En un año pensado para la inmunización de la población y la reactivación del país, la atención se concentra en la forma en que el Gobierno encara su agenda política dejando atrás los desaciertos y asumiendo desafíos que demandarán consensos con las nuevas autoridades locales.
Golpeada no solo por la pandemia sino por una aguda crisis política en 2019, Bolivia necesita dejar atrás los tiempos de conflicto e incertidumbre y apoyarse en una agenda con certezas en la gobernabilidad. Los resultados electorales de 2020, con el respaldo mayoritario en las urnas para el gobierno del presidente Luis Arce, le dan la llave para consolidar la tan añorada estabilidad, pero aún las señales no son claras.
¿Cómo mirar Bolivia el 2021? Se pueden identificar cinco aspectos claves en la agenda política para entender el rumbo del país a mediano plazo.
Vacunas, la prioridad
En el mundo, 2021 será decisivo por cómo se lleve adelante la gestión de las vacunas y la inmunización masiva de la población. Esta tarea es prioritaria y, sin duda, una cuestión política por la disputa del producto más preciado del mercado global, en este momento.
La negociación de las vacunas está redefiniendo la geopolítica y abriendo muchas dudas sobre lo que esto pueda significar en un futuro. No ayuda la falta de transparencia escudada sutilmente en las denominadas claúsulas de confidencialidad o los límites de responsabilidad de los laboratorios.
En Bolivia, según el plan diseñado por el Gobierno, se vacunaría a 7,5 millones de personas mayores de 18 años, con más de 15 millones de dosis, para alcanzar la inoculación total en septiembre de este año. Una meta que parece poco probable de lograr por situaciones logísticas y una creciente confrontación con el sector médico por la nueva Ley de Emergencia Sanitaria.
En este punto, la contienda electoral juega, otra vez, un rol importante porque en las elecciones subnacionales del 7 de marzo se definían más de 2600 autoridades regionales que, a nivel de alcaldías y gobernaciones, serán decisivas en el proceso de inmunización. La salud es un tema de prioridad nacional. ¿Podrán establecer el gobierno central y los gobiernos locales una coordinación óptima?
A inicios de este año, el presidente Luis Arce parece haber condicionado las posibilidades: «Si no tenemos autoridades con las que se pueda coordinar a nivel de departamentos y municipios, va a ser difícil que el gobierno nacional pueda ayudarles». Y recientemente insistió: «piensen con la cabeza» a la hora de votar. El recambio en las administraciones locales puede resultar muy complejo cuando lo que se busca es lograr una logística eficiente que ayude a cumplir los objetivos de la inmunización.
Según el plan anunciado por el Gobierno, las vacunas destinadas a Bolivia son la rusa Sputnik V, la china Sinopharm y, a través del mecanismo COVAX, AstraZeneca y Pfizer, que son promovidas como las «dosis de la esperanza» y el discurso de que se está cumpliendo con la promesa de «recuperar la salud». Sin embargo, más allá de la euforia por esta gestión oportuna, quedan varios datos al margen que son importantes para disipar la incertidumbre. Hay preocupación y dudas que no se responden oportunamente, mientras la pulseta política concentra la atención.
Todo esto en medio de los escándalos como el vacunagate en Perú, las vacunas VIP en Argentina o los saltos de fila en Chile, que refuerzan la alarma de la falta de transparencia en la región.
Medidas ante la crisis económica
La llegada de la pandemia golpeó con fuerza a las economías mundiales y, ahora, en la fase de posconfinamiento en la que se busca la reactivación, los efectos negativos están en curso. Sin embargo, el informe Global Economic Prospects, de enero de 2021, avizora una recuperación moderada con un escenario positivo y otro negativo, ambos condicionados al manejo de la pandemia. En el mejor de los casos teniendo en cuenta un proceso de vacunación más rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse hasta un 5 %.
En casi cuatro meses de gestión, el presidente Luis Arce ha dejado claro que una de sus prioridades es la recuperación económica, para la cual anunció medidas sociales, financieras, fiscales, sectoriales y de «desmonte de la política neoliberal», pero las críticas apuntan a que no hay un plan estructural que responda a una verdadera reactivación.
