Transición «a la uruguaya» en medio de la pandemia

Los desafíos son varios y, a la uruguaya, gobierno y oposición asientan el recambio político. Análisis de los principales temas […]
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15 May, 2020
Presidente Luis Lacalle Pou anuncia medidas de emergencia frente a la pandemia | Foto: Presidencia de la República, Uruguay

Articulo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

Los desafíos son varios y, a la uruguaya, gobierno y oposición asientan el recambio político. Análisis de los principales temas de la agenda.

Uruguay, el país pequeño ubicado al sur de América del Sur, muestra algunas singularidades en medio de la pandemia por el COVID-19. La más mediática es la acción humanitaria que se viene llevando a cabo en las últimas semanas para salvaguardar la salud de viajeros y tripulantes del crucero australiano Greg Mortimer. Esto le ha valido titulares de prensa en medios como la BBC o Europa Press. Pero además es el único país al que la pandemia sorprendió en plena transición de gobierno. El 1° de marzo de 2020 el saliente presidente Tabaré Vázquez entregó la banda presidencial a Luis Lacalle Pou. Este hecho marcó el fin de un ciclo de 15 años del Frente Amplio en el poder y, con ello, un relevo casi total en las posiciones de gobierno y la orientación política. Tan solo trece días después —cuando aún quedaban muchos cargos por adjudicarse— se detectaron los primeros casos de COVID-19.

La incertidumbre era tan alta como el desafío que tenían que asumir las nuevas autoridades. Es que, por un lado, el escenario político muestra a un presidente que debe apoyarse en una coalición inédita en la historia del país, conformada por cinco partidos. Dos de ellos son viejos conocidos, el Partido Nacional, que lidera el presidente Luis Lacalle Pou, y el Partido Colorado. Pero a ellos se suman los nuevos fichajes: Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. Por otro lado, está el contexto socioeconómico. Luego de un período de buenos desempeños, el país da señales de deterioro. Los datos más recientes dan cuenta de un persistente estancamiento económico, déficit fiscal que llega al 5 % del PIB, desempleo en aumento que llega al 10,5 % en febrero, inflación del 9 %, pobreza relativamente baja del entorno del 8,8 % de la población y una tasa de informalidad del 25 %. La pandemia del COVID-19 ha impactado fuertemente, como en todo el mundo, y estos indicadores se verán agravados por los efectos de la crisis sanitaria. El FMI prevé una caída del 3 % para la economía uruguaya en 2020, pero con un rebote para 2021 que se estima en un 5 %, lo que, de ser así, significaría una recuperación importante.

Las primeras medidas del Gobierno

Desde su asunción, y en esos pocos días donde los uruguayos miraban la pandemia de reojo, el novel gobierno procuró atender algunos de los temas que había posicionado durante la campaña electoral. La agenda del Poder Ejecutivo se orientó rápidamente a abordar la política económica, algunos aspectos de la seguridad interna y la atención a sectores agropecuarios en dificultades. En tal sentido, entre las primeras medidas se establecieron topes máximos para la ejecución presupuestal del año corriente, patrullaje militar en zonas de frontera y beneficios fiscales para aliviar la situación de sectores agropecuarios. Pero, principalmente, el Ejecutivo se estaba preparando para dar ingreso al Parlamento de un proyecto de ley de urgente consideración (LUC) largamente anunciado y que, como veremos, ha marcado un antes y un después en la relación entre oficialismo y oposición.

Momentáneamente, la estrategia del Gobierno de presentar la LUC se vio truncada por la crisis sanitaria. Ello obligó a un cambio de prioridades en la agenda. El Ejecutivo optó por extremar las medidas para frenar la propagación del virus y anunciar de forma paulatina una serie de disposiciones orientadas a preservar la cadena de pagos y contener las consecuencias sociales de la crisis. En general, las medidas han ido en consonancia con las estrategias recomendadas por la OMS: suspensión de clases, protocolos y controles sanitarios; y otras de carácter socioeconómico: ampliación del seguro de paro, ampliación de políticas sociales focalizadas, aplazamiento de aportes de empresas, líneas de subsidio y crédito para sectores más vulnerables. Ahora bien, en lugar de ir hacia una cuarentena general, se exhortó a mantener una cuarentena voluntaria, aspecto que generó chisporroteos entre oficialismo y oposición pero donde Uruguay ha conseguido resultados positivos en comparación con sus vecinos de la región. El otro aspecto a tener en cuenta es el rol de organismos multilaterales que respaldaron al país con líneas de crédito contingentes.

