En los países de América Latina y el Caribe (ALC), con dependencia histórica de los combustibles fósiles, el sector energético ha sido central en las agendas de formulación de políticas.
Hoy en día, la región sigue siendo un importante consumidor, productor y exportador de combustibles fósiles. Sin embargo, la descarbonización de la economía en estos países está avanzando. Algunos de ellos están experimentando esta transición debido a su capacidad de energía renovable (hidroeléctrica, eólica y solar).
En ALC, los cinco emisores de gases de efecto invernadero (GEI) más grandes son: 1) Brasil, con 1,823 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo); 2) México: 748 Mtep; 3) Argentina: 405 Mtep; 4) Venezuela con 396 Mtep; y 5) Colombia con 200 Mtep.
En el contexto regional, Brasil es el mayor productor de petróleo y se ubica como el tercero global en generación hidroeléctrica. El país consume el 47 % de petróleo en su mezcla energética; la segunda fuente de energía es la hidroeléctrica (29%), mientras que el carbón y el gas natural están disminuyendo. Brasil pretende reducir al menos el 40% de sus emisiones de GEI para 2030. Para lograr esos objetivos, ha aumentado un 52% su capacidad instalada de energía renovable (excepto energía hidroeléctrica), y 48% su capacidad de energía hidroeléctrica.
México tiene vastas reservas de petróleo y gas. Sin embargo, debido a que históricamente contaba con una industria energética monopolizada y obsoleta, importaba casi la misma cantidad de petróleo que sus exportaciones. Desde la reforma de 2013, las energías renovables han tenido la oportunidad de desarrollarse para alcanzar las metas de energía renovable (35% para 2024). Argentina, hasta el 2011, se desempeñó como un importante productor de combustibles fósiles. Los gobiernos de Kirchner y Fernández modificaron la industria energética y el país se convirtió en un importante importador de energía. Hoy en día, Argentina depende del petróleo y el gas (casi el 87 %) pero el país apunta a reducir su dependencia de los combustibles fósiles para alcanzar sus objetivos de energía renovable (20 % para 2025).
Los países de ALC tienen el desafío de implementar políticas públicas que discutan fundamentalmente la relación entre el crecimiento económico, el consumo de energía y las emisiones de CO2, sin socavar el desarrollo. Para abordar el problema, las políticas públicas destinadas a aumentar la eficiencia energética y a promover tecnologías limpias deberían ser congruentes con el crecimiento económico de la región. La viabilidad de estas medidas debe ser contextualizada para cada país.
El mercado de fuentes de energía limpia en los países de ALC está creciendo. Los gobiernos están implementando diferentes tipos de medidas para alentar las inversiones verdes. Las subastas de energía renovable son un instrumento financiero cada vez más popular para los gobiernos con el fin de obtener electricidad renovable a un costo competitivo y de acuerdo con sus características geográficas y geopolíticas. Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica han completado rondas de subastas exitosas. Brasil, Chile y México ofrecen las condiciones de mercado más favorables para la energía solar. Por otro lado, Argentina y Colombia muestran grandes condiciones para el mercado de la energía eólica.
2018 fue un año crucial para la energía en los países de ALC, ya que los principales productores de petróleo de la región celebraron elecciones presidenciales y ello podría representar cambios en la política energética. En Brasil y México, países que están llevando a cabo reformas energéticas orientadas al mercado aumentando promesas de inversión, sus nuevos gobiernos presentan tendencias contrarias a las reformas, basándose en un nacionalismo petrolero que se opone a políticas favorables para los inversores.
Los compromisos climáticos en el Acuerdo de París y las INDC (contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional) de reducción de las emisiones GEI para 2030 son ambiciosas: Brasil 37 %; Chile 30 %; México y Costa Rica 25 %; Colombia, Ecuador y Perú 20 % (2025-2030), y han contribuido a impulsar políticas públicas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y favorecer la descarbonización de las respectivas economías.
Las principales medidas para América Latina y el Caribe pasan por el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la implementación de mejores prácticas. Sin embargo, el incumplimiento de los compromisos, la falta de regulaciones ambientales y la incertidumbre política se han convertido en una barrera para el despegue de la energía renovable en la región, y han desincentivado la iniciativa privada y las inversiones en el sector.
