El proceso electoral en Honduras este 2025 enfrenta desafíos que ponen en entredicho la propia legitimidad de los comicios del 30 de noviembre. Se elegirán, entre otros cargos, al sucesor de Xiomara Castro en la Presidencia, centenas de alcaldes y se renovará el poder legislativo.
El diseño partidizado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y una polarización alentada desde el oficialismo han inundado el contexto preelectoral de violencia, incertidumbre y apatía ciudadana. Basta recordar la abstención cercana al 57% en las primarias de marzo pasado, una de las tasas más altas de los últimos años en el país.
En el trasfondo de este proceso electoral persisten la fragilidad institucional, la menguada autonomía y los choques partidistas al interior del CNE, mientras que el Partido Libertad y Refundación (Libre) ensancha una ofensiva iliberal orientada a conservar el poder a toda costa.
¿Qué dice la opinión pública?
Tras las primarias del 9 de marzo de 2025, las candidaturas presidenciales quedaron definidas. Nasry “Tito” Asfura compite por el Partido Nacional. Llega como exalcalde de Tegucigalpa y fue candidato presidencial en 2021. Tiene una imagen de gestor pragmático forjada en la capital, aunque desacreditada en virtud de su cercanía con el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.
Salvador Nasralla es la carta del Partido Liberal. Figura de televisión con alto reconocimiento, vive su tercera incursión presidencial después de haber competido en 2013 por el Partido Anticorrupción y en 2017 por la Alianza de Oposición. Rixi Moncada representa a Libre. Es abogada y actualmente funge como ministra de Defensa y Seguridad Nacional. Antes fue ministra de Finanzas, consejera del CNE y ocupó cargos en el sistema judicial de Honduras.
En intención de voto, el promedio nacional publicado por DatoWorld en mayo muestra una contienda cerrada. Asfura registra 31.1%, Moncada 29.9% y Nasralla 29.8%. La fotografía sugiere un electorado partido en tercios y sin un liderazgo claro.
El sondeo del ERIC-SJ apunta en otra dirección relevante. Libre concentra solo 15.9% de preferencia partidaria, por debajo del Partido Nacional con 23.2% y del Partido Liberal con 17.1%. En la percepción de quién ganará, el Partido Liberal lidera con 39.1%, mientras Libre alcanza 25.6%. Conjuntamente, los datos confirman una competencia abierta y un desprestigio creciente del oficialismo. Este factor puede inclinar el voto útil opositor si la campaña no logra revertirlo.
La posición del oficialismo
La impopularidad creciente del oficialismo es producto, entre otras cosas, de la incapacidad de la presidenta Castro para reducir violencia y criminalidad, pese a un prolongado estado de excepción y de la reciente exposición de vínculos entre su círculo cercano y el narcotráfico. Ante la posibilidad de derrota, figuras de Libre como Manuel Zelaya y la candidata Rixi Moncada han promovido un clima de incertidumbre y confrontación.
Zelaya ha movilizado explícitamente a los “colectivos” de Libre. La dirigencia los convocó a salir a las calles los días 26, 27 y 28 de junio. Se trata de grupos de presión partidaria señalados como fuerzas de choque. Ese accionar ya impactó en el CNE: irrumpieron cuando se recibirían ofertas para implementar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y solo permitieron el ingreso de representantes de la empresa Smartmatic –de preferencia oficialista–, mientras las Fuerzas Armadas retiraban la seguridad a las consejeras opositoras.
A ello se suma el discurso de fraude. Moncada habló de una “conspiración” dentro del CNE y señaló a las consejeras Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Cossette López, del Partido Nacional, quienes han defendido la verificación de datos electrónicos del TREP con actas físicas. Por tal motivo, el consejero oficialista Marlon Ochoa calificó como “fraude tramposo” cualquier “intromisión humana” en el conteo. Ciertamente, Libre empuja un sistema automatizado de transmisión de resultados, para lo que promueve a Smartmatic, firma con propietarios venezolanos y un historial controvertido de relaciones con el chavismo.
En paralelo, avanza una persecución institucional. El Ministerio Público, descrito como alineado con los Castro-Zelaya, incautó documentación clave del CNE. La oposición denuncia citaciones y requerimientos fiscales contra sus consejeros y cuadros. El resultado es una autoridad electoral presionada y un proceso en el que la disputa por el TREP tensiona la confianza en los futuros comicios.
La escalada de violencia electoral
Aunque de manera menos visible, es preocupante que el proceso electoral 2025 haya entrado en una espiral de agresiones contra candidaturas y estructuras partidarias. Sobre todo en la escala local.
Estas dinámicas responden tanto a la polarización alentada desde las élites como a redes político-criminales que siguen operando en el territorio hondureño, que no han sido desarticuladas por el gobierno de Castro. Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, un monitoreo de la UNAH registró 404 conflictos electorales y 109 incidentes de violencia política, con una escalada notable a medida que se acercan los comicios.
Además, en lo que va del calendario electoral, destacan los asesinatos de Iván Zambrano y Óscar Gerardo Montoya. Ambos eran precandidatos por corrientes alternas del Partido Nacional a las alcaldías de Morazán (Yoro) y Esparta (Atlántida), respectivamente. Más recientemente, el candidato a diputado por Libre, Óscar Bustillo, fue víctima de violencia letal en el departamento de Yoro.
En Honduras, marcada por la fragilidad institucional y el conflicto entre fuerzas políticas, la violencia contra candidatos amenaza con desalentar aún más la participación ciudadana y distorsionar la competencia. Especialmente en contiendas locales donde pequeños márgenes pueden decidir el resultado.
Estados Unidos en la ecuación
En medio de la incertidumbre, el Congreso de EEUU impulsa de forma bipartidista una iniciativa para resguardar la integridad de las elecciones de noviembre. Su objetivo consiste en reforzar la observación internacional, proteger a candidaturas frente a hostigamientos, establecer consecuencias para quienes obstaculicen el proceso y ordenar estándares verificables para la transmisión y divulgación de resultados.
En respuesta, Libre calificó de “injerencia” la iniciativa de la Cámara de Representantes estadounidense, y marcó de nuevo distancia con Washington. Los Castro-Zelaya han sostenido una política exterior cercana al eje bolivariano. Respaldan el régimen de Maduro, sin mencionar la disputa por el TREP con la insistencia en Smartmatic. Todo indica, pues, que Rixi Moncada adoptará la misma línea de política exterior en caso de ser electa.
En este marco, una victoria de Salvador Nasralla, que no es descartable, tendería a recomponer puentes con EEUU. El candidato liberal “comparte con Trump ideas y estilo político”, lo que facilitaría una sintonía práctica con la Casa Blanca, como señalan Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano.
El próximo 30 de noviembre Honduras no solamente elegirá autoridades de alto nivel, sino que pondrá en juego la legitimidad de sus instituciones y el futuro de sus relaciones con EEUU.
