Como bien expresa el periodista español Pedro Miguel Lamet, «De jóvenes nos las arreglamos para gustar; de mayores, para no molestar».
El 21 de noviembre de 2016, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en depositar oficialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA) la ratificación de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Aunque la región se encuentra visiblemente en las mismas condiciones, Uruguay es uno de los países más envejecidos por estas latitudes y se ubica en el primer lugar de este ranking, de acuerdo con informes elaborados por el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
¿Será suficiente este paso para otorgar una protección efectiva? Indudablemente no. ¿Es deber de los Estados proteger a las personas que alcanzan la vejez? Absolutamente. ¿Podrán los países de Latinoamérica cambiar a fuerza de ley la añeja cultura imperante del maltrato y abandono del adulto mayor? Aquellos que creemos en el derecho como herramienta de cambio y avance social, depositamos parte de nuestra esperanza en ello.
Ahora bien, ¿de qué trata la Convención y qué implica su firma? Constituye el primer instrumento vinculante de derechos humanos para personas mayores a nivel regional. Atiende a una necesidad largamente demandada por las organizaciones sociales de adultos mayores y representa un nuevo marco de trabajo que impactará no solo a nivel normativo o legislativo, sino también como instrumento político que extenderá el proceso de ampliación institucional y definición de políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
La firma de esta Convención implica que el país se compromete a garantizar, promover y proteger derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de las personas mayores. Uruguay está entre los 50 países más envejecidos del mundo, según resultados expuestos por el informe World Populational Ageing 2015. DESA, de Naciones Unidas. Este dato no es menor al momento de analizar la sociedad uruguaya y latinoamericana en su contexto social, político y económico.
¿Nuestros sistemas de jubilación o retiro son efectivos para proteger a los adultos mayores en su integridad tanto económica como social en Latinoamérica?
«Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado», dijo Quevedo. ¿Por qué se produce este fenómeno en nuestra cultura? Reflexionemos: el Estado obliga a las personas a retirarse de la actividad laboral a la edad de 65 años en promedio, desprendiéndolas y rompiendo uno de los vínculos más importantes que ellas tienen para sentirse útiles.
Este Estado les impone «disfrutar» el resto de sus días con una retribución económica insuficiente en la mayoría de los casos y les genera un problema al momento de afrontar los gastos diarios.
Como si esto fuera poco, luego de algunos años, muchos adultos mayores son abandonados por sus propios familiares y pierden rápidamente su valor como personas al ser depositados en el olvido, en centros de salud y hogares para ancianos.
Aquellos que tienen la dicha de no sufrir estas tragedias, se ven agobiados por la era digital, en la que todo es más táctil (demasiado táctil para sus dedos toscos, curtidos por la vida), donde todos los trámites deben –o pueden, en el mejor de los casos— realizarse vía web, y ello representa una amenaza para el arcaico y seguro trato cara a cara.
Es habitual ver a los abuelos en interminables colas en locales de pago, desorientados por no saber cómo pagar sus facturas sin que se les cobre por el envío de estas, porque no tienen o no manejan correo electrónico. Basta con escucharlos dos minutos para notar su disconformidad con los nuevos sistemas que no logran adaptarse a sus condiciones.
También es frecuente ver el abuso y desprecio que sufren nuestros abuelos cuando son estafados y engañados (como se engaña a un niño) en la contratación telefónica de servicios innecesarios, por personas o empresas sin escrúpulos, que conocen de su vulnerabilidad.
Los años no vienen solos. Traen consigo dolores articulares, dificultades físicas y grandes cargas de rechazo, así como problemas de adaptación a un sistema que segrega a quienes envejecen. ¿Qué estamos haciendo y permitiendo como sociedad? ¿Acaso no caminamos todos hacia esa etapa de la vida? Hoy, jóvenes, caminamos ágilmente, pero mañana peinaremos canas, nuestro andar se hará más lento y seremos nosotros los vulnerados.
Indudablemente este problema no se resuelve solo con leyes y compromisos del Estado. Necesitamos seres humanos conscientes del cuidado, respeto y honra que merecen y requieren aquellos que un día supieron construir lo que hoy disfrutamos sin valorar: una sociedad.
Fabricio de la Rosa |@fadelar
Uruguayo, abogado