El 27 de enero de 2022 Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras. Fue tras su triunfo contundente las elecciones generales de noviembre de 2021 a Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y candidato del PNH. Por primera vez en la historia democrática de este país la elección presidencial fue ganada por una candidata que no era miembro del Partido Nacional Hondureño (PN) o del Partido Liberal Hondureño (PL). Xiomara Castro es representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y líder de Alianza por el Pueblo. Obtuvo la mayor cantidad de votos con los que haya ganado cualquier candidato presidencial, poniendo fin a la hegemonía del PN tras 12 años en el poder.
En el acto de toma de posesión, Xiomara Castro presentó un total de 22 compromisos destinados a «refundar el país». Se comprometió a cumplirlos durante sus primeros cien días de gestión. Aunque ha logrado cumplir con algunas de estas promesas, en otras apenas ha avanzado.
Estas promesas abarcan diversos aspectos, desde cuestiones económicas hasta temas de índole social y político. Entre estas, destacan dos que han sido claves durante la campaña electoral de Castro y hasta el momento son promesas incumplidas. Por un lado, se encuentra la defensa de los derechos humanos. Por el otro, la pronta instalación de una «Comisión Nacional e Internacional para el Combate Frontal a la Corrupción y la Impunidad en Honduras con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas».
Derechos humanos
Este tema ha provocado el reclamo de organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW). En su último informe mundial señaló que el Gobierno de este país, desde hace muchos años, sufre «corrupción sistémica, interferencia política en el sistema judicial, inseguridad, un porcentaje muy elevado de su población en condiciones de pobreza y ataques letales contra defensores del medioambiente».
El informe de HRW resaltó que durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2023, 236 defensores de derechos humanos experimentaron «hostigamientos, amenazas o ataques», y al menos 13 perdieron la vida como resultado de estos ataques. Asimismo, HRW señaló que «más del 90 % de los defensores asesinados eran activistas en favor del medio ambiente y de la tierra».
Este problema no es nuevo. De hecho, más de 120 defensores del medio ambiente perdieron la vida en Honduras entre 2010 y 2016. El caso más destacado fue el asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena lenca, galardonada con el Premio Ambiental Goldman. A pesar de la promesa de la presidenta de implementar medidas urgentes para fortalecer la protección de los derechos humanos, el número de asesinatos de activistas ambientales sigue siendo preocupantemente alto. Esto sitúa a Honduras como el país más peligroso para la defensa del medio ambiente.
Lucha contra la corrupción
Sin duda la corrupción y la impunidad constituyen un problema endémico para Honduras. Tal como lo reflejan los datos proporcionados por Transparencia Internacional (TI), la evolución de la percepción de la corrupción en los últimos años en Honduras ha empeorado. Esto ha venido acompañado de un descenso de su posición en el ranking internacional de corrupción. El último informe de Transparencia Internacional presenta los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) del año 2022. Otorga a Honduras una puntuación de 23 puntos sobre un total de 100 (percepción de ausencia de corrupción), muy por debajo de la media regional (43).
Índice de Percepción de Corrupción en Honduras 2014-2022
En Honduras, la corrupción y la impunidad generalizadas perjudican a diario a los ciudadanos. Abordar estas cuestiones es esencial y constituye, sin duda, uno de los principales reclamos de la sociedad hondureña. Uno de los casos más recientes de corrupción que generó un fuerte rechazo entre la población fue la deficiente gestión gubernamental para hacer frente a la epidemia de covid-19. Entre las irregularidades se destacan las denuncias relacionadas por la compra de siete hospitales móviles (vinculadas con el saliente PNH).
Rol de la ONU
En febrero de 2022, apenas unas semanas después de asumir la presidencia, Castro extendió una invitación a las Naciones Unidas para iniciar el proceso de establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH). A pesar de que ha habido negociaciones entre la ONU y el Gobierno hondureño, el avance ha sido lento. Naciones Unidas informó que su Secretaría envió un equipo de expertos en cuatro ocasiones a Honduras. Las autoridades hondureñas fueron notificadas sobre las reformas fundamentales necesarias para avanzar hacia la creación de la CICIH. Estas reformas incluyen aspectos que permitirían establecer un mecanismo futuro y operar de manera efectiva dentro del marco legal hondureño. A pesar de algunos progresos, aún falta aprobar reformas cruciales para cumplir con las garantías y requisitos legales mínimos, según indicó Naciones Unidas.
En cuanto a las reformas legales, obstáculo para investigar y procesar la corrupción, el Congreso Nacional de Honduras ha logrado algunos avances desde entonces. No obstante, se requieren más reformas. Los expertos de la ONU consideran crucial derogar disposiciones introducidas para obstruir la lucha contra la corrupción. Ejempos son leyes que dificultan la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y el lavado de dinero, aquellas que reducen las penas por corrupción y las que sancionan a activistas de la sociedad civil y periodistas que combaten la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
Control internacional
La propuesta de un mecanismo internacional no es novedosa para Honduras. En 2016, ante la ausencia de un poder judicial independiente capaz de liderar investigaciones penales, la Organización de Estados Americanos respaldó la creación de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Esta iniciativa surgió como respuesta a la intensa presión social desencadenada por el escándalo del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en 2015. Este incidente marcó el inicio de un enérgico movimiento de indignación ciudadana que demandó la creación de una comisión internacional contra la corrupción. Sin embargo, en 2020, la Presidencia de la República tomó la decisión de cancelar esta misión, lo que generó indignación a nivel nacional e internacional.
A dos años del inicio de su gestión, Xiomara Castro tiene dos importantes promesas pendientes por cumplir. Ambas constituyen los principales desafíos para refundar el país. La corrupción está enquistada en todos los niveles de gobierno y la impunidad representa un fuerte impedimento para la defensa de los derechos humanos. Ambas cuestiones requieren un compromiso serio del Estado hondureño. Esto implica que las autoridades aborden esta lucha no como un proyecto partidista, sino como un esfuerzo colectivo para mejorar la calidad de vida de todos los hondureños.
