Este año dejó huella en naciones y territorios poco considerados en el debate latinoamericano. Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Belice son países poco visibles en la agenda regional, pero vivieron un año de definiciones.
En Georgetown, Irfaan Ali profundizó la sintonía con Washington; en Paramaribo, Jennifer Simons buscó equilibrio entre deuda y alianzas; en Cayena, Gabriel Serville desafíó a París; y en Belice, Johnny Briceño preservó la estabilidad democrática.
En conjunto, muestran cómo la bonanza energética, la fragilidad fiscal, el reclamo de autonomía y la estabilidad democrática conviven en un Caribe sudamericano y centroamericano en ebullición.
El rumbo de Guyana
La reelección de Irfaan Ali en 2025 confirmó el rumbo de Guyana como potencia emergente en el mapa energético global. Con una sólida mayoría parlamentaria, el oficialismo abrió un nuevo mandato con la promesa de transformar la bonanza petrolera en desarrollo social. Ali insistió en que los próximos cinco años serán “los más trascendentales” para reducir la pobreza y consolidar un Estado capaz de sostener la expansión económica.
El eje central de su estrategia internacional ha sido el alineamiento con Estados Unidos. Georgetown firmó acuerdos militares y de cooperación antinarcóticos, recibió respaldo explícito de Washington en la disputa por el Esequibo y se proyecta como socio estratégico en el Caribe. En septiembre, Ali anunció junto al secretario de Estado Marco Rubio una alianza contra el narcotráfico, en la que Guyana adoptó la narrativa estadounidense sobre el Cartel de los Soles y otras redes criminales que “socavan la democracia y el estado de derecho”. La alianza se profundizó en diciembre, cuando Georgetown firmó un convenio que permite al personal de seguridad estadounidense interceptar embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe.
Al mismo tiempo, Guyana mantiene vínculos estrechos con China, que financia infraestructura y minería, lo que obliga a una diplomacia flexible para evitar quedar atrapado en la rivalidad entre ambas potencias.
La presencia de ExxonMobil y Chevron, las dos grandes multinacionales estadounidenses, junto a la estatal china CNOOC, en el bloque Stabroek convierte a Guyana en escenario de la competencia energética global. Este colosal yacimiento simboliza mucho más que reservas de petróleo: es el punto donde se cruzan las ambiciones de Washington y Pekín en el Caribe.
Guyana alcanzó una producción de 900 mil barriles diarios, y las proyecciones apuntan a que podría superar los 1,7 millones por día hacia 2030. Estas cifras proyectan a Georgetown como actor clave en las rutas del petróleo y refuerzan la idea de que el crudo guyanés será un polo de poder en la próxima década.
Bonanza en espera para Surinam
La llegada de Jennifer Simons a la presidencia en julio de 2025 inauguró una etapa inédita. A sus 71 años, se convirtió en la primera mujer en gobernar Surinam, respaldada por dos tercios del Parlamento. Su mandato arranca en medio de una crisis fiscal que exige pagos anuales de unos 400 millones de dólares en deuda externa. Es una cifra que equivale a 10% del PIB y que limita la capacidad del Estado para invertir en desarrollo.
Simons debe navegar entre Estados Unidos y China. Con EEUU ha intensificado su acercamiento con gestos diplomáticos y promesas de inversión. Y China es su principal acreedor y socio en infraestructura tras la reestructuración de la deuda en 2024. Esa doble dependencia coloca a Paramaribo en una posición frágil. Necesita recursos frescos para sostener la estabilidad, pero no puede romper con Pekín ni desaprovechar la oportunidad de diversificar alianzas con Washington.
La apuesta por el petróleo es el gran horizonte de Surinam. En octubre de 2024, TotalEnergies y APA Corporation anunciaron una inversión de 10.500 millones de dólares para desarrollar un yacimiento ubicado a 150 kilómetros de la costa. La producción está prevista para 2028, y se espera que convierta al país en un nuevo exportador relevante de crudo en Sudamérica.
Esa expectativa de ingresos futuros alimenta la narrativa oficial y se presenta como la salida a la pesada carga de deuda que hoy limita las finanzas públicas. Pero la verdadera prueba de Simons será demostrar que el petróleo no es solo promesa, sino oportunidad para redefinir el rumbo de Surinam en su medio siglo de independencia.
Autonomía en disputa en Guyana Francesa
En 2025 la Guayana Francesa intensificó su reclamo de un marco institucional propio. El precedente abierto por Nueva Caledonia, “Estado” dentro de la República francesa, alimentó las demandas de un estatus que permita a Cayena ejercer competencias más amplias. El presidente del parlamento local, Gabriel Serville, y el diputado Jean-Victor Castor, se han convertido en las voces más visibles de esa presión. Articularon propuestas que incluyen mayor control sobre tierras, recursos naturales y planificación regional.
La tensión con París se hizo evidente en foros nacionales e internacionales. Serville advirtió que, si no hay un compromiso firme llevará el caso a la ONU para que el territorio sea considerado dentro de la lista de regiones a descolonizar. El gobierno francés, consciente de que la cuestión de los territorios de ultramar ya no puede postergarse, abrió grupos de trabajo para evaluar reformas constitucionales, aunque el camino sigue empinado.
El reclamo político se nutre de una realidad social crítica. Más de la mitad de los 292 mil habitantes vive bajo el umbral de pobreza, la minería ilegal y la migración indocumentada presionan las fronteras. Y las tasas de homicidios superan ampliamente el promedio francés. La desconexión territorial, con infraestructura limitada más allá de la base espacial de Kourou, refuerza la sensación de aislamiento.
La Guayana Francesa se presenta así como un territorio en disputa. Entre la dependencia financiera de París, la aspiración de autonomía y la urgencia de atender demandas sociales acumuladas durante décadas. El desenlace dependerá de si Francia está dispuesta a replicar el modelo de Nueva Caledonia o si seguirá calibrando el alcance de un cambio que parece inevitable.
Estabilidad con desafíos para Belice
En marzo de 2025, Belice reeligió con una amplia mayoría parlamentaria al primer ministro Johnny Briceño y el Partido Unido del Pueblo. La continuidad política se da en un entorno centroamericano marcado por crisis institucionales y retroceso de la democracia. Esto refuerza la imagen del país como excepción regional. Briceño, en el poder desde 2020, anticipó que este será su último mandato, lo que añade un aire de transición a su liderazgo.
La economía mostró un repunte notable tras la pandemia, con tasas de crecimiento que devolvieron dinamismo al turismo y al comercio. Sin embargo, la desigualdad social sigue siendo el gran desafío. La pobreza multidimensional descendió en los últimos años, pero persisten brechas profundas entre áreas rurales y urbanas. Y la cobertura de la protección social continúa siendo limitada. El reto inmediato es sostener la estabilidad política mientras se amplía la inclusión económica.
En el plano externo, Belice cultiva una identidad híbrida como miembro tanto de CARICOM como del SICA. Esto le permite al país actuar como puente entre dos espacios regionales con agendas distintas. Su diplomacia combina pragmatismo y continuidad. Mantiene vínculos estrechos con Estados Unidos en seguridad y migración, refuerza la cooperación con Taiwán en comercio e infraestructura, y ha abierto canales con Cuba.
El desenlace de este nuevo ciclo político marcará si Belice logra traducir su estabilidad institucional en un desarrollo más equitativo, consolidando su lugar como un país de estabilidad democrática en Centroamérica y el Caribe.
