Una de las zonas colombianas que sobrelleva el paso de venezolanos hacia el sur del continente y hacia su regreso a Venezuela es la frontera con el Ecuador. Es el segundo paso fronterizo terrestre más importante del país y el paso obligatorio de los migrantes venezolanos en su caminata.
Desde que la crisis democrática, política, social y económica estalló en Venezuela y desató la migración masiva de venezolanos hacia varios países, Colombia ha afrontado de manera directa esta situación. No solo porque somos un paso obligatorio en su caminata hacia Suramérica, sino porque también nos convertimos en refugio de millones de ellos, poniendo a prueba la efectividad del Gobierno nacional y de los gobiernos locales para brindar equilibrio a migrantes y a nacionales, a través de políticas públicas en diferentes materias.
De un par de años para acá, se volvió cotidiano observar caminantes venezolanos por las carreteras de Colombia y a cientos de ellos atascados en los pasos fronterizos. Uno de los puntos más difíciles es el puente internacional de Rumichaca, en el departamento de Nariño, la frontera de Colombia con la República del Ecuador: un paso imposible de omitir para los migrantes venezolanos que desean desplazarse al resto de los países suramericanos y que ahora, tras la emergencia de salubridad que generó el COVID-19 en el mundo, ve cómo una cantidad importante de caminantes busca regresar a Venezuela, para que, como podría suponerse, la pandemia los sorprenda en casa.
Sin embargo, el paso fronterizo de Rumichaca, en medio de la migración masiva de venezolanos hacia Suramérica, ha sido testigo de lo inmanejable de la situación, en varias ocasiones. Valga resaltar que, según datos de Migración Colombia, en 2019 más de 419.000 ciudadanos venezolanos salieron de Colombia hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina desde el puesto de control migratorio de Rumichaca. Esta cifra no incluye a los venezolanos que partieron con el mismo rumbo a través de los pasos ilegales entre Colombia y Ecuador.
Las veces que Ecuador cerró sus fronteras, Colombia debió aumentar en un 30 % los oficiales que regularmente trabajan en el paso fronterizo de Rumichaca. En agosto de 2019 Ecuador exigió visa a los ciudadanos venezolanos que deseaban ingresar a su territorio; para esa fecha, un aproximado de 4.500 viajeros diarios pasaban por allí hacia el sur del continente. Muchos venezolanos no pudieron continuar su obligada travesía por ausencia del documento migratorio y se vieron obligados a instalarse en Rumichaca, en Ipiales o en el resto de municipios del departamento de Nariño. Según cifras de Migración Colombia, cruzadas con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Nariño tiene más de 13.669 migrantes venezolanos regulares con su PEP (permiso especial de permanencia), además de otros irregulares. Pasto, la capital del departamento, ocupa el primer lugar en la región y alberga a 5.522 venezolanos, seguida por Ipiales, la ciudad fronteriza con Ecuador, con 4.739. Nariño tiene el 0,75% de población venezolana migrante. en el puesto 18 de los 33 departamentos del país.
Las condiciones meteorológicas, la falta de oportunidades laborales para extranjeros y algún rastro de la temible xenofobia son algunas de las difíciles situaciones con las que se enfrentan los venezolanos en Nariño. A ello debe sumarse el miedo que ha sembrado una minoría de ciudadanos de ese país no solo en ese departamento, sino en todo el territorio colombiano, por su participación en robos, secuestros, asesinatos y otros delitos, lo cual no favorece a los miles de venezolanos de bien que solo buscan un refugio temporal o una solución para facilitar su camino hacia otros países o hacia Venezuela mismo, ahora en aumento como consecuencia de la pandemia mundial. Sin embargo, es importante resaltar que, desde la perspectiva de la salubridad, nos encontramos con un altísimo riesgo para los migrantes, sin condiciones de bioseguridad, y para los nacionales.
