Ética, corrupción, malos manejos, opinión pública, indecisos, desencanto… son algunos de los términos que resumen la agitada agenda política del Uruguay en los últimos doce meses. El 2017 fue un año que rompió con algunas dinámicas tradicionales. ¿Por qué?
La ética fue el concepto de moda durante el 2017. Los principales partidos con representación parlamentaria (Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado) tuvieron que afrontar casos de corrupción dentro de sus filas. Sin embargo, la forma en que lo procesaron fue distinta a la tradicional. Más adelante explicaremos por qué.
De igual forma, la dinámica en el Parlamento también se mostró atípica porque fue la primera vez que el Frente Amplio, siendo gobierno, se quedó sin mayoría legislativa (de octubre de 2016 a setiembre de 2017) tras el alejamiento del diputado Gonzalo Mujica [1]. Durante ese período se verificó una baja en la productividad legislativa.
La vara ética
Los tres principales partidos del tablero político se han visto en aprietos por casos de corrupción. Ninguno salió indemne frente a una opinión pública que por suerte no fue neutral. Muestra de ello han sido los sondeos de intención de voto, en los que la suma de indecisos, voto en blanco y anulado trepó al 40 % en el segundo semestre del 2017.
Ese comportamiento en la intención de voto no suele ser lo más habitual en Uruguay. La fluctuación de las preferencias electorales ha sido tradicionalmente bastante moderada, más que en el promedio de Latinoamérica. Pero distintos hechos de corrupción han afectado la reputación de las principales organizaciones partidarias. Veamos.
Por los meses de marzo y abril los organismos internos del Partido Colorado tuvieron que dar una señal política frente a las acusaciones y posterior procesamiento del exdiputado suplente por el departamento de Maldonado, Francisco Sanabria, quien fue acusado de diversos ilícitos relacionados con su actividad empresarial privada. Ese escollo fue particularmente neurálgico para un partido histórico que atraviesa una crisis de representatividad y de identidad sin lograr captar una porción del electorado que lo acerque, al menos, a los guarismos de los comicios del 2009 [2]. La sanción que se negoció internamente fue la expulsión de Sanabria.
En el Frente Amplio la situación del vicepresidente de la República Raúl Sendic se venía arrastrando al compás de las irregularidades que se denunciaban en la comisión investigadora del Poder Legislativo sobre la gestión del ente petrolero Ancap. Pero, de forma casi que irónica, la situación se tornó insostenible políticamente cuando se hicieron públicas las compras de Sendic con su tarjeta corporativa cuando era presidente del mencionado ente. El respaldo político que recibía hasta ese momento le estaba costando caro a su partido en la opinión pública. El FA descendió a un 25 % en los sondeos de intención de voto [3]. Facturas de responsabilidades cruzadas mediante, el FA logró negociar una declaración de su tribunal de conducta política que le bajó el pulgar al vice. Este presentó su renuncia al cargo «por motivos personales», la que fue aceptada por unanimidad y sin discusión en la Asamblea General (la reunión de las dos Cámaras del Parlamento nacional). Allí comenzó a mejorar la suerte del oficialismo. La asunción de la senadora Lucía Topolanky (esposa del expresidente José Mujica) a la vicepresidencia [4] también se dio bajo un acuerdo de silencio, lo cual permitió al oficialismo cerrar con relativa calma la transición. El Frente Amplio logró mostrar una vez más su expertise para trabajar en la unidad, más allá de las turbulencias y pases de factura que va dejando en el camino la competencia interna de sus fracciones.
De forma casi consecutiva, una denuncia de los ediles del FA en el departamento de Soriano dejó mal parado al intendente Agustín Bascou (Partido Nacional), acusado de comprar combustible para la Intendencia en estaciones de servicio de su propiedad. El golpe que le asestó el oficialismo al PN fue quirúrgico. Hasta ese momento alcanzaba una intención de voto similar a la del FA. Sin embargo, el caso Bascou enredó a los blancos en dimes y diretes sobre la sanción que le cabía al intendente. Parecieron no haber tomado nota de lo que le había sucedido al FA. Lejos de negociar una salida, las acusaciones cruzadas hicieron un revival de los enfrentamientos entre los dos principales sectores de ese partido: el liderado por el senador Luis Lacalle Pou (Todos) y el sector del senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional). Cerraron el 2017 con una llaga a flor de piel y con un intendente que, a la luz de la opinión pública, recibió un trato indulgente de su partido.
El Parlamento sin mayorías
La pérdida transitoria de la mayoría parlamentaria también marcó una situación atípica para las últimas legislaturas. Desde su llegada al gobierno, el Frente Amplio siempre tuvo mayorías en ambas Cámaras. La disidencia del diputado Gonzalo Mujica dejó al oficialismo sin el diputado 50, hasta que finalmente renunció a su banca y esta retornó al FA [5]. Ello repercutió en el trámite legislativo. La actual legislatura (2015-2017) ha sancionado un número sensiblemente inferior de leyes que las dos anteriores en igual período de tiempo. Un estudio publicado por el Programa de Estudios Parlamentarios de la Universidad de la República [6] da cuenta de que fueron sancionadas aproximadamente un 35 % de leyes menos que en las legislaturas anteriores, donde el FA sí contaba con mayorías parlamentarias.
El lapso en el que el gobierno no tuvo mayorías repercutió más allá del dato cuantitativo de la sanción de leyes. Se destacan en particular las negociaciones para aprobar la rendición de cuentas del Ejecutivo. Ese lapso fue aprovechado para aprobar tres comisiones investigadoras: una sobre la planta Gas Sayago (que, si bien se aprobó en 2016, en aquel momento contó con el apoyo del diputado disidente Mujica); otra sobre empresas vinculadas a la financiación de campañas electorales; y una tercera sobre la gestión de Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Esto le ha permitido a la oposición romper parcialmente el manejo de la agenda, que por lo general ha estado monopolizada por el oficialismo.
Lo que viene
La vara de la ética ha hecho mella en los principales partidos del sistema. A esas conductas se las podrá relativizar con eufemismos tales como errores de gestión, metidas de pata, macanas, proceder inaceptable, pero la evidencia indica que el poder corrompe y la opinión pública es sensible a ello. Por tanto, estos partidos tendrán que trabajar para mejorar su reputación. En tanto, los partidos más chicos tienen un ángulo interesante para captar el electorado que ha engrosado el sector de los indecisos y desencantados.
En el plano parlamentario, entrará al Legislativo la última rendición de cuentas del segundo gobierno de Tabaré Vásquez. También estará en discusión el impuesto a los militares y tendremos los informes finales de las comisiones investigadoras. Estos elementos, por decir lo menos, indican que el 2018 será un año muy movido.
[1] Gonzalo Mujica es un político uruguayo integró la Cámara de Diputados desde el año 2005 hasta su renuncia en septiembre de 2017. Exfrenteamplista, formó parte de varios partidos miembros de la coalición de izquierda.
[2] En los comicios de 2009, el Partido Colorado obtuvo un 17 % de los votos. Hoy en día oscila entre 5 % y 7 % de las preferencias electorales.
[3] Según datos de la consultora Factum.
[4] El vicepresidente de la República ejerce la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores.
[5] En Uruguay la Cámara de Diputados está conformada por 99 representantes. El sector con mayoría es aquel que cuenta con 50 o más diputados.
[6] https://parlamentosite.wordpress.com
Alejandro Guedes | @GuedesAlejandro
Politólogo (Universidad de la República, Uruguay). Maestrando en Ciencia Política. Integrante del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política, Universidad de la República.
