Las últimas dos semanas han transcurrido como un torbellino para Nicaragua. El 9 de febrero, Daniel Ortega decidió unilateralmente liberar a 222 personas prisioneras políticas. Sin embargo, los embarcó en un vuelo hacia Estados Unidos a la vez que los despojaba de su nacionalidad, sus derechos civiles y políticos, y decretaba su destierro de Nicaragua. Unos pocos días después, el 15 de febrero, los tribunales de justicia controlados por el mismo Ortega condenaron en ausencia a 94 personas más, la mayoría de ellas en el exilio, acusándolas de traidoras a la patria, también despojándolas de su nacionalidad, sus derechos ciudadanos y confiscando sus bienes dentro del país.

Ambos acontecimientos marcan un punto de inflexión en el escenario político nicaragüense porque representan una escalada más en el nivel de violencia estatal, pero también porque abre una ventana al fortalecimiento de las fuerzas opositoras.

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La liberación de las personas prisioneras políticas generó un amplio sentimiento de alivio y alegría entre todos los nicaragüenses porque es ampliamente conocido que durante su cautiverio fueron expuestas a torturas y malos tratos, algunas de ellas por casi dos años. Este tratamiento se extendió a sus familiares. Mientras tanto, la noticia del despojo de nacionalidad y confiscación de propiedades a 94 personas más —entre las que se encuentran reconocidos escritores, periodistas, académicos, líderes políticos, defensores de derechos humanos, entre otras— generó rechazo, temor y preocupación entre la sociedad nicaragüense pero también en la comunidad internacional. A eso se agrega el encarcelamiento y la sentencia de 26 años de prisión para el obispo Rolando Álvarez, quien se encontraba bajo arresto domiciliario y se negó a abandonar el país el 9 de febrero junto a las otras personas prisioneras políticas.

Un régimen sumamente débil

Indudablemente, estos hechos marcan un cambio significativo en el nivel de violencia estatal empleado por el gobierno que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. Muestra también el nivel de debilidad en la estructura de poder que vino experimentando un proceso acelerado de erosión que ya llega al nivel más cercano a la pareja presidencial. Desde 2021, cuando aseguraron su continuidad en los cargos a través de unas elecciones irregulares marcadas por elevados porcentajes de abstención, Ortega y Murillo desencadenaron la institucionalización del Estado policial impuesto sobre la ciudadanía desde 2018. Ese proceso consiste en la creación de un marco jurídico que legaliza las políticas represivas, la vigilancia y el control de la población, y dispone toda la institucionalidad estatal a su servicio. El propósito es asegurar la continuidad de su proyecto político dinástico y autoritario a toda costa.

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La pareja Ortega-Murillo intentó compensar la falta de legitimidad ciudadana, consiguiendo otra proveniente de actores clave como la empresa privada y la Iglesia católica. Cuando no lo pudo conseguir, emprendió una ola de violencia que incluyó el uso del terrorismo fiscal en contra de negocios y empresas, allanamientos y confiscaciones a templos y radios católicas, encarcelamiento y juicios espurios a sacerdotes. Entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, secuestrado de su parroquia, recluido en arresto domiciliar durante varios meses y luego enviado a un centro penal a cumplir una condena de 26 años acusado de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas» por negarse a abandonar Nicaragua el 9 de febrero pasado.

La represión se radicaliza

La policía y el poder judicial de Nicaragua se han convertido en los instrumentos más visibles de ese sistema de represión instalado sobre la sociedad nicaragüense y sobre sus propios partidarios, varios de ellos sometidos al mismo tratamiento que los opositores.

