La continuidad del régimen chavista representa un peligro para los venezolanos y su aspiración de recuperar el sistema democrático, pero también para toda América Latina por el impacto negativo de las prácticas populistas, la migración descontrolada y el apoyo a otros gobiernos autoritarios.
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Las candidaturas de Henry Falcón y el pastor Javier Bertucci, los contrincantes de Nicolás Maduro en las cuestionadas y poco reconocidas presidenciales del 20 de mayo, además de despertar el rechazo de buena parte de la población opositora al régimen chavista, y aglutinar a pequeñas minorías esperanzadas en el sufragio como herramienta de cambio sea cual fuere el contexto de su convocatoria (reflejadas en sus respectivos resultados electorales), sirvieron también para dejar en evidencia la falta de estrategia detrás del llamado a la abstención por parte del Frente Amplio Venezuela Unida, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la Asamblea Nacional. Las fuerzas opositoras se unieron, con el firme apoyo internacional de países americanos y europeos, en una convocatoria general al desconocimiento del evento electoral y la no participación [1]. Sin embargo, tras el resultado del domingo por la noche, marcado por múltiples acusaciones de manipulación y fraude, la alternativa al chavismo sigue sin mostrar una estrategia que movilice a la sociedad y direccione el descontento ciudadano.
La abstención es una decisión política. Abstenerse es elegir un camino, una opción en el tablero. Ciertamente las democracias no se sustentan en la promoción de la abstención como una posibilidad, menos aún en los países donde votar es obligatorio (no es el caso de Venezuela). Todo lo contrario. Se alienta la participación y el empoderamiento de la población a partir del voto. Pero eso no resta el alto, aunque relativo, potencial de la abstención electoral como instrumento para enviar un mensaje de rechazo al sistema político. Siguiendo esa pauta, la abstención necesita de un pienso, una construcción intelectual, una estrategia que le dé sentido lógico y político: hacer del no sufragio una actividad que en sí misma movilice y sea parte del desarrollo de una agenda.
Desde el llamado a elecciones, la energía del frente opositor venezolano estuvo puesta en el rechazo al día D a través de un plan comunicacional y diversos contactos internacionales que reforzaran esta posición. No se pudo evitar que alguien de la órbita de la MUD se postulara (Henry Falcón), tampoco articular una agenda aglutinadora que priorizara la presión social en la calle mientras, a la par, la crisis económica y humanitaria mantiene una escalada impresionante. De forma que las plataformas disidentes, si bien instalaron un mensaje de no convalidación del fraude electoral a través de la abstención, no complementaron su repertorio de acción con algo más que comunicados de prensa.
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Con el nuevo escenario que mantiene de facto a Nicolás Maduro en el poder, en principio hasta el año 2025, la ola de inmigración venezolana consigue un nuevo punto alto que profundiza la ya grave crisis de refugiados en las fronteras con Colombia y Brasil, y dispara las proyecciones del movimiento migratorio de ciudadanos venezolanos en toda América Latina, con especial alarma en el ascenso de tránsito terrestre que ha ocasionado una situación alarmante en los puntos fronterizos.
Esta nueva estampida tiene algunos elementos clave que no son menores: ciudadanos sin pasaporte o con documentación incompleta producto de la escasez de material en el Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería; ciudadanos sin documentación complementaria indispensable para tramitar permisos de residencia temporal o permanente como la apostilla de antecedentes penales y carta de nacimiento, consecuencia del colapso del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano; ciudadanos sin el protocolo de vacunación básico; incremento de las solicitudes de refugio en países vecinos. En marzo de 2018 la Asamblea Nacional informó que 4,3 millones de venezolanos se encontraban en el extranjero, una cifra difícil de confirmar pero que aporta una dimensión de lo que hoy es el éxodo más grande registrado en América en lo que va del siglo XXI.
Coherente con esta situación, los países representados en el Grupo de Lima [2] han emitido un comunicado sumamente relevante que, además de rechazar enérgicamente las presidenciales que mantienen al chavismo en el gobierno, y reducir drásticamente las relaciones diplomáticas, informa un amplio plan de medidas para orientar a toda la región en la canalización de la inmigración venezolana. Este plan tiene los siguientes puntos fuertes: organizar nuevas reuniones con autoridades del tema migratorio y de refugio con miras a generar un «lineamiento de respuesta integral»; considerar contribuciones financieras a organismos internacionales para atender el flujo migratorio venezolano; cooperación para atender la emergencia epidemiológica en Venezuela y países vecinos. De igual forma, en materia económica y financiera exhorta a las naciones miembros del Grupo, y al continente en general, a extremar acciones para evitar los préstamos al gobierno de Maduro que no estén avalados por la Asamblea Nacional, así como intensificar labores de inteligencia contra operaciones que cuenten con dineros de y para la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Esta instancia ha decidido, como informó durante el preámbulo a la elección presidencial, dar un paso adelante al recrudecimiento de las relaciones con el gobierno de Venezuela incrementando la presión económica, al tiempo que promueve una mejor atención para la gigantesca diáspora que impacta fuertemente a América.