Con la emergencia del COVID-19, los venezolanos en situación de calle en el departamento de Nariño —al igual que en otros departamentos del país— no saben qué es confinamiento, ni mucho menos pueden pasar una cuarentena o un aislamiento preventivo obligatorio, y no por capricho, sino porque no tienen las condiciones para llevarlo a cabo. Ahora, si a esto le sumamos que la emergencia por coronavirus tomó a muchos venezolanos en la frontera entre Ecuador y Colombia, pues la atención lanza una alarma aún mayor. El 30 de abril, cuando la emergencia por COVID-19 empezaba a acentuarse en Colombia y el Estado decretó un aislamiento preventivo obligatorio y un cierre de fronteras terrestres, los venezolanos que huían de Ecuador para regresar a su país protagonizaron desmanes con la policía colombiana, que no podía dejar ingresar a personas por el paso fronterizo. Esta situación desató la desesperación de los venezolanos atascados en Rumichaca y prendió las alarmas de salubridad en el departamento.
Si bien la Gobernación de Nariño, en conjunto con la Alcaldía de Pasto, Migración Colombia y otras entidades estatales hicieron realidad la iniciativa de «Vuelta a nuestra patria, vuelta a Venezuela» que planearon ciudadanos venezolanos en Nariño buscando ayuda del Estado colombiano para regresar a su país, es imposible desconocer, y sería absurdo además, las trochas y los pasos ilegales entre Colombia y Ecuador que aumentan el riesgo de una emergencia de salubridad en el departamento de Nariño y que, en consecuencia, comprometen a Colombia. Sabemos que es apresurado e irresponsable emitir afirmaciones basadas en rumores o vagos comentarios, pero varios habitantes de Ipiales, Nariño, afirman que, pese a los controles migratorios en Rumichaca, los pasos ilegales parecen ser un punto ciego; gente que viene y va desde Ecuador hasta Colombia, entre ellos migrantes venezolanos que buscan desesperadamente llegar a Colombia. A principios de mayo, 300 ciudadanos venezolanos se aglomeraban en el puente internacional de Rumichaca buscando llegar al Táchira, entre ellos, mujeres embarazadas, ancianos, niños y bebés. Un foco de contagio originado en este grupo de personas pondría en jaque el sistema hospitalario de Nariño pues, según el gobernador del departamento, solo el 10 % de las 147 unidades de cuidados intensivos estarían disponibles para atender emergencias por el virus.
Esta situación muestra un escenario alarmante para la región nariñense. Si no se adelanta otras iniciativas para ayudar a retornar a Venezuela a los ciudadanos de ese país que han tenido que parar en Pasto, Ipiales y otros municipios del suroccidente colombiano, volveremos la crisis migratoria en crisis de salubridad, de economía y de seguridad. Desde hace unos días, migrantes venezolanos deambulan por los barrios de Pasto, pidiendo a gritos comida, vestido o refugio a altas horas de la noche, cuando es humanamente imposible salir a las puertas a auxiliar. Y en algunas pocas ocasiones, los vecinos de la ciudad han sido víctimas de hurtos a sus residencias, al intentar ayudar.
Entiendo que la prioridad en esta pandemia mundial se centra en fortalecer los sistemas hospitalarios y detener la curva de contagios para manejar la situación de manera eficaz. Sin embargo, la pandemia nos ha dejado otros problemas que no pueden esperar; la migración es uno de ellos.
Soy nariñense y, pese a que reconozco la ardua labor del Gobierno nacional por poner riendas para que la migración masiva de venezolanos ande y todo sea más llevadero, considero pertinente expresar, no solo al Estado colombiano sino al mundo, que los venezolanos que huyen de su país no están solo en Cúcuta o en las grandes ciudades de Colombia; tenemos capitales de departamentos con miles de venezolanos sin atención, instalados en las calles y exponiéndose a riesgos. Y, en consecuencia, exponiendo a riesgos a la comunidad. Esto, de cualquier forma, exige que la atención se centre de manera equitativa.
