El Congreso aprueba un presupuesto que nadie quiere

Después de una sesión nocturna de once horas, en la madrugada del 18 de noviembre, una semana y media antes de la fecha prescrita pero sin discutir los planes individuales, el Congreso aprobó el mayor presupuesto de la historia y el que, hasta la fecha, implica el mayor endeudamiento en la historia de Guatemala. La creación y composición del documento es objeto de duras críticas de la ciudadanía en general, del vicepresidente Guillermo Castillo e incluso de instituciones estatales. El presidente Alejandro Giammattei, que había pedido la adopción urgente, quedó abandonado a su suerte.

Con 99.699 millones de quetzales (el equivalente a unos 10.500 millones de euros), el presupuesto guatemalteco para el año 2021 se mantiene justo por debajo de la cifra simbólica de los 100.000 millones. Nunca hubo en el país un presupuesto estatal mayor, a pesar de que este año, debido a la pandemia, el gasto público de 107.750 millones de quetzales claramente superó este límite. El déficit nunca fue mayor. Un tercio del gasto previsto debe financiarse mediante nueva deuda; incluso en el año de crisis 2020, la proporción de nueva deuda fue menor.

Al día siguiente de la decisión parlamentaria, el diario El Periódico publicó una reproducción a página completa de la famosa foto de Edvard Munch El Grito, mientras que el diario Prensa Libre, de mayor circulación, enumera los «Siete pecados del presupuesto 2021» sobre fondo negro: nepotismo, opacidad, privilegio, secretismo, riesgo fiscal, baja financiación y falta de desarrollo social. Los medios reflejan la crítica sin reservas del público al presupuesto y la forma en que se produjo.

Controversia entre el presidente y su vice: Castillo se planta frente a Giammattei

Incluso el vicepresidente Guillermo Castillo hizo un llamado al presidente a vetar el presupuesto y devolver la ley al Congreso. Lo mismo piden los gremios patronales, la estatal Universidad de San Carlos, la Conferencia Episcopal e incluso el Organismo Judicial. El presidente Giammattei está atrapado en el círculo de sus asesores más cercanos. Durante semanas, él mismo había presionado al Congreso a aprobar como ley de emergencia el presupuesto presentado por su ministro de Finanzas. Esto significa un trámite acelerado, sin realizar tres lecturas y con una mayoría de dos tercios, para que la economía devastada por la pandemia pueda reactivarse nuevamente. El Parlamento finalmente le hizo el favor, pero nadie quiere aceptar el presupuesto.

El viernes 20 de noviembre, a las 16.30 de la tarde, el presidente declaró en conferencia de prensa que no podía y no iba a ejercer el veto a la ley de presupuesto. Como justificación, señaló que sin la ley se seguiría aplicando el presupuesto vigente en 2020, muy superior al nuevo, que, según él, es equilibrado y fruto de numerosas discusiones con representantes del sector empresarial y de la sociedad. Si bien el primer punto no es incorrecto, es engañoso. En primer lugar, un presupuesto existente puede ser complementado o modificado en cualquier momento por una nueva ley y, en segundo lugar, con un veto rápido hasta el 30 de noviembre, habría suficiente tiempo para cambiar el proyecto de ley para el año próximo. Las numerosas objeciones al plan presupuestario de todos los sectores de la economía y la sociedad muestran claramente que el segundo punto es meramente producto de la imaginación del presidente, quien claramente no logró el apoyo de la sociedad guatemalteca y sus organizaciones en la planificación presupuestaria.

Dos horas después de la rueda de prensa del presidente, el vicepresidente Castillo también emitió un comunicado a los medios. En él afirmó, en forma completamente sorprendente, que, dado que el presidente no estaba dispuesto a vetar la ley, como él mismo y otros le pedían, le había sugerido que ambos presentaran conjuntamente renuncia a sus cargos. Una renuncia unilateral de su parte quedó descartada. Sin embargo, no se espera que el presidente Giammattei acceda a la propuesta. Lograr la presidencia le constó cuatro intentos y sencillamente no estará dispuesto a renunciar después de menos de un año.

Mientras tanto, se presentaron ocho amparos contra la ley de presupuesto ante la Corte de Constitucionalidad. Un de estos amparos proviene de un grupo reducido de representantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que con 52 miembros es por lejos la bancada más grande del Congreso. Sin embargo, la mayor parte de dicha bancada levantó la mano a favor del presupuesto, al igual que los diputados de otros doce del total de 19 grupos parlamentarios, aunque solo cuatro de las bancadas acordaron su voto. La pertenencia a un partido y su representación parlamentaria no significa mucho para la gran mayoría de los diputados, siempre que se les ofrezcan incentivos (financieros) por su voto.

Falta de transparencia, prioridades equivocadas, financiación frágil

Las críticas al presidente, al Congreso y al presupuesto provienen de tres direcciones diferentes. Las asociaciones de empleadores y otros expertos económicos critican el fuerte endeudamiento, la alta proporción de gastos de personal (63 %) y la falta de inversión (20 %). La Conferencia Episcopal, el Defensor del Pueblo y otros abogados de la población pobre (alrededor de dos tercios de los habitantes de Guatemala) se quejan de que de los escasos recursos previstos para inversión la mayor parte se destine a la construcción de carreteras y la seguridad nacional en lugar de educación, salud y la lucha contra la desnutrición. Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil objetan la falta de discusión pública del presupuesto y su adopción en una acción sorpresiva.

