¿Es realmente un espacio público Internet?

La plaza del Medioevo fue quizás el lugar que más potenció lo que hoy denominamos «espacio público». En ella se sucedía una vida intensa y permanente. El mercado y la fuente eran sin duda el epicentro de la comunicación humana. Era un lugar integrador de la comunidad y ejercía además una tarea protagónica entre los ámbitos de la centralidad ciudadana. En la actualidad la plaza ha perdido el mercado, fue disminuyendo su sentido identitario y su ajardinamiento las hace un lugar de paseo y recreación más que de encuentro comunitario.

Las plazas aptas para reuniones públicas necesitan de un piso seco, como lo es el Zócalo en el DF de México. La cultura liberal impuso el espacio verde y con ello se perdió en gran parte el ámbito de libre apropiación que era usado para la vida colectiva.

Pero hoy, ya adentrado el siglo XXI, ese espacio de participación ciudadana, ese lugar de la expresión pública de la afinidad común, donde el ser humano busca los vínculos compartidos y la diferenciación, ha sido desplazado. Parecería que ese lugar hoy lo ocupan las redes sociales, un espacio virtual pero a su vez real.

Este desplazamiento a los medios digitales de participación, en paralelo y en contacto con las antiguas formas, ¿es una oportunidad para la ciudadanía, en términos de activismo y deliberación sobre los asuntos públicos? La respuesta es sí.

No es ninguna novedad hablar de Internet como un espacio público. De hecho, una de las primeras metáforas utilizadas para explicar internet fue la del ágora o plaza pública.

Esta nueva forma de recrear un espacio público a partir de una herramienta tecnológica obligan a la política y a la gente replantearse si realmente ese espacio es público o privado. Las plataformas digitales son ofrecidas desde empresas del sector privado y el servicio aparece como público.

No se puede dejar de lado que esas empresas almacenan datos y poseen información confidencial de millones de usuarios. Esto se traduce en una inmensa influencia, suficiente para torcerle el brazo a un Estado nación. Basta ver al joven Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, negociando de igual a igual con los presidentes Peña Nieto o Dilma Rousseff, como si fuese un mandatario más, o recordar cómo la empresa Google se llevó su base de datos cuando Brasil impulsó una ley sobre privacidad. No hay duda del poder de estas empresas.

Otro dato para tener en cuenta es lo que invierten en lobby estas empresas. Google destinó 16,8 millones de dólares en 2014 para tratar de influir en los reguladores y legisladores de los Estados Unidos. En ese período Facebook destinó con ese mismo fin un 45 % más que el año anterior, hasta 9,3 millones de dólares, y lleva gastados 2,4 millones en los primeros meses de 2015. Amazon lo elevó un 37 %, a 4,7 millones, mientras que Apple lo hizo un 22 %, a 4,1 millones.[1]

Estas «inversiones» dejan en claro qué empresas son las que llevan la voz cantante en la industria tecnológica de Estados Unidos y en el mundo.

La gran pregunta es si podemos seguir afirmando que las redes sociales son un espacio público. Son un lugar de encuentro e intercambio y, en condiciones ideales, un ámbito de diálogo social. Pero todo espacio digital tiene un dueño que decide, desde el momento de su construcción, cómo usarlo, y tiene el poder de desactivarlo en cualquier momento. La privacidad y la autonomía son esenciales en la red para evitar el control sobre sus usuarios.

Manuel Castells estima que en una red distribuida de máquinas «solo la difusión de la capacidad de encriptación y de autoprotección en los sistemas individuales podría aumentar la seguridad del sistema en su conjunto […] Pero eso equivale a poner en manos de los usuarios el poder de encriptación y autoprotección informática. Algo que rechazan las empresas».[2] ¿Podrá ser posible tecnológicamente una red segura y anónima, sin dejar nuestra seguridad en manos de terceros? ¿O nos conformaremos como hasta hoy, con un ficticio espacio público?