No sin dificultades, el Parlamento restableció su trabajo con algunas adaptaciones que garantizan el distanciamiento social. Aunque ya no están presentes algunos líderes históricos, como los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Pepe Mujica, que por su edad son parte de la población de riesgo.

La emergencia sanitaria encontró a un sistema político unido y dispuesto a votar por unanimidad una serie de medidas de enorme relevancia. Entre ellas se destacan proyectos para la implementación de la telemedicina, creación de un fondo económico de emergencia basado en la reducción de salarios de políticos y empleados públicos de altos ingresos, exoneraciones de aportes patronales, inclusión del COVID-19 en la lista de enfermedades profesionales y prórroga de las elecciones departamentales que estaban previstas para mayo de este año.

La Ley de Urgente Consideración

Pero el clima de cooperación entre oficialismo y oposición cambió radicalmente cuando el Gobierno decidió retomar su agenda, aún en el actual contexto de la pandemia. Nuevamente la singularidad del hecho concitó la atención de algunos medios internacionales. El País de España, por ejemplo, tituló: «Uruguay inicia un maratón legislativo para achicar el Estado y endurecer el Código Penal. El gobierno de Lacalle Pou envía al Congreso una ley de 502 artículos que la oposición considera antidemocrática e inconstitucional». Veamos.

En Uruguay, el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto. A diferencia, por ejemplo, de Argentina, no existe el decreto de necesidad de urgencia. Lo más cercano a un instrumento de decreto es el proyecto de ley de urgente consideración. ¿Por qué? Porque, si bien tiene que ser enviado al Parlamento, hay un plazo perentorio, luego del cual, si el Parlamento no se expide, queda firme el proyecto del Ejecutivo y se convierte en ley. Esto lleva a que los legisladores trabajen a contrarreloj. Dicha cuenta puede admitir entre un mínimo de 75 días, un plazo intermedio de 90 días, o un máximo de 100 días, dependiendo de las modificaciones y aprobaciones de las Cámaras (artículo 168, inciso 7 de la Constitución). Para tener una noción de su singularidad cabe señalar que desde la reapertura democrática en 1985 se enviaron al Parlamento 13 proyectos de este tipo, en su mayoría, referidos a algún tema en particular.

Pero este proyecto no refiere a un tema particular, sino que en sus 502 artículos sintetiza buena parte del programa de la coalición de gobierno (política económica, seguridad, educación, vivienda, empresas públicas, entre otros temas). En la jerga técnica se le llama proyecto de ley ómnibus. Por ello ha dado pie a distintas interpretaciones. Dependiendo del lugar político desde donde se mire, se lo cataloga como válido, o como un abuso, o como inconstitucional. Con este proyecto el oficialismo retoma su agenda de gobierno y espera aprobar (podríamos decir que al por mayor) una batería de medidas a través de la LUC.

Para ir redondeando, por el momento, parece ser que el Gobierno viene salvando con buena nota el desafío de gestionar esta crisis. Tal es así que Lacalle Pou lidera el ranking de aprobación de jefes de Estado en manejo de crisis realizado por IPSOS. A nivel local, la empresa Equipos Consultores afirma que el 65 % de los uruguayos apoya su gestión. No obstante, dicha aprobación es coincidente con el período de mayor aceptación de un gobierno, conocido como período luna de miel. El deterioro de los indicadores socioeconómicos probablemente impactará en la aprobación del Gobierno, pero esto está por verse. Por último, cabe mencionar que Brasil —país con el que Uruguay comparte frontera— es un factor que empieza a preocupar al Gobierno, dado que se ha consolidado como el mayor foco de coronavirus en América del Sur.

Los desafíos son varios y, a la uruguaya, gobierno y oposición asientan el recambio político en la agenda del país.

Alejandro Guedes

Politólogo y magíster en ciencia política por el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay.

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