El presidente Giammattei se había embanderado sobre todo con la lucha contra la desnutrición, pero durante las negociaciones presupuestarias aceptó que los fondos especiales para la denominada Gran Campaña por la Nutrición, por 200 millones de quetzales, fueran cancelados por el Parlamento. En cambio, los diputados se autorizaron el dinero para comprar un nuevo edificio de oficinas. Recién en el último minuto el Congreso decidió una enmienda, mediante la cual el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social se aumentaba en exactamente 200 millones de quetzales. Sin embargo, este ministerio es constantemente criticado porque gasta el presupuesto asignado anualmente de forma particularmente lenta e incompleta.

Un particular rechazo provocó la adjudicación de 3.400 millones de quetzales a los llamados Consejos Departamentales de Desarrollo. Esto se debe, sobre todo, al hecho de que 1.350 millones no están asignados a proyectos específicos y, por tanto, es previsible que el dinero desaparezca por algún canal oscuro. Por esta razón, casi todos los comentaristas consideran estos fondos como sobornos para persuadir a los parlamentarios de los distritos particularmente beneficiados para que aprueben la Ley de Presupuesto. El hecho de que algunos alcaldes, que también ocupan una banca en el Congreso, defiendan por tanto el presupuesto, solo aumenta la desconfianza y las críticas.

Protestas a lo largo de todo el país

El sábado 21 de noviembre, varios miles de personas se reunieron en una manifestación contra el presupuesto en la plaza principal de la Ciudad de Guatemala, frente al Palacio de la Cultura y la Catedral. También hubo manifestaciones en las capitales departamentales de Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Quetzaltenango y Huehuetenango. Todo transcurrió en paz. Solo en la Ciudad de Guatemala, a 600 metros de la Plaza de la Constitución, en un ala de oficinas del Parlamento, hubo violentos enfrentamientos de enmascarados que prendieron fuego al edificio. Presuntamente se trató de estudiantes de la Universidad de San Carlos, la única de estatal del país. A observadores les llamó la atención que justo ese día la entrada al Parlamento estuviera prácticamente sin vigilancia después de que el edificio había estado acordonado durante toda la semana. También hay imágenes publicadas por medios locales en las redes sociales que sugieren que agitadores del servicio secreto se mezclaron con los estudiantes para incitarlos a cometer disturbios. El objetivo aparentemente era desacreditar las manifestaciones en su conjunto.

Por lo demás, la policía se mostró mayormente mesurada. Sin embargo, poco antes del anochecer, miembros de una unidad especial que probablemente perseguían a un grupo de alborotadores dispararon cartuchos de gas lacrimógeno desde una esquina de la plaza principal, la mayoría de los cuales solo explotaron en el medio de la plaza e hirieron a algunos manifestantes pacíficos. En total, los hospitales informaron que tuvieron que atender a más de 20 personas, la mayoría de ellas debido a daños en los ojos causados por el gas lacrimógeno. Como resultado de estos hechos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el grupo de 13 países donantes de Guatemala, actualmente presidido por Alemania, pidieron al Gobierno que proteja el derecho a la libertad de expresión. El presidente Giammattei, en cambio, pidió a la OEA que investigue los violentos disturbios en el edificio del Parlamento sin mencionar las acciones de la policía.

¿Como seguirá todo esto?

Dos horas antes del inicio de las manifestaciones, el presidente Giammattei había anunciado su intención de mantener conversaciones sobre posibles reformas a la ley de presupuesto con representantes del empresariado, de la sociedad civil y de centros de pensamiento (think tanks) entre los cuales se encuentra ASIES, socio habitual de la KAS. De esta forma quiere abrir un camino para salir de una situación estancada sin perder la cara. Si hace promulgar la ley sin realizar cambios, tendrá prácticamente a todos en su contra. Si el presidente interpone su veto, se desautoriza a sí mismo. Es incierto que haya una salida a la situación dada la profundidad de las reformas exigidas por los interlocutores con los que entabló contacto.

Así fue que ASIES, uno de los centros de pensamiento más prestigiosos de país criticó públicamente no solamente la elaboración del presupuesto, sino ante todo la asignación de recursos, mencionada más arriba, a los Consejos Departamentales de Desarrollo y la falta de priorización de los deberes más importantes para cualquier gobierno de Guatemala: enseñanza, salud y combate a la pobreza.

Giammattei instruyó a su ministro de Finanzas para que invite a los think tanks a conversar esta semana. Mientras tanto, en la noche del domingo al lunes, la presidencia del Congreso decidió ni siquiera remitir al presidente la Ley de Presupuesto para su firma. Esto significa que no puede entrar en vigor, y el presupuesto de 2020 seguirá estando vigente por el momento.

Publicado el 23 de noviembre de 2020 en la página web de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Guatemala y Honduras.

Traducción: Manfred Steffen