Mientras las discusiones sobre el COVID-19 dominan los titulares en Brasil y en Europa, los problemas ambientales, especialmente la tala de la selva amazónica, están cayendo en el olvido, a pesar de que no hace mucho se divulgaron cifras que indican que las áreas deforestadas en el primer trimestre de 2020 aumentaron un 50 % respecto del mismo período del año pasado.
Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) muestran un aumento de 51 % del área total deforestada en la Amazonia Legal en el período entre enero y marzo de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado. La superficie desforestada en estos tres meses es de cerca de 800 km2, lo que corresponde a más de 100.000 canchas de fútbol. El INPE monitorea la situación por medio de imágenes satelitales utilizando el Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER).
Se trata del mayor aumento de la deforestación en el primer trimestre de los últimos cinco años. Especialistas consideran que detrás de estas acciones hay grupos organizados, de gran poder financiero y en gran parte criminales. Estos grupos son posiblemente los únicos capaces de disponer del equipamiento, materiales e infraestructura necesarios para acciones de estas dimensiones. Es importante destacar que los datos fueron recolectados entre enero y marzo, lo que descarta la posibilidad de atribuir estas altas cifras a circunstancias específicas de la pandemia.
Desde principios de 2019, las dos instituciones brasileñas más importantes para el monitoreo e inspección ambiental, el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) y el Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), han perdido su capacidad de acción. Algunas de las acciones para combatir la deforestación ilegal, como la incautación y destrucción de maquinaria y equipamiento de madereros y mineros, autorizadas por el decreto 6514, de 2008, fueron criticadas abiertamente por el presidente Bolsonaro.
Al contrario de las autoridades, los madereros ilegales y demás aventureros de la región amazónica no detuvieron sus actividades por el COVID-19. De esta forma, la expresión que ya se ha hecho famosa entre los ambientalistas de que «el talador no hace home office» demuestra que las actividades ilegales no han cesado durante la pandemia, y existen grandes chances de que aun empeore la ya crítica situación de la selva y de los pueblos indígenas de la región amazónica.
El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, declaró en repetidas ocasiones que es necesario reevaluar la estructura y el funcionamiento del Fondo Amazonas. A través de este fondo, Brasil recibe donaciones de recursos para proyectos en la región, principalmente de Noruega y Alemania. A mediados de 2019, las divergencias se agudizaron y los países donantes suspendieron temporalmente sus contribuciones. Además, este año el ministro Salles despidió al director de IBAMA, responsable del monitoreo de la deforestación. Llama la atención que la destitución se produjera dos días después de una importante operación realizada por esa agencia en el estado de Pará, en la que se incautaron más de 70 tractores y otros equipos pesados de madereros ilegales, después de que invadieran el territorio de la tribu indígena Ituna Itata. En la administración actual, el apartamiento de funcionarios de las instituciones ambientales no es infrecuente y se temen nuevos despidos en la Coordinación de Control de Deforestación de IBAMA.
También es controvertida la medida provisional 910, que establece nuevos criterios para regularizar la ocupación de tierras. Este decreto abre los territorios de las reservas ambientales y de las poblaciones nativas a la exploración de compañías de energía y minería. El gobierno argumenta que se espera que alrededor de 970.000 familias se beneficien de las nuevas reglas. Por otro lado, los políticos de partidos de oposición, los ambientalistas y los expertos ambientales creen que la medida legitimará las invasiones ilegales. Y que, además, el decreto favorecería a los terratenientes y perjudicaría a los pequeños productores rurales, así como a los pueblos indígenas que viven en áreas protegidas. La votación de la medida provisional fue postergada y reprogramada para el 20 de mayo.
Por lo tanto, causó sorpresa la creación del Consejo Nacional para la Amazonia Legal (CNAL) en febrero de 2020. El nuevo organismo fue fundado con el objetivo de coordinar las actividades de todos los ministerios en la protección de la Amazonia y promover el desarrollo sostenible en la región. La presidencia está a cargo del vicepresidente de la República, exgeneral Hamilton Mourão. Su concepción es vista como una reacción del gobierno, con el objetivo de mejorar la imagen de Brasil en el extranjero, tan afectada por recientes desastres ambientales como el aumento de la deforestación y los incendios fuera de control en la selva amazónica.
El CNAL podría ser útil en asuntos de negocios y de comercio exterior, para atraer potenciales inversores a Brasil, mostrándoles el compromiso del gobierno de Bolsonaro con la protección del medioambiente. No es casualidad que la creación del Consejo haya sido anunciada por Paulo Guedes, ministro de Economía, en la Conferencia Internacional de Davos.
La composición del CNAL plantea dudas por estar básicamente compuesto por militares y por la ausencia casi completa de representantes de otros sectores. Por otro lado, se considera que se está desarrollando una dinámica positiva, que podría ejercer presión sobre el Ministerio del Medio Ambiente para que vuelva a actuar con más determinación contra la creciente deforestación.
La creación de este organismo parece haber permitido cierto desplazamiento interno del poder en términos de política ambiental, y hace creer en la posibilidad real de reactivar y aprovechar los recursos del Fondo Amazonas, ya que esta fue una de las prioridades anunciadas por el vicepresidente. Sin embargo, será necesario no solo elaborar un nuevo plan nacional para combatir la deforestación, sino también mejorar la asignación de recursos humanos y la financiación del IBAMA y el ICMBio. Con las nuevas atribuciones y competencias del CNAL en manos del vicepresidente, puede haberse abierto una ventana de oportunidad que permitiría encontrar nuevas posibilidades de políticas y proyectos de protección para la Amazonia brasileña.
La esperanza es que dentro del gobierno brasileño prevalezca la comprensión de que la protección del bosque no excluye la posibilidad de un desarrollo sostenible en la región. Para establecer un pronóstico respecto a esto, aún será necesario responder varias preguntas abiertas sobre la composición, el funcionamiento y la definición de prioridades del Consejo. Si bien la pandemia puede empeorar el problema de la deforestación, es legítimo cuestionar si habrá suficiente voluntad política y recursos para combatir la deforestación en un momento en que la economía atraviesa sus momentos más difíciles. La actitud del Ministerio del Medio Ambiente y las declaraciones del presidente de la República hasta el momento no dan muchas razones para el optimismo.
Traducción: Manfred Steffen
