La aparición en Uruguay por primera vez de un brote del virus del dengue autóctono causado por la transmisión del mosquito Aedes Aegypti plantea como interrogante si estamos prontos para afrontar nuevos riesgos que puedan afectar la seguridad de nuestro país.
![Las infraestructuras vitales y estratégicas para el país deben ser protegidas. Foto: Rjcastillo [CC BY-SA 3.0], vía Wikimedia Commons](http://dialogopolitico.org/wp-content/uploads/2016/03/8910203.jpg)
Algunos acontecimientos naturales recientes hacen pensar en situaciones críticas que parecen pasar inadvertidas para las noticias. Las crecidas de los ríos suponen la evacuación de personas que viven en los lugares inundados hacia otros puntos de las ciudades afectadas, hacia donde esas personas no quieren ir, por temor a los robos en sus casas desalojadas. Con las intensas lluvias pueden aparecer riesgos sanitarios y transformarse en epidemias, debido a la basura doméstica, el desborde de alcantarillas y la presencia de animales y sus desechos.
Fuertes vientos nos dejan sin servicio de energía eléctrica. Escasea el agua potable al romperse líneas de bombeo. Caminos rurales usados para transporte de cargas pesadas como maderas y granos, destruidos por las lluvias, provocan un colapso vial.
Pero no solo los desastres naturales desafían la seguridad. Existen otras posibles amenazas, de terceros con voluntad de incidir y de pretender imponerse, que pueden afectar a un país o a una región. Pensemos en acciones que pongan en peligro funciones básicas para nuestra sociedad. Un ataque cibernético puede hackear el sistema informático y afectar, por ejemplo, a redes bancarias y a la economía del país. Pensemos en los atentados terroristas y en el crimen organizado transnacional. Se trata de riesgos en sectores que si por algún motivo cesaran de funcionar, acarrearían perjuicios para el país y su población. Se trata de estructuras estratégicas denominadas críticas porque requieren por su importancia ser protegidas, como el suministro de energía y de agua, la salud, el transporte, el sistema informático y el financiero.
La política de defensa nacional aprobada en 2014 señala las amenazas que pueden alterar la paz y el bienestar social de las personas: el deterioro del medioambiente, la aparición de pandemias, el crimen organizado, los actos terroristas, el espionaje y ataques cibernéticos, entre otros. Asimismo, establece como lineamientos estratégicos de la defensa nacional «proteger y fortalecer las infraestructuras vitales y estratégicas para el país, de las cuales dependan la provisión de los servicios y recursos esenciales, como ser energía, agua, transporte y comunicaciones […] proteger al Uruguay de ataques cibernéticos […] y prevenir las actividades del crimen organizado» (decreto 105/014 del Poder Ejecutivo).
La pregunta es cómo se van a proteger los principales sectores críticos y garantizar la seguridad. Siempre será menos costoso prevenir y anticiparse a las eventuales amenazas a las infraestructuras estratégicas. Se precisa trabajo en conjunto porque la forma de enfrentarlas requiere de una respuesta integral entre todos los sectores involucrados. Por eso, desde su lugar, las distintas organizaciones tienen que contribuir a planificar estrategias pensadas a mediano y largo plazo, y coordinar líneas de acción para responder a las crisis que afecten al país. El éxito estará entonces en la prevención y cooperación entre las diversas instituciones así como en la coordinación de planes multisectoriales.
Entre las herramientas de que dispone el Estado uruguayo para responder a algunos de esos desafíos se encuentra el Sistema Nacional de Emergencia, dependiente de la Presidencia de la República. En el caso del dengue, ante el peligro de la aparición de la enfermedad el sistema ya había elaborado en 2014 un protocolo de actuación, denominado Plan de Respuesta Nacional, que ha tenido muy buenos resultados y sirve para generar algo similar en otros ámbitos institucionales al momento de enfrentar una eventual crisis. Es necesario para ello contar con información sobre los acontecimientos que pueden acaecer en aquellas áreas hacia donde deben orientarse el esfuerzo de las entidades gubernamentales según sus competencias y responsabilidades y las interacciones entre estas.
En conclusión, para enfrentar los riesgos que pudieran afectar a las infraestructuras críticas (energéticas, de transporte, cibernéticas, entre otras) se requiere tener una visión multidimensional con una respuesta multisectorial. Solo así se podrá contar con organizaciones pensadas para diseñar planes de acción integrados que atiendan a las diversas amenazas a las cuales se enfrenta el país y brindar una respuesta adecuada. Ser proactivo en lugar de reactivo le cuesta mucho menos a un Estado como el nuestro, que tiene limitados recursos humanos y materiales.
Rosario Rodríguez | @mdelR33
