranguren tras la realización de audiencias públicas generó resistencias en la oposición pero también dentro de la coalición Cambiemos. Por ejemplo, la mismísima aliada principal de Macri, Elisa Lilita Carrió había solicitado una reprogramación de los aumentos 2018 debido a la suba inesperada que tuvo la inflación a partir de mayo pasado. Por su parte, la oposición —con el apoyo de las bancadas kirchneristas— logró votar en el Congreso una ley para dar marcha atrás a todos los aumentos tarifarios. Fue mientras se cerraba el acuerdo con el FMI que implica justamente recortes de gastos y subsidios. El presidente Macri optó por vetarla.

El ingreso de Iguacel al Gabinete ahora distiende solo en parte estas tensiones porque, en realidad, el flamante ministro deberá continuar eliminando subsidios y subiendo tarifas y combustibles. Una tarea poco sencilla porque de ese nuevo cuadro tarifario dependerá en gran parte el éxito o fracaso del achicamiento del déficit fiscal en 1,3 % del PBI, como se comprometió ante el FMI.

Por último, dentro del Ministerio de la Producción se reemplazó a Francisco Cabrera por el economista Dante Sica, exfuncionario del expresidente Eduardo Duhalde y ex consultor privado muy vinculado con las vicisitudes de las pequeñas y medianas empresas y de la problemática con Brasil, el principal socio comercial argentino. Al flamante ministro le tocará administrar épocas duras porque los indicadores económicos, que habían comenzado a mostrar mejoras a principios de este año, ahora se derrumbaron; como el caso de la construcción que, de acuerdo con los números oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cayó por primera vez en 15 meses, o las pymes que, de acuerdo con el Observatorio Pyme, denunciaron que tienen rota su cadena de pagos en un 68 %.

De todos modos, en el Gabinete sostienen que la mala racha se revertirá hacia fines de este año de la mano del campo y el sector agrícola, que promete una cosecha récord para el año próximo. Así, desde la perspectiva oficial prevén que en el 2019 la economía y el empleo volverán a crecer. Es el diagnóstico que comparten los funcionarios del Gobierno pero que no consigue eco en la oposición. Las distintas franjas del peronismo deberán acompañar el presupuesto 2019 que el gobierno presentará a mediados de septiembre en el Congreso y que prevé los ajustes necesarios para alcanzar las metas de déficit fiscal comprometidas a cambio de los futuros desembolsos del FMI, justo para el año en que habrá elecciones presidenciales.