Costa Rica entró a la recta final de la campaña electoral que culminará con las votaciones del 1 de febrero próximo para elegir al nuevo gobernante y los cargos legislativos. La campaña ha estado marcada por una alta polarización, ataques personales entre los candidatos y las intervenciones proselitistas del presidente Rodrigo Chaves, transgrediendo disposiciones jurídicas de no beligerancia de parte de los mandatarios.
Tensiones entre poderes estatales
La campaña electoral ha transcurrido con tensiones entre el mandatario Rodrigo Chaves y otros poderes, como la Asamblea Legislativa y el Tribunal de Elecciones. Hubo confrontaciones públicas entre el mandatario y sus seguidores con diputados de la oposición y el propio presidente del legislativo, así como con los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Más de una veintena de ciudadanos denunciaron al presidente Chaves por beligerancia política, dando lugar a una revisión y advertencias de parte del TSE, que el mandatario calificó como el intento de amordazarlo. Además, las alusiones personales a la presidenta del órgano electoral y a la credibilidad de este, le valieron un fuerte pronunciamiento de esa institución.
Las disputas con el legislativo han girado sobre acusaciones mutuas, investigaciones por corrupción y abuso de poder, así como por la aprobación de leyes relacionadas con temas sensibles como la seguridad y las finanzas públicas. La tirantez ha llegado al punto de dos intentos fallidos para desaforar a Chaves, malogrando las relaciones entre ambos poderes estatales.
Opinión pública
Al escenario se suman las desavenencias del presidente Chaves con el periodismo y los medios independientes, a quienes incluso ha llamado “prensa canalla” en varias ocasiones. Por otra parte, la opinión pública se ha sorprendido con las acusaciones a instituciones públicas de exceder sus funciones para interferir la campaña. Más recientemente, con la investigación de un supuesto intento de magnicidio involucrando a una conocida periodista.
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Esta polarización y tensiones entre poderes estatales se trasladó al ámbito electoral con mensajes y discursos descalificadores entre los candidatos a la presidencia y el bajo entusiasmo ciudadano por las votaciones. La candidata del partido oficialista Pueblo Soberano, Laura Fernández, se ha negado a participar en los debates públicos con otros contendientes, lo cual generó fuertes críticas de parte de los demás competidores, los medios y distintos sectores de la población. Finalmente anunció que participaría solamente en cuatro de los debates programados.
De acuerdo con declaraciones de diputados y del propio presidente Chaves, el propósito de Pueblo Soberano es asegurar su continuidad al menos durante tres períodos presidenciales y lograr la mayoría legislativa.
La volatilidad del voto ciudadano
Del lado de los votantes, el panorama todavía es incierto en las preferencias electorales. Las encuestas de opinión más recientes estiman que los indecisos ascienden al 30%. Los cinco candidatos que tienen mayores probabilidades en la intención de votos son Laura Fernández, de la continuidad oficialista; Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, uno de los más grandes y con larga historia política; Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana; y Ariel Robles, de Frente Amplio.
La intención de voto se inclina mayoritariamente hacia Laura Fernández, mientras los demás candidatos alcanzan porcentajes bastante por detrás. Distintos análisis coinciden que la competencia podría resolverse en primera vuelta si la intención de votos sigue favoreciendo a Fernández. Otros estiman, de manera más cauta, que el voto de los indecisos puede modificar estas previsiones forzando a una segunda vuelta que se programaría para abril de 2026. Es un escenario probable considerando la negativa de la candidata de Pueblo Soberano para participar en los debates, la desfavorable opinión sobre las actuaciones del presidente y el mejor desempeño de otros candidatos presidenciales en sus comparecencias públicas refiriéndose a los temas que más interesan a la población.
A diferencia de otras votaciones calificadas como “fiestas cívicas”, esta vez se observa bajo entusiasmo entre los costarricenses y se prevé una alta abstención. De manera que en las semanas más recientes se han intensificado las campañas y los llamados a votar.
Otra característica de esta campaña es que partidos tradicionales como Liberación Nacional (PLN) o Unidad Social Cristiana (PUSC) perdieron simpatizantes que parecen haber trasladado su intención de voto a otros partidos del amplio espectro de más de treinta organizaciones partidarias en la competencia.
Los debates presidenciales efectuados revelan que para la ciudadanía los temas más sensibles son la inseguridad y violencia, extendida en todo el país, las dificultades económicas y la falta de empleo, las limitadas oportunidades para las generaciones jóvenes, las necesarias reformas del sistema de justicia, así como el funcionamiento eficiente de los sistemas de salud y educación.
La resiliencia democrática costarricense
Recientes informes como el Estado de la Nación han señalado los desafíos y riesgos que enfrentan la democracia e institucionalidad costarricense, así como la urgencia de atender problemas clave como el de la educación, antes que el país se sume a la tendencia autoritaria que envuelve a Centroamérica. Las preocupaciones y advertencias no están alejadas de la realidad.
La democracia costarricense ha sido considerada una excepción en la región centroamericana y en Latinoamérica. Pero desde inicios del siglo XXI, el nivel de satisfacción de sus ciudadanos con el desempeño democrático ha disminuido significativamente. Por otra parte, la arquitectura del sistema político está cambiando. Han nacido numerosas organizaciones partidarias a nivel nacional y local, restándole peso al tradicional bipartidismo dominado por el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Las históricas adscripciones políticas familiares también han cambiado y en comicios anteriores personas de la misma familia ondeaban banderas de organizaciones partidarias distintas.
En medio del desencanto ciudadano con la democracia surgió la figura del actual presidente Rodrigo Chaves, señalado de arrastrar al país hacia el autoritarismo. Lo cierto es que el presidente y algunos de sus voceros han manifestado su intención de reformar la Constitución para dar lugar a la reelección inmediata, rediseñar el poder judicial y amenazar con la posibilidad del destierro a los opositores.
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Chaves es admirador de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, y su modelo de seguridad. Llegó a condecorarlo e invitarlo recientemente al acto de inicio de la construcción de una mega prisión en Costa Rica similar al CECOT en El Salvador.
En un contexto de desafíos complejos, que van desde el deterioro en las condiciones de seguridad hasta la calidad de la educación y la erosión de la democracia, diversos sectores esperan que el sistema democrático que prevalece en el país sea lo suficientemente resciliente para subsistir y superar los crecientes riesgos que amenazan la democracia.
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