En menos de una semana el país fue sacudido por dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que generaron una ruptura del orden constitucional y configuraron un golpe de Estado (o autogolpe, como refieren algunos).
Todo inició cuando esta Sala, que se encuentra (de facto) por encima del mismo Tribunal y del resto de los poderes públicos en la Venezuela chavista, abrió un juicio de forma exprés, a solicitud del diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada minoritaria del PSUV, y generó la sentencia n.º 155. Esta anula el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 21 de marzo de 2017 que alentaba la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La sentencia inicia «la apertura de un proceso de control innominado de la constitucionalidad», ordena al presidente de la República Bolivariana de Venezuela «ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional», invocando un «estado de excepción», y redefine los límites de la inmunidad parlamentaria asomando la posibilidad de iniciar juicios penales a diputados.
Con apenas 48 horas de diferencia, y después de que el Consejo Permanente de la OEA finalizara su sesión del martes 28 de marzo sin una declaración final sobre la implementación de la Carta Democrática a Venezuela, la Sala Constitucional publicó la sentencia n.º 156 en la que, dando curso al «proceso de control innominado de la constitucionalidad», decidió asumir las competencias totales de la Asamblea Nacional, liquidando el Poder Legislativo y ocasionando una evidente ruptura del orden vigente.
La Mesa de la Unidad Democrática, la comunidad internacional e incluso sectores internos del chavismo le salieron al paso a esta última publicación. Perú retiró a su embajador, Chile y Colombia llamaron a los suyos a consulta. Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, España, Brasil, la Unión Europa, entre otros, emitieron comunicados de rechazo. Pero de todas las voces disidentes, la que más destacó fue la de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha ejercido el cargo de forma ininterrumpida durante una década de lealtad al oficialismo. Ortega, nombrada por Chávez en la posición que ostenta, rechazó la ruptura del orden constitucional. Sin embargo, nunca informó las medidas a tomar contra los magistrados. Un día después acudió al Palacio de Miraflores a solicitud de Nicolás Maduro, quien luego informó que se había resuelto el impasse entre la Fiscalía y el TSJ.
Posteriormente, después de que en la madrugada del sábado 1 de abril el Consejo de Defensa de la Nación convocado por Maduro (al que no asistió el presidente de la Asamblea Nacional ni la fiscal «exhortara» a la Sala Constitucional a que «revisara» las sentencias de la discordia, el TSJ publicó en su portal web el mismo día un enunciado de dos dictámenes, numerados 157 y 158 respectivamente, cuya versión completa es aún desconocida, en los que «aclara» «de oficio» y suprime lo concerniente a los límites de la inmunidad parlamentaria y a la apropiación de las competencias del Legislativo.
Sin embargo, las sentencias de la Sala Constitucional no son revisables y en caso de una aclaración de forma, no de fondo, se hace a solicitud de parte y no de forma exprés como sucedió aquí.
Siguiendo la evidencia de anteriores situaciones en las que el oficialismo atentó radicalmente contra el orden institucional del país (si es que tal orden todavía existe) —sin ir muy lejos, sirve como ejemplo el bloqueo sistemático al Parlamento opositor desde su asunción en enero de 2016—, todo indica que el chavismo despliega una estrategia basada en un juego de ensayo y error en el que persigue unificar a la elite oficialista en torno a la generación de un nuevo clima de gran tensión, donde salta un elemento central: la aprobación-desaprobación del endeudamiento externo y de los acuerdos con trasnacionales para la explotación del arco minero y la faja petrolífera del Orinoco, las únicas bocanadas de financiamiento disponibles. En este contexto, no hay muestras de una convocatoria a elecciones ni de liberación de presos políticos ni de reconocimiento total de la autonomía del Poder Legislativo.
La solución al impasse que publicita el chavismo no significa que se haya enmendado o detenido el golpe de Estado perpetuado por la (in)justicia venezolana. Por el contrario, se reconoce que en el país no existe división de poderes. La oposición, con un Parlamento asfixiado y sometido por el Ejecutivo y la fuerza policial, anunció movilizaciones de calle y la apertura de un procedimiento de destitución de los magistrados del TSJ que buscará apoyo en la comunidad internacional. ¿Importará eso al chavismo? ¿Retrocederá Maduro? La historia reciente nos dice que no. Desconocemos si en esta ocasión será diferente.
Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano, doctorando en Ciencias Políticas, integrante del Centro de Formación para la Democracia
