El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia International es un indicador global que evalúa el nivel de corrupción percibido en el sector público de los países. Cada país obtiene una puntuación en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio). Para calcularla, se recopilan al menos tres y hasta trece fuentes independientes (como encuestas de expertos, evaluaciones de clima de negocios, organismos internacionales). Se evalúan dimensiones como soborno, desvío de fondos públicos, nombramientos clientelistas, luego se estandarizan y promedian para formar el puntaje final del país.
La clasificación permite ordenar los países según su nivel relativo de percepción de corrupción, y ofrece una herramienta para comparar tendencias en el tiempo. La corrupción debilita, por ejemplo, la lucha contra la crisis climática al desviar recursos y obstaculizar políticas ambientales, por lo que la transparencia es clave en uno de los grandes desafíos existenciales de la humanidad.
¿La clasificación actual y qué se puede esperar?
En la edición publicada en 2025 del Índice de Percepción de la Corrupción, que evalúa 180 países, la media global se mantuvo en torno a 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtuvieron puntuaciones por debajo de 50. Dinamarca (90 puntos), Finlandia (88) y Singapur (84) encabezaron el ranking con los niveles más bajos de corrupción percibida. Mientras, Sudán del Sur (8 puntos), Somalia (9) y Venezuela (10) ocuparon los últimos lugares, reflejando los mayores riesgos de corrupción.
En la región de las Américas, el promedio fue de 42 puntos. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe destaca que Uruguay obtuvo una de las mejores puntuaciones de la región (76 puntos) mientras que países como Venezuela (10 puntos) y Nicaragua (14 puntos) están en los puestos más bajos.
Dado que los resultados muestran una tendencia de estancamiento global, con pocos países mejorando de manera significativa y muchos sin cambios o incluso empeorando, es probable que la edición del próximo año muestre una situación similar salvo intervenciones fuertes de gobernanza.
Asimismo, cabe prever que el vínculo entre corrupción y cambio climático siga ganando relevancia como tema destacado, lo cual podría incentivar nuevas medidas de transparencia específicas en los ámbitos ambientales.
Lupa en América Latina
En América Latina la situación es particularmente crítica. Más de dos tercios de los países de la región obtienen puntuaciones por debajo del punto medio (50) en el IPC. Las debilidades institucionales, la falta de independencia judicial, los procesos de captura del Estado por élites económicas y políticas, y los altos niveles de impunidad alimentan este escenario.
Por ejemplo, en la región se documentan delitos ambientales vinculados a corrupción, tala ilegal, minería ilícita, tráfico de vida silvestre o crimen organizado que operan bajo redes de impunidad y escasa gobernanza. Esto afecta no sólo la percepción de corrupción sino directamente la calidad de la democracia, el desarrollo sostenible y la confianza ciudadana. En definitiva, para América Latina la corrupción no es un fenómeno marginal, sino estructural. Constituye un obstáculo grave al progreso, a la justicia y al cumplimiento de compromisos ambientales y de desarrollo.
