Pocos son los países de Latinoamérica donde funcionarios, políticos y presidentes no hayan sido salpicados por el cemento corrupto de una de las empresas constructoras más grandes del mundo, de origen brasileño.
La debilidad y la ambición del hombre por el dinero viene desde muy lejos. Quizás la traición de Judas Iscariote fue la primera que quedó documentada. Hoy en muchos países ha tomado dimensiones dantescas. Donde los controles son muy poco efectivos, se hace más fácil lograr impunidad, sobre todo cuando los organismos encargados de combatir los delitos no son capaces de aplicar sus normas a las personas que las trasgreden.
Este accionar es especialmente peligroso dentro del Estado. Si el conjunto de instituciones que están para organizar y regular la sociedad se encuentran dominadas por la corrupción, se hace casi imposible garantizar un mínimo de bienestar y de seguridad a los ciudadanos.
La tendencia se agudiza en aquellos Estados políticos donde el Ejecutivo no necesita negociar con otros partidos, o controla totalmente al Legislativo y a buena parte de la justicia, y resulta más fácil que unos pocos se apoderen de las decisiones públicas. Un claro ejemplo de ello son los países que han tenido gobiernos que, bajo un aparente manto democrático, han logrado el poder absoluto, como Argentina entre 2003 y 2015, Bolivia desde 2006 hasta la fecha, Brasil entre 2003 y 2016, Ecuador desde 2007 hasta la fecha, Panamá entre 2009 y 2014, Venezuela desde 1999 hasta la fecha, por nombrar los casos más resonantes.
Más allá del lógico perjuicio al erario público, hay consecuencias sobre el capital social cuyos efectos se manifiestan particularmente a través del accionar de redes clientelares que suelen enquistarse en la administración pública y operan a través de los cargos oficiales en favor de intereses particulares, normalmente vinculados a satisfacer a su clientela.
La red clientelar tiene una estructura de carácter jerárquico, donde cada elemento responde ante un superior o patrón, a quien se debe obedecer mediante criterios más personales que profesionales. Este fenómeno, conocido también como amiguismo o padrinazgo, hace desaparecer la separación que existe entre la esfera pública y la privada, permite el abuso de los poderes públicos y genera ineficiencias en los procesos de selección y gestión. Los efectos de esta trama de carácter jerárquico se traducen en una reducción de los niveles de capital social o de confianza interpersonal entre los ciudadanos.
Este tipo de confabulación jerárquica, propia de las mencionadas relaciones de padrinazgo o clientelares, inhibe la relación horizontal entre los niveles inferiores de la estructura de la red. La posibilidad de prosperar pasa por la recompensa a la lealtad mostrada ante el patrón o el caudillo.
Latinoamérica posee un gran potencial económico, humano, medioambiental y cultural que está condicionado por estigmas como la gran pobreza y la corrupción. Esta región es, junto con África, la de mayor desigualdad social del mundo. Se ha avanzado poco y nada en corregir esta auténtica tragedia en los últimos años.
Por ello es necesaria una vigilancia horizontal entre los poderes políticos o una mayor fiscalización de los actos del gobierno para que estén siempre relacionados positivamente con el control de la corrupción, de suerte tal que los cimientos de esta sean cada día más débiles.
Jorge Dell’Oro | @dellOroJorge
Consultor en comunicación política
