El 21 de abril pasado, los ecuatorianos votaron sobre 11 preguntas propuestas por el Ejecutivo presidido por Daniel Noboa Azín. El mandatario obtuvo un importante apoyo de los votantes sobre una serie de medidas de seguridad para combatir la delincuencia.
Noboa Azín es hijo de Álvaro Noboa Pontón, uno de los hombres más ricos de Ecuador, con empresas en el sector bananero, agrícola, del plástico, los seguros, entre otras. Llegó a la Presidencia de la República en noviembre de 2023 tras un convulso período de inestabilidad. Su predecesor, el exbanquero Guillermo Lasso Mendoza, declaró la muerte cruzada al ser incriminado por corrupción, un mecanismo que rige el proceso de destitución del presidente y el Congreso. Noboa Azín deberá completar el período presidencial para el que Lasso fue electo, que termina en mayo de 2025.
Con claras intenciones de candidatarse nuevamente, el actual presidente logró convocar a una consulta popular y referéndum en el que puso a consideración de los ciudadanos diez preguntas relacionadas a la seguridad, al sistema de justicia y a la economía.
Derrota en medidas económicas
Noboa pretendía que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversiones contractuales o comerciales. También buscaba reformar el Código de Trabajo para que se posibilite el trabajo por horas. En ambos ganó el no y el gobierno, sin mayor esfuerzo de vocería, esperaba un resultado favorable.
Con pocas y confusas intervenciones ante medios y funcionarios del régimen, como la ministra de Trabajo, se intentó convencer a los ecuatorianos de que el trabajo por horas sería beneficioso. Sin embargo, las organizaciones y vocerías de jóvenes, cercanos a la defensa del medioambiente, lograron posicionar que, en en un país en el que uno de cada dos trabajadores tiene un empleo formal, la posibilidad de que haya una contratación por horas solamente ahondará las condiciones de precarización. Eso significaría, por tanto, mayores dificultades en acceder a derechos laborales como jubilación o pago por vacaciones o enfermedad.
Algo similar ocurrió con la pregunta que pretendía aprobar el arbitraje internacional como método para resolver controversias. Las vocerías contrarias a esta pregunta advertían que podría ser una decisión contraria a los intereses soberanos del país que podrían ubicar a las transnacionales por encima del Estado.
Además, se revivió un viejo fantasma judicial: el caso Chevron, por el que Ecuador podría pagar una millonaria suma tras un laudo en La Haya en 2018. Según este, el país habría denegado justicia a Chevron en un juicio con serias denuncias de irregularidades, ventilado en una corte local. Ese proceso condenó a la empresa estadounidense a pagar nueve millones y medio de dólares por supuestos daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana.
Foco de violencia
Históricamente, Ecuador ha estado alejado de las dictaduras de América del Sur y de los conflictos armados que vivieron por años sus vecinos Perú y Colombia. En 2018, empezó a convertirse en un foco de violencia. Masacres carcelarias dejaron más de 500 personas asesinadas. Hubo ataques con explosivos en distintos puntos del país y al menos 14 políticos asesinados en los últimos dos años.
Aunque ya en 2022, el país se había situado como el décimo más violento en América Latina, en 2023 logró superarse. Ese año cerró con índices históricos: más de 40 muertes violentas por cada cien mil habitantes. En ciertas zonas, incluso superó las 100 muertes por cada cien mil habitantes.
A principios de 2024, además, se dio un hecho sin precedentes: un grupo armado atacó la sede de uno de los principales canales de televisión de Guayaquil, de las ciudades que concentra más violencia. Hombres encapuchados apuntaron con armas al personal y sometieron con granadas a un presentador de televisión. Todo fue transmitido en vivo. El hecho provocó que el presidente decretara un conflicto armado interno nombrando a una veintena de organizaciones como terroristas.
Cambio de paradigma en seguridad
Con ese contexto, no resultaba extraño que los ecuatorianos votaran a favor de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad alrededor de las cárceles. También se permitió la extradición de ecuatorianos que hayan cometido crímenes. Se aumentaron las penas para ciertos delitos como el narcotráfico, terrorismo o lavado de activos. Y se prohibió la prelibertad, un cumplimiento de la pena fuera de la prisión por un período determinado, para ciertos delitos.
Para un país sin antecedentes de violencia extrema, esto es un cambio de paradigma. Evidencia, además, que la seguridad se convirtió en un asunto de supervivencia. Los ciudadanos se mostraron dispuestos a entregar más poder a las fuerzas policiales y militares, a cambio de la posibilidad de garantías para su vida.
Eso, a pesar de que hay indicios de que la Policía y Fuerzas Armadas podrían también estar infiltradas por el crimen organizado. Los casos Metástasis y Purga, que investiga la fiscalía ecuatoriana, han revelado en los últimos meses, una estructura compuesta por jueces, fiscales y oficiales de la Policía, al servicio de organizaciones delincuenciales.
Además, en febrero pasado, apenas días después de un pico de violencia, se registró un caso que pone en duda el trabajo del Ejército: Javier Vera, un joven de 19 años murió tras un confuso incidente con militares, en medio de una requisa en Guayaquil. Su familia denunció al estado por ejecución extrajudicial.
La narrativa desde Presidencia ha tendido a utilizar lenguaje de guerra y a posicionar como “enemigo” a quien cuestione a las Fuerzas Armadas o las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad.
Mirada acotada
El objetivo parece más bien político: simplificar un problema muy complejo a un asunto de buenos versus malos. En un año preelectoral para Ecuador, en el que el Presidente de la República ya ha anunciado sus intenciones de ir a la reelección, esa narrativa puede ser rentable.
Sin embargo, deja de lado las soluciones a largo plazo y con una mirada regional. La respuesta militarista puede ser parte de las medidas a tomar pero sin propuestas de fondo para la desigualdad, la falta de servicios básicos, el fortalecimiento institucional del Estado, el ataque a las economías ilegales y el trabajo coordinado en el combate al crimen transnacional, resultará insuficiente.