Se ha dicho en otras oportunidades y es válido reiterarlo: la crisis venezolana puede arrastrar a Colombia por la insuficiente capacidad de este último para atender el desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos y de colombianos-venezolanos que retornan. No depende exclusivamente de un tema de gestión y logística, sino de recursos económicos, disponibilidad de servicios básicos y oferta laboral para esta masa que se mueve huyendo del caos. Situación similar en el norte de Brasil y en otros puntos de la región que están desbordados por una inmigración que hace cuatro años atrás era impensable.
El régimen chavista es el mayor peligro latente para los venezolanos, una sociedad con la tasa de homicidios y los niveles de violencia más altos del continente, la escasez de productos elementales al nivel de los territorios más críticos de África y la inflación más elevada del planeta. Pero también es el mayor peligro latente en toda América Latina, siendo teatro de operaciones de grupos al margen de la ley que influyen en buena parte del territorio y nido de enfermedades como el sarampión, el paludismo y la difteria, que habían sido totalmente erradicados tiempos atrás.
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El gobierno de Nicolás Maduro promueve el autoritarismo en la región. Su impacto negativo en los sistemas políticos del vecindario, el gigantesco reto que representa para América Latina la ola migratoria de venezolanos y los cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos han generado un aislamiento diplomático pasmoso. En América, apenas siete países reconocieron la reelección de Nicolás Maduro. El mapa muestra un contraste impresionante porque el resto del continente abstuvo su venia. Una vez más llama la atención la posición de Ecuador y Uruguay, cuyos gobiernos hicieron un tibio reconocimiento unos días después de conocido el resultado electoral que quizá pueda considerarse como neutro. Son reconocimientos indirectos, tímidos, impulsados más por las fuerzas políticas internas progresistas que integran el oficialismo que por la línea de los mandatarios. Reconocimientos que parten de una crítica y una observación a la situación conflictiva que vive Venezuela. Ecuador encuentra preocupante «la difícil situación en la que se encuentran los hermanos en Venezuela y las condiciones de participación de la oposición en el último proceso electoral» [3]. Uruguay consideró que la elección «confirma la necesidad de un diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso entre todos los actores políticos y sociales de Venezuela como la única herramienta viable para lograr la paz social» [4]. Ambos gobiernos se plantan como neutrales o posibles interlocutores en un eventual escenario aún más adverso para Caracas.
Los aliados del régimen son los de siempre, el ala contraria a Occidente. China y Rusia a la cabeza. Le siguen Irán, Turquía, Siria, Bielorrusia, Laos, Argelia, Cuba, Surinam, Haití, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y República Dominicana. Como es evidente, los apoyos al chavismo no son precisamente de los referentes democráticos del mundo. Todo lo contrario, en la lista están varios Estados acusados por sus prácticas dictatoriales o por sus débiles sistemas democráticos.
Por el momento, la conclusión parcial que podemos avistar es que el gobierno de Maduro seguirá atrincherado en el Palacio de Miraflores asfixiado por mayores presiones económicas de parte de América y Europa, el bloqueo en los principales mercados, el derrumbe de la arquitectura institucional del país y la masiva inmigración. El escenario se plantea con un chavismo acorralado, ficha coyuntural de las potencias adversas a Occidente, y una población cada vez más cubanizada, sin acceso a los bienes básicos, dependiente totalmente del pobre aporte del Estado y expectante ante el trabajo de la oposición política que por el momento no plantea una estrategia que movilice a una sociedad presa del miedo y la incertidumbre.
[1] Véase el Informe del Observatorio Electoral Venezolano sobre las condiciones de la elección presidencial de 2018.
[2] Conformado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Véase el comunicado aquí.
[3] Comunicado oficial publicado en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Ecuador el 23 de mayo de 2018.
[4] Comunicado de prensa n.º 33/18 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.
