Las redes de crimen organizado en América Latina, que convergen entre estructuras regionales y extra-regionales, atraviesan hoy un boom económico histórico. Todo indica que 2024 probablemente se haya consolidado como el año más lucrativo para las economías ilícitas, con cifras récord registradas en el hemisferio.
Con el avance de lo que hemos denominado La Cuarta Ola de Crimen Transnacional (COT), el crimen organizado ha dejado de ser una amenaza periférica para la mayoría de los ciudadanos. Se ha convertido en un actor central, capaz de representar una amenaza existencial para la supervivencia de la democracia representativa y del Estado de derecho. La inundación de capitales ilícitos y prácticas corruptoras en la política, tanto a nivel nacional como regional, hace urgente comprender estos nuevos fenómenos y articular respuestas dentro de un marco institucional y democrático.
COT se caracteriza por operar con nuevos mercados, nuevos actores y modalidades inéditas. Los COT, incluyendo actores extra-regionales que irrumpen con audacia. Se comportan como agentes económicamente racionales que responden a las oportunidades emergentes y aprovechan las transformaciones de las economías ilícitas en todas sus manifestaciones.
Evolución del fenómeno
La primera ola fue representada por Pablo Escobar y el Cártel de Medellín. Fueron los pioneros en el movimiento de toneladas de cocaína hacia el mercado estadounidense a través de las rutas del Caribe.
Encabezada por el Cártel de Cali, la segunda ola perfeccionó un esquema más sofisticado de envío de cocaína a EEUU. Diversificó las rutas a través de Centroamérica y México. Hasta este punto, se trata de un producto (cocaína) hacia un mercado (EEUU).
La tercera ola, de la Revolución Bolivariana, se caracteriza por la criminalización de estructuras estatales que emplearon a grupos armados como las FARC, utilizando la producción y el tráfico de cocaína como instrumentos de política estatal y modificando funcionalmente ciertas políticas públicas. En este punto, el producto principal se diversifica (cocaína y oro) hacia un mercado principal (EEUU) con expansión hacia Europa.
La actual cuarta ola está marcada por la instalación de grupos extra-regionales, como la Ndrangheta italiana, las mafias albanesas o redes criminales turcas. Impulsan la expansión de drogas sintéticas y la explotación de oro ilícito. Estas organizaciones operan en muchos casos bajo la protección de gobiernos autoritarios, autodenominados de izquierda o de derecha, intercambiando capitales de los mercados ilícitos por protección política.
Control territorial
Esta cuarta ola no se define exclusivamente por la violencia, aunque tiende a registrar periodos especialmente sangrientos durante las disputas por el control territorial estratégico entre grupos locales al servicio del COT. Sin embargo, su verdadera amenaza radica en la capacidad de las organizaciones criminales para instaurar lógicas de gobernanza paralela, ejercer control territorial, penetrar instituciones y sustituir funciones propias del Estado.
Esta estrategia, muchas veces facilitada por la complicidad de redes políticas dentro del propio Estado. Produce un doble efecto: deslegitima al Estado, al evidenciar su incapacidad para combatir el crimen transnacional, y otorga legitimidad a los grupos criminales, que asumen funciones estatales —como proveer seguridad, generar empleos o impartir formas rudimentarias de justicia— con mayor eficiencia que las instituciones formales. Es una forma de poder que opera desde los márgenes, pero influye directamente en el núcleo mismo de la vida política, económica y social de nuestros países.
Estos actores criminales redefinen las reglas del juego en los territorios. Capturan funciones del Estado y corrompen las bases democráticas hasta que queda muy poco de la infraestructura institucional. Es un fenómeno que, siguiendo la analogía del virus descrito por Pablo Zeballos, se expande desapercibido inicialmente, hasta que mata al cuerpo anfitrión.
Convergencia transnacional
La evidencia de la nueva convergencia propia de la Cuarta Ola abunda en la actualidad. Un ejemplo claro se dio en junio de 2025, cuando un tribunal en Chile condenó a dos ciudadanos chinos, un albanés y un peruano por el tráfico de cocaína desde Valparaíso con destino a Róterdam, Países Bajos. Pocos días después, en una operación conjunta con la policía italiana y británica, las autoridades colombianas detuvieron en Santa Fe de Bogotá a Giuseppe Palermo, uno de los capos de la poderosa mafia calabresa, la ‘Ndrangheta.
Estos hechos constituyen claras muestras de las nuevas y peligrosas convergencias del crimen organizado transnacional en América Latina. Actores extra-regionales han tejido alianzas inéditas, construyendo superestructuras globales en coordinación con grupos criminales regionales y nacionales que controlan territorios e infraestructuras estratégicas.
Otro ejemplo paradigmático ocurrió en marzo 2025. Un equipo de fiscales en Arica, Chile lograron que un juzgado condenase a 34 miembros de la banda criminal Tren de Aragua por múltiples actos de violencia y homicidio. Es un grupo nacido en Venezuela y ahora operando a nivel regional, representante del fenómeno particularmente peligrosa como variante del COT: la Exo-Criminalidad de Riesgo (ECR).
Menos democracia, más autoritarismo
La otra cara de la moneda del debilitamiento de los estados democráticos es el crecimiento de un autoritarismo ideológicamente agnóstico. Se mantiene en el poder usando grupos del crimen organizado transnacional como instrumentos de la política del estado. El caso mas notable fue la alianza de los países Bolivarianos (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba) con las FARC cuando el grupo guerrillero era el productor de cocaína mas grande del mundo.
Dentro de los estados autoritarios que se definen por esas alianzas hoy en día están Venezuela, Nicaragua, y El Salvador. Cada uno sigue el mismo modelo de consolidación autoritario a pesar de la autodefinición de unos como de “izquierda” y otros como “derecha.” La brecha mas grande ahora no es, como en el pasado, entre ideologías de derecha e izquierda, sino entre la democracia participative e institucional o el autoritarismo en alianza con el crimen transnacional.
¿Hay salida?
América Latina no puede seguir atrapada entre la violencia criminal y la ilusión autoritaria que hoy se expande en diversas partes de la región. Este modelo se sustenta en mega cárceles, detenciones masivas sin pruebas, juicios colectivos sin derecho a una defensa adecuada y censura a medios independientes. La salida no está en ceder derechos básicos a cambio de una seguridad aparente —como propone el autoritarismo basado en la lógica del “enemigo interno”—, sino en construir seguridad para proteger los derechos.
De esta diferencia se desprende el futuro de la región: avanzar hacia una institucionalidad sólida y duradera, o caer en un autoritarismo cada vez más personalista. Superar la trampa autoritaria exige democratizar la seguridad, transparentar la información, empoderar a las comunidades, recuperar los territorios a través de la inclusión y reencantar a la ciudadanía con un Estado que funcione, proteja y rinda cuentas.
Como advirtió Giovanni Falcone, juez asesinado por la mafia italiana, “la insolencia del crimen organizado es del mismo tamaño que la ausencia del Estado”. Esa constatación esta más vigente que nunca en América Latina. Allí donde el Estado se ausenta, el crimen ocupa el espacio con poder, violencia y promesas vacías de orden. La verdadera salida no es resignarse a esa sustitución, sino reconstruir la legitimidad estatal desde la eficacia, la transparencia y la protección de los derechos ciudadanos.
