La política antiinmigrante de Donald Trump marcó un giro drástico en la gestión fronteriza. Hacia el final de su primer año en la Casa Blanca el apoyo inicial de la opinión pública hoy empieza a mostrar signos de desgaste.
Una parte de la ciudadanía —que se percibe amenazada, con razones o sin ellas— empieza a trazar un límite ético: apoya el mayor control migratorio, pero rechaza la persecución del inmigrante cuando implica vulnerar garantías mínimas o degradar su condición humana.
Rechazo a los métodos extremos
Una encuesta de Harvard-Harris, conocida el mes pasado, muestra que un 44% de los estadounidenses aprueba en general la gestión de Trump. Representa una caída de ocho puntos porcentuales con relación a la misma medición de febrero pasado, el mes siguiente de la asunción a su segundo mandato, y de dos puntos respecto a setiembre.
La aprobación de Trump ahora está por debajo del 50% en todos los temas clave, aunque obtiene sus mejores valoraciones en lucha contra el crimen e inmigración, 49% y 47%, respectivamente.
Aunque el respaldo a sus acciones en control migratorio se mantiene por encima de su aprobación general, empieza a mostrar un declive.
Tras un pico inicial por encima del 55%, el apoyo se estabilizó en torno al 50% y luego retrocedió. Esta fotografía sugiere una opinión pública que, en líneas generales, valora el retorno de control tras una etapa percibida como caótica o desbordada bajo la administración demócrata, pero que a la vez rechaza los rasgos más duros del enfoque republicano.
En ese sentido, la gestión migratoria de Trump podría estar comenzando a ser vista como cercana a un estado policíaco en materia de arrestos y deportaciones. La sociedad está marcando límites frente a los procedimientos más extremos. Que la tensión central no esté en el objetivo, sino en mecanismos concretos cuestionados por la falta de garantías básicas, revela el malestar de fondo con el estado de cosas que Trump heredó y que una parte del electorado consideraba insostenible.
Un control razonable
El termómetro social puede estar marcando un fuerte respaldo al éxito del control en los pasos de frontera calientes en los límites con México, donde el gobierno estadounidense ha logrado avances significativos, con sus niveles más bajos en 50 años.
Y esta percepción ciudadana a favor del control migratorio razonable no nace solo del miedo, la inseguridad o la manipulación. Surge de un proceso largo, profundo y transformador que la política fue incapaz de prever y conducir.
Es justo reconocer que el presidente demócrata Joe Biden intentó sin éxito avanzar en una ley de amplio alcance sobre inmigrantes que sufrió la parálisis de la polarización, incluso en su propio partido.
El látigo verbal del presidente no surge de la nada. Responde a un clima que empezó a tomar forma en los años 90, cuando muchos creyeron que el fin de la Guerra Fría y la expansión del libre comercio abrían la puerta a una prosperidad casi garantizada.
Chivo expiatorio
El cambio en la estructura económica dejó oxidado el cinturón industrial tradicional y expuso a millones de trabajadores a una competencia feroz, acelerada por China y por una revolución tecnológica que alteró tanto la producción como el imaginario social del trabajo.
Estados Unidos, aun siendo la cuna del desarrollo tecnológico, vio cómo se erosionaba el polo fabril del Medio Oeste. Los impactos económicos, sociales y culturales que terminaron repercutiendo en la política. Ese declive no fue leído a tiempo por las élites políticas, que durante años subestimaron su carga simbólica.
En ese contexto, los inmigrantes pobres e indocumentados —atraídos por la promesa de oportunidades y por la imagen de un país próspero y libre— se volvieron el blanco más fácil para explicar el deterioro económico y un malestar social más amplio. No fueron la causa de esos problemas, pero quedaron en el centro de un conflicto que mezcla frustración económica, ansiedad cultural y la falta de un rumbo claro en la principal potencia del mundo.
Trump ha sabido capitalizar la incertidumbre y el desasosiego que dejaron los cambios económicos y culturales. No necesitó probar causalidades ni desplegar datos. Le alcanzó con activar un marco emocional. Su retórica antiinmigrante convierte el desánimo de comunidades estancadas en una certeza simple y poderosa: el indocumentado como explicación y amenaza.
En ese sentido, el presidente no descubrió el malestar, pero sí lo amplificó con precisión. No persuadió con argumentos, sino que ordenó una experiencia ya moldeada por temores previos. Su fortaleza estuvo en transformar una inquietud difusa en un relato nítido y movilizador.
El delincuente y el jardinero
También hay que decir que, si las encuestas leen bien el clima social, la ciudadanía empieza a cuestionar el enfoque más extremo de su presidente. Como sintetizó un editorial de The Washington Post al describir las críticas que comienza a aflorar, “los estadounidenses ven la diferencia entre detener a un violador y deportar al jardinero del barrio que paga impuestos”.
En cualquier caso, es razonable sostener la necesidad de controles migratorios. Tanto por el funcionamiento del estado de derecho como por la convivencia democrática, la transparencia económica e incluso por razones éticas. Un país gobernado por la ley puede enfrentar efectos corrosivos si decide mirar hacia otro lado ante los 14 millones de extranjeros sin papeles que tenía EEUU en 2023, récord necesario de atender.
La cuestión de fondo no es controlar o no, sino cómo hacerlo sin convertir un problema real en una cruzada que fracture a la sociedad. Y ese es el poderoso mensaje que está enviando la opinión pública al gobierno republicano.
El punto medio entre ejercer el control fronterizo con firmeza, pero no perseguir a una maestra en Chicago hasta las propias instalaciones del edificio educativo. Y por ello, es probable que los ciudadanos rechacen el anuncio de Trump de “detener permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo”. La expresión del presidente respondía al reciente ataque a dos guardias nacionales —uno murió y otro fue herido— por parte de un exmilitar afgano y excolaborador de la CIA, refugiado en EEUU.
La ciudadanía parece empezar a decir que proteger la frontera no exige desconocer la dignidad de quienes ya forman parte de la vida económica y social del país.
Son jardineros y plomeros, trabajadores agrícolas y de la construcción. Son quienes sostienen hoteles, cocinas y servicios, quienes tienden las camas y limpian las habitaciones. La retórica política que justifica las acciones antiinmigrantes puede omitirlo, pero la economía y la vida cotidiana lo recuerdan cada día.
