En el libro CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo (Anagrama, 2014), el escritor italiano Roberto Saviano hace una descripción breve y puntual del origen de las llamadas maras, pandillas salvadoreñas creadas en Estados Unidos tras la emigración de miles de centroamericanos a ese país, quienes huían de los conflictos civiles y militares en los años ochenta y noventa del siglo XX en la región.
Las dos “alas” de estas pandillas, documenta Saviano, son la Mara 13 y la Mara 18, que cuentan, en conjunto, con un aproximado de 15.000 miembros en El Salvador, 14.000 en Guatemala y 35.000 en Honduras, dedicados a actividades como el narcomenudeo, “extorsiones, robos de coches u homicidios. Según el FBI, las maras son la organización de bandas callejeras más peligrosas del mundo”.
La actividad de las maras ha sido relacionada con cárteles de la droga mexicanos y con la extorsión contra miles de migrantes que cada año atraviesan la zona hasta el sur de México y con destino hacia Estados Unidos.
Es un grupo que destaca por su alto grado de violencia, por su organización aprendida de exmilitares y exparamilitares, y por la incapacidad de los Estados débiles para combatirlo. Como señala el propio Saviano, el crimen organizado prolifera y se extiende ahí donde los gobiernos son presas de la corrupción, donde las instituciones son precarias o simbólicas, y donde la ley es negociable al mejor postor.
Los costos políticos y sociales de estas organizaciones criminales son múltiples y van desde la descomposición del tejido social hasta la ruptura del Estado de derecho y la incapacidad de la autoridad de hacer valer la ley y mantener el monopolio de la fuerza. Los hay asimismo económicos, tal y como reporta el Banco Mundial, organismo que señala que tanto en Guatemala como en Honduras y El Salvador, el porcentaje de PIB destinado “a seguridad, procesos judiciales y atención médica derivados de la violencia extrema” es de 8 %, equivalente a 19.500 millones de dólares.
De igual modo, de acuerdo con el australiano Instituto para la Paz y la Economía, “el costo de la criminalidad y la prevención” se dispara a más de 19 % del PIB en Honduras, a 14 % en El Salvador y a cerca del 19 % en Guatemala; el gasto militar para combatir la violencia ha aumentado, por su parte, 27 % en Nicaragua y 18 % en Guatemala y Honduras.
El costo económico, social y político del crimen organizado en Centroamérica ha hecho sonar alertas que es prioritario atender; la omisión o la indiferencia hacia el tema han demostrado ser solo alicientes para el incremento de conflictos que son capaces de vulnerar hasta la raíz las instituciones del Estado y con ello sumir a la población en graves situaciones de indefensión. Falta, además de dinero, decisión política para alcanzar soluciones integrales de corto y mediano plazos, así como cooperación entre naciones para combatir el flagelo de maras, narcotraficantes y otras organizaciones criminales. (La información estadística de este texto fue tomada del diario El País, de Madrid, del 3 de agosto de 2014).