La radicalización represiva ha recibido el rechazo de la comunidad internacional. Los gobiernos de España, Chile y Argentina han ofrecido conceder la nacionalidad a las 316 personas despojadas por Ortega-Murillo. Colombia ofreció la nacionalidad al escritor Sergio Ramírez, uno de los nicaragüenses despojados de la suya nacionalidad, y además se pronunció, igual que Costa Rica, con preocupación por estas nuevas medidas. El presidente de México, Manuel López Obrador, primero evadió pronunciarse públicamente y luego anunció que abrirán las puertas del país para dar asilo a los nicaragüenses. Además, reveló que en meses anteriores había enviado una carta a Ortega pidiendo que Dora María Téllez, exguerrillera que se encontraba prisionera, pudiera viajar a México a recibir atención médica, pero nunca recibió respuesta. Otros gobiernos latinoamericanos no se han pronunciado sobre la situación de Nicaragua.

Cambio en el escenario político

La sucesión de acontecimientos suscitados durante las últimas dos semanas, indudablemente, abre un nuevo escenario político para Nicaragua, poniendo en evidencia que Ortega busca una negociación política con Estados Unidos, a pesar de que insistentemente lo niega. La liberación de las personas prisioneras políticas fue el primer paso en esa dirección, considerando que el gobierno norteamericano así lo había advertido en varias ocasiones. La razón por la que ansía tanto esa negociación es que, a pesar de su reiterado discurso antiimperialista y anticolonialista, a quien reconoce como interlocutor es a Estados Unidos. Otra razón por la que busca esa negociación es porque observa con atención los procesos en Venezuela y Cuba.

La reciente aparición pública de Humberto Ortega, hermano de Daniel y general retirado y uno de los jefes más influyentes del ejército a inicios de los años noventa, revela que hay posiciones diferenciadas al menos entre dos líneas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): la línea de la militancia histórica y la de los militantes más recientes. En su comparecencia, entre otros aspectos, dos de los más llamativos giraron en torno a la visión que tiene de salida para la crisis que incluye una negociación y elecciones; el otro se refiere a la confrontación con la Iglesia católica, especialmente a la situación del obispo Rolando Álvarez.

Situación de la oposición

La oposición, aunque golpeada y débil por la ola represiva iniciada desde 2021, se ha mantenido activa tanto dentro como fuera del país y tiene en curso varias iniciativas para la conformación de un frente amplio. La liberación de las personas prisioneras políticas se convierte en un factor favorable para la recomposición y fortalecimiento de estos esfuerzos, una vez que un buen grupo de ellas se reincorpore a las actividades, especialmente aquellos que son reconocidos por su liderazgo.

A la vez, plantea un reto importante porque, en efecto, la conformación de un frente o alianza amplia que aglutine a las fuerzas democráticas de oposición se convierte en un reto central para responder a la demanda de la sociedad nicaragüense que así lo ha urgido desde 2018, y a la comunidad internacional. Adicionalmente, contribuiría a fortalecer la proyección política de la oposición, así como sus estructuras organizativas dentro y fuera del país.

Aumenta el descontento con Ortega

Las erráticas decisiones de Daniel Ortega, particularmente la decisión de liberar las personas prisioneras políticas, desterrarlas, despojarlas de nacionalidad y derechos ciudadanos, así como confiscar sus bienes, en lugar de conseguir el respaldo de la comunidad internacional incrementó el rechazo. De tal manera, ha obligado a gobiernos como Argentina y México a pronunciarse de manera más clara, a diferencia de ocasiones anteriores en las que estos guardaron silencio o hicieron declaraciones tímidas. Es muy probable que otros países adopten nuevas medidas de presión.

Ortega se ha granjeado una mayor animadversión y descontento entre los nicaragüenses, sobre todo porque insiste en su abierta confrontación con la Iglesia católica y en restringir las libertades religiosas a la feligresía.

En términos políticos, tal parece que Ortega prevé un escenario de competencia electoral en el corto plazo. Por eso adoptó la medida desesperada de inhabilitar a todas las personas liberadas y a otras 94, «traidoras», para impedir que participen en una eventual elección. Pero, aunque el escenario fuera diferente, Ortega se encuentra en una posición de suma debilidad en la que ya sólo puede sostenerse por la fuerza de las armas.

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