La historia política moderna conoce bien las dictaduras clásicas: el caudillo, el partido único, la ideología totalitaria, la represión visible. Conoce también las ocupaciones: la bota extranjera, el gobierno impuesto, la administración directa. Pero hay una figura más ambigua, más corrosiva y, por ello mismo, más peligrosa para el porvenir de los pueblos: el autoritarismo o la dictadura tutelada. Y en Venezuela hoy se asoma esa figura histórica.
No se trata de una dictadura en sentido tradicional, ni de una transición democrática propiamente dicha. Se trata de una forma intermedia de dominación, en la que el poder no se ejerce plenamente desde dentro ni se impone formalmente desde fuera, sino que se ejerce a control remoto bajo la disuasión que causa la fuerza. El tutelaje suspende la soberanía sin abolirla, congela la voluntad popular sin negarla explícitamente y posterga el futuro bajo el lenguaje de la prudencia, el orden y la prosperidad económica; o, lo que es más claro (o cínico), detrás del argumento de la ineptitud cívica de la nación. En ese proceso, la Constitución deja de operar como norma de regeneración del poder ciudadano y se convierte en letra muerta, formal y sin capacidad regeneradora de la justicia y de la libertad.
¿Quién gobierna y desde dónde?
La extracción de Nicolás Maduro, combinada con la permanencia de Delcy Rodríguez como figura de continuidad del antiguo régimen autocrático y con la voracidad petrolera de una lógica trumpiana abiertamente transaccional, no inaugura una liberación democrática real. Por lo menos no hasta ahora. Inaugura, más bien, una zona de indeterminación histórica. El régimen cae, pero el tiempo no avanza. El dictador se va, pero la historia no retoma su curso de justicia, ni el orden constitucional recupera su función esencial de devolver el poder a los ciudadanos.
Desde la filosofía de la historia, el problema no es únicamente quién gobierna, sino desde dónde se gobierna el tiempo. Las naciones no existen solo como estructuras institucionales o territorios soberanos; existen como comunidades que se reconocen a sí mismas en un discurso fundacional compartido, en una continuidad moral que enlaza pasado, presente y porvenir. Cuando esa narración es interrumpida y sustituida por una racionalidad externa —geopolítica o populista— lo que emerge no es una transición democrática, sino una distorsión histórica, en la que la legalidad subsiste, pero la legitimidad queda en suspenso.
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Delcy Rodríguez encarna esa distorsión en Venezuela. No es una figura carismática ni la jefa de un proyecto político: es una albacea del remanente del chavismo, una funcionaria del después. Su papel, en la lógica del tutelaje, no es refundar ni cerrar un ciclo, sino garantizar que nada esencial cambie mientras todo parece cambiar. Su continuidad representa la transformación del régimen en uno supuestamente menos épico, menos brutal, pero quizás más insidioso: preserva el control político sin restituir el principio constitucional de soberanía popular.
El tutor
Toda dictadura tutelada necesita, sin embargo, un tutor. Y aquí aparece la segunda dimensión del problema: la reducción de Venezuela a objeto estratégico, a activo energético disponible para una negociación de intereses —foráneos o locales— sin horizonte moral. En esa mirada, el país no es una comunidad política devastada que debe reconstruirse, sino un “problema de gestión” y una oportunidad de extracción de riqueza. El petróleo deja de ser un recurso nacional sujeto a deliberación democrática y se convierte en la moneda de cambio que justifica la postergación de la soberanía popular.
La historia ofrece antecedentes inquietantes. Existieron protectorados, transiciones administradas, regímenes interinos con resultados mixtos. Uno tuvo un final feliz, como Japón, con una transición tutelada extraordinariamente exitosa. Los otros son: Afganistán (2001–2021), Irak (2003–2011) e incluso Puerto Rico (desde 1898), este último sin ocupación militar hasta la actualidad, pero sí soberanía limitada. En estos últimos casos el daño no fue solo institucional, sino antropológico. Los pueblos aprendieron a no decidir. A esperar. A delegar su destino. El tutelaje produce orden sin ciudadanía, estabilidad sin responsabilidad, normalidad sin autogobierno efectivo.
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En Venezuela, el riesgo es aún mayor porque la nación llega a este umbral ya profundamente erosionada. El chavismo no solo destruyó instituciones; deformó la venezolanidad, sustituyendo la cultura del autogobierno por la dependencia, la pérdida de responsabilidad y la resignación. Una dictadura tutelada no corrige esa deformación: la normaliza bajo un nuevo lenguaje. Donde antes se hablaba de revolución, ahora se hablará de orden. Donde antes se invocaba al pueblo, ahora se invocará al mercado. Pero la negación del principio constitucional de decisión colectiva permanece intacta.
La reconstrucción moral de la república
Por eso este problema descrito no es táctico ni coyuntural. Es un problema histórico en sentido pleno. Una nación no se recupera cuando cambia de administrador, sino cuando recupera la capacidad de decidir sobre sí misma. Sin elecciones libres, sin un horizonte constitucional claro, sin un plazo estricto y vinculante que reactive el mandato constitucional de elegir, el tutelaje se convierte en una forma sofisticada de dominación: más aceptable, más silenciosa, pero igual de deshumanizante.
Las zonas grises no absuelven a la historia. La historia no las recuerda como prudencia, sino como oportunidades perdidas. La pregunta que se abre ante Venezuela no es si el tutelaje es preferible a la dictadura, sino si es compatible con la reconstrucción moral de la república. Todo indica que, hasta donde hemos visto, no.
Una supuesta transición que no devuelve el tiempo a los ciudadanos, que no restituye la decisión y que no permite elegir, es una transición que congela la historia. Y un país sin historia propia —aunque exporte petróleo y mantenga el orden— es un país que ha renunciado a su porvenir. Ese es el verdadero peligro de la dictadura del tutelaje: no que gobierne demasiado, sino que nos acostumbre a no gobernarnos nunca más.
* Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la posición institucional de Diálogo Político ni de la Fundación Konrad Adenauer.
