A un año del inicio de la segunda administración de Donald Trump, la relación entre Estados Unidos y América Latina giró hacia una política de poder más directa, bilateral y abiertamente orientada por criterios de seguridad y competencia geopolítica.
Este nuevo mandato ha redefinido los márgenes de autonomía de la región y afirmó el regreso de la superpotencia hemisférica. La política latinoamericana comenzó a ser más relevante para Washington aunque no en una relación de iguales, sino entre un hegemón que impone las condiciones y unos países que las asumen o se someten a la máxima presión.
En su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, 2025) la Casa Blanca subrayó que América Latina vuelve a ocupar un lugar central en su política exterior como escenario estratégico. La región se convirtió en un frente activo de la competencia entre grandes potencias, con China como telón de fondo. Un hecho que potenció este reordenamiento es el triunfo de la derecha en las elecciones de 2025, excepto en Suriname.
Algunos países que antes de enero estaban muy lejos de Washington ahora son sus principales defensores, como Argentina y El Salvador. Otros se hicieron aliados: Paraguay, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Ecuador. Y otros intentan acomodarse a la nueva realidad, como México, Brasil, Chile y Guatemala. Con la implementación de aranceles, negociaciones bilaterales, la salida de organismos multilaterales y un nuevo acento en la importancia de la seguridad y defensa, el presidente estadounidense instauró nuevas normas globales.
Aranceles y proteccionismo
Donald Trump inició su segundo mandato con aranceles unilaterales al resto del mundo, un instrumento de presión política más que una herramienta estrictamente comercial.
En el caso de América Latina, casi toda la región recibió 10% de incremento de aranceles. Las excepciones fueron Guyana (38%), Nicaragua (18%) y Venezuela (15%). México se exceptuó de este listado general dado que el país ya estaba sujeto a un arancel general del 25% para productos fuera del Tratado de Libre Comercio con Canadá y EEUU.
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La política arancelaria de Trump acentuó las diferencias entre los países latinoamericanos, premiando a los aliados estratégicos y amenazando a quienes mantienen posiciones más autónomas o vínculos estrechos con actores extra hemisféricos.
El regreso de la Doctrina Monroe
La administración Trump dejó claro que América Latina es zona de interés vital para la seguridad nacional de Estados Unidos y su alineamiento estratégico no es negociable.
La nueva política exterior es más unilateral y transaccional, donde la cooperación se ofrece como incentivo condicionado y la presión —económica, diplomática o incluso militar— reaparece como herramienta legítima.
Así, la amenaza sobre tomar el control del Canal de Panamá que derivó en un acuerdo entre ambos gobiernos; o las tensiones diplomáticas con Brasil tras el choque por aranceles que terminaron en mayor contacto y cercanía entre Trump y Lula, fueron dos ítems que ejemplifican bien la nueva relación de poder.
Un hito nítido de la influencia político-económica estadounidense en 2025 fue el rescate a la economía argentina con 20 mil millones de dólares, pactado con el presidente argentino Javier Milei previo a la elección legislativa de ese país. Otro, el apoyo explícito del presidente Trump al candidato presidencial de Honduras, Nasri Asfura.
Sin embargo, ha sido el caso de Venezuela el hito de mayor fuerza en Latinoamérica. Primero con el despliegue naval estadounidense sin precedentes en las costas del Caribe en frente de Venezuela y Colombia y las operaciones en el Pacífico cerca de Ecuador. Y luego con la acción militar directa para extraer a Nicolás Maduro y la intervención del gobierno Trump como tutor del negocio petrolero con la promesa de un cambio de régimen. Esto ha ocasionado un quiebre en los límites tradicionales de la intervención hemisférica y envía una señal al resto de la región sobre el carácter de los nuevos tiempos.
Récord de deportaciones
El día de su investidura, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, Protecting the American People Against Invasion, para declarar la llegada irregular de migrantes como una “invasión” y fijar las deportaciones como objetivo de seguridad nacional.
Este es uno de los puntos clave en la agenda interna estadounidense (con impacto en la política exterior). La administración republicana rompió el récord de ciudadanos deportados en 2025. Entre el 20 de enero y el 10 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó 605 mil deportaciones. La política de deportación ha estado caracterizada por la agresividad de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener inmigrantes ilegales, las movilizaciones ciudadanas contra el accionar del Estado y el control de las protestas a través del despliegue de tropas militares bajo órdenes federales en algunos estados de la unión.
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El crecimiento histórico de las detenciones y deportaciones migratorias tuvo su correlato en América Latina. Por un lado, el acuerdo con El Salvador para albergar inmigrantes y criminales deportados en el controvertido Centro del Confinamiento del Terrorismo, y por el otro las tensiones con los principales países receptores, entre ellos Venezuela y Colombia. De acuerdo con un informe de American Immigration Council, el número de personas detenidas por la Agencia Federal de Inmigración (ICE) aumentó casi un 75% en menos de un año, alcanzando los niveles más altos de detención migratoria en la historia del país.
Un balance incómodo para la región
A un año del inicio del segundo mandato de Trump, el balance para América Latina es desafiante. Por un lado, la región volvió a ocupar un lugar prioritario en la agenda estadounidense. Por el otro, esa prioridad se enmarca en una lógica de control, presión y alineamiento, por encima del fortalecimiento institucional, el desarrollo económico o la integración regional. Todavía es pronto para ver el efecto económico de la reconfiguración arancelaria y los nuevos enroques con países aliados, sin embargo, lo que sí está claro es que esta nueva administración republicana no perderá de vista los movimientos internacionales de sus vecinos.
El regreso de gobiernos de derecha en varios países latinoamericanos y la expectativa ante el posible fin del gobierno chavista en Venezuela es una oportunidad que Washington se ha planteado como oportunidad para afirmar su poder y asegurar su perímetro de influencia en oposición a China. En este contexto, queda una pregunta difícil de responder: ¿la revalorización estratégica se traducirá en una pérdida sostenida de autonomía?
