En la madrugada del 15 de enero de 2024, un día después de lo establecido y luego de múltiples tensiones en el Congreso, Bernardo Arévalo tomó posesión como presidente de Guatemala. Un par de semanas más tarde, Nayib Bukele en El Salvador logró su objetivo de reelegirse como presidente en medio de un prolongado estado de excepción y numerosas denuncias de irregularidades.

En ambos casos y en el resto de Centroamérica podemos pensar en el viejo y conocido refrán «Por la víspera se saca el día». Una frase que augura un año más de inestabilidad y riesgos para la democracia en Centroamérica.

Nuevos y viejos autoritarismos

Los autoritarismos remanentes del siglo XX no han abandonado Centroamérica. Después de tres décadas emergen con fuerza, revestidos de nuevas formas y escudados en las formalidades de la democracia. Estos nuevos autoritarismos comparten patrones que se alimentan mutuamente.

Uno de ellos es el reforzamiento de los presidencialismos y la concentración de poder como ocurre en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Allí, las figuras presidenciales han adquirido preeminencia sobre otros poderes estatales. El segundo es el rompimiento de la independencia de los demás poderes del Estado como consecuencia de la concentración en el Ejecutivo.

Los enfoques militaristas y la militarización es otro de los patrones compartidos en Centroamérica. En Nicaragua, se expresa como la institucionalización de un Estado policial sobre toda la población. En cambio, en El Salvador, Honduras y Guatemala lo hace mediante la imposición de estados de excepción.

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Otro rasgo compartido en Centroamérica son los altos niveles de corrupción y la opacidad de la gestión pública, que ha dado lugar a amplias zonas grises y a la penetración de los grupos de crimen organizado en el Estado. Este es el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La corrupción se ha convertido en un mal endémico. En todos los países de la región hay presidentes, expresidentes o funcionarios que enfrentan denuncias y procesos judiciales por esa causa.

La restricción de derechos y persecución a ciudadanos también se ha convertido en un patrón común. En Centroamérica es posible identificar al menos ocho mecanismos comunes de persecución a personas defensoras de derechos humanos. Nicaragua destaca por las graves y masivas violaciones de derechos humanos, algunas de ellas excepcionales como el destierro y la desnacionalización de nicaragüenses.

La instalación de una dinastía

El régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo es una dictadura dinástica que busca perpetuarse en el poder a toda costa. Este proyecto autoritario quedó plenamente al descubierto en 2018 cuando la ola de protestas que emergió fue aplastada por una violencia estatal sin límites. Desde el 2023 se ha empeñado en institucionalizar el Estado policial impuesto en los últimos cinco años, mediante la aprobación de leyes utilizadas para perseguir y judicializar a quienes considera enemigos; además de reorganizar las instituciones estatales, incluido el Poder Judicial, para que sean funcionales al proyecto dinástico.

Actualmente mantiene una represión sostenida contra tres sectores clave: a) las organizaciones de sociedad civil de todo tipo, con la masiva cancelación, cierre y confiscación de miles de ellas para destruir uno de los capitales sociales más importantes del país; b) los ataques a la Iglesia católica con el encarcelamiento, destierro y expulsión de numerosos sacerdotes y religiosos, además de la profanación de templos, la prohibición de celebración de actividades religiosas públicas y la constante vigilancia sobre la feligresía; y c) el control sobre las instituciones educativas con la confiscación de 30 centros de enseñanza superior, la eliminación de facto de la autonomía universitaria y el establecimiento de programas de adoctrinamiento político entre los estudiantes.

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Estas acciones parecen sugerir la consolidación del régimen autoritario e incluso su radicalización. Sin embargo, muestran su debilidad frente a la profundización del descontento y la insatisfacción ciudadana, la acelerada erosión de sus bases de apoyo político y el aislamiento internacional que padece a pesar de sus esfuerzos por construir un eje de apoyo en países autocráticos latinoamericanos como Cuba, Venezuela, sus vecinos centroamericanos y otras regiones como Rusia, China e Irán.

El autoritarismo milennial

El presidente salvadoreño Nayib Bukele sigue un derrotero similar al de Nicaragua. El 4 de febrero El Salvador acudió a las urnas para reelegirlo en votaciones con resultados mayoritarios favorables.

El fenómeno Bukele emergió como un liderazgo joven mientras se desempeñaba como alcalde en Nuevo Cuscatlán y San Salvador. Al asumir la presidencia en 2019 se granjeó la simpatía de la población por su estilo de gobierno y su uso de las redes sociales. Él mismo se denominó «el presidente más cool».  En 2020, su tendencia autoritaria quedó al descubierto cuando decidió ocupar el Parlamento con un destacamento militar. Más tarde, la pandemia de covid-19 se convirtió en un factor clave para reforzar la concentración de poder.

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En 2021, logró el control de la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento. Esto le dio la oportunidad de llevar adelante un plan para frenar los altos niveles de violencia e inseguridad que azotan al país desde hace décadas. Esto lo enfatizó especialmente en las maras o pandillas, convirtiéndolo en el eje de su proyección política.  En marzo de 2022, luego de un fin de semana en el que se produjo un exponencial incremento de los homicidios, se decidió la implementación de un régimen de excepción que se mantiene hasta la actualidad.

Numerosas organizaciones sociales y medios de comunicación han denunciado graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las masivas detenciones y enjuiciamientos. Sin embargo, los resultados alcanzados hasta ahora en recuperación de los espacios públicos, la disminución de los homicidios y la tranquilidad de diversos espacios le granjeó una opinión pública favorable. Esto se tradujo en resultados electorales más que favorables a pesar de los señalamientos e irregularidades al proceso electoral.

Semilla de esperanza entre nubarrones

Después de agrias tensiones entre instituciones estatales y numerosos intentos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad para anular los resultados electorales, Bernardo Arévalo asumió la presidencia en Guatemala. Las tensiones se prolongaron durante la segunda mitad del 2023 luego de conocerse los resultados de las elecciones que dieron ganador a Arévalo. Incluyeron la impugnación de los resultados, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral, secuestro de documentos, intentos de eliminación del partido Semilla, y la crisis instalada en el Congreso el propio día de la investidura.

Los intentos del «Pacto de corruptos», una estructura de poder instalada en el Estado, que utilizó todos los recursos de este para impedir que Arévalo llegara a la presidencia, se enfrentó a los recursos legales y políticos del partido Semilla y del propio Arévalo. También se produjo una importante movilización social encabezada por los pueblos mayas.

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Los retos del nuevo gobierno son grandes porque no tiene presencia mayoritaria en el Parlamento ni en los gobiernos locales. Por ahora cuenta con el respaldo de numerosos sectores populares, incluidos los pueblos indígenas, pero tiene que lidiar con los graves problemas del país como la pobreza, discriminación, los altos niveles de corrupción. Y, sobre todo, tiene el desafío de sortear los intentos que el pacto de corruptos seguirá realizando para impedir cualquier cambio.