Mucho de lo expuesto hasta ahora sigue girando en torno a lo que hizo o no el gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez, a quien acusan de haber dejado el país en cifras rojas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que en cinco meses (entre noviembre de 2019 y marzo de 2020) ya había una desaceleración intensa de la economía y con la pandemia se ratificó «el mal manejo».
Si bien hay medidas que se están aplicando de manera rápida, como el Bono contra el Hambre, la reprogramación o refinanciamiento de créditos y la creación de créditos al 0,5 % de interés, entre otras, no hay certeza suficiente para saber si los verdaderos problemas van a ser resueltos, y más aún si se mira la situación del país a mediano plazo. Uno de los desafíos es, entonces, una distribución de los recursos que efectivice las competencias de los gobiernos locales.
Educación, en debate constante
Con la justificación de evitar la propagación de contagios, y sin las condiciones para llevar adelante una educación virtual, en agosto de 2020, el gobierno interino anunció la clausura del año escolar y la aprobación directa de los estudiantes al siguiente nivel. La decisión fue duramente criticada y una muestra de cómo se dejaba en el limbo uno de los pilares de la sociedad.
Para esta gestión, el gobierno definió tres modalidades en su intento de reencaminar las actividades: presencial, semipresencial y virtual. Además, un apoyo didáctico a través programas de radio y televisión en los medios estatales. Pero los problemas se continúan acentuando: el deficiente servicio de internet y la falta de cobertura en zonas rurales, la baja alfabetización digital, la limitación de computadoras o celulares en los hogares y los costos que todo esto implica. El Estado no garantiza la educación de calidad que pregona y esto ha derivado en protestas de padres de familia y del sector de los maestros exigiendo mejores condiciones.
Según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), coordinado por la OREALC/UNESCO, Bolivia se ubica en lugar 13 en calidad educativa, entre 16 naciones evaluadas, donde Chile y Costa Rica lideran el recuento.
La llegada de la pandemia solo acentuó una problemática que tiene muchos años de postergación y que ahora trata de salir a flote con historias inspiradoras de estudiantes, padres o maestros, pero que están lejos de soluciones más integrales que corresponden al Estado en un nivel más activo y comprometido.
Justicia, la reforma que no llega
En diciembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, presentó un consejo de notables conformado por nueve reconocidos juristas para llevar adelante una ambiciosa reforma del sistema judicial a través de la modificación parcial de la Constitución.
Tres ejes contempla su propuesta: modificar las modalidades de elección de jueces, revisar y ajustar las leyes e implementar recursos tecnológicos. En dos meses la comitiva tuvo dos bajas y ningún avance concreto en los objetivos planteados. Pero el gobierno no ve que la reforma sea un fracaso, sino que «está en pausa».
El proceso encontró detractores en el mismo entorno, con jueces que rechazan rebajarse los salarios y observan algunos puntos. Pero ya se anticipó que la reforma se realizará aún sin ellos.
También en el ámbito de la justicia hay temas pendientes sobre la crisis del 2019 y la gestión de transición del 2020 que dejan grietas sociopolíticas. Este suspenso de reparación, según la politóloga Verónica Rocha, muestra que «aún el gobierno no se ha dado el tiempo de resolverlo y más bien pareciera que lo está viendo de una manera confrontacional».
Mantener la gobernabilidad, ¿a qué precio?
Luego de la anulación de las elecciones generales en 2019 y los comicios en plena pandemia, en 2020, pensar en la estabilidad del país no resultaba fácil, pero justamente esa era la promesa del partido entrante.
En la lógica de allanar el camino para que las acciones gubernamentales no encontraran tropiezos, el anterior Congreso aprobó modificaciones en el reglamento para que ya no fueran necesarios los dos tercios y se pudieran asumir decisiones sobre las sesiones, conformar comisiones especiales, aprobar ascensos en la policía y las fuerzas armadas o designar embajadores.
Avanzar incluso a costa de la polarización política y garantizar las necesarias acciones que la población demanda no es tarea fácil y depende de varios factores, pero todos deben llevar a priorizar el fortalecimiento democrático. El politólogo Daniel Moreno ve que, en términos reales, el Movimiento Al Socialismo tiene asegurada la gobernabilidad, aunque la forma en que la está logrando «no sea saludable para la democracia».
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