Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la democracia parecía un punto de llegada. Desde la tercera ola de democratización y, sobre todo, después de la caída del Muro de Berlín, se instaló un consenso sólido: vivir en democracia no solo era deseable, sino prácticamente incuestionable. No se trata de un acuerdo superficial, sino de una convicción compartida por sociedades y élites a lo largo y ancho del planeta.
Ese acuerdo descansaba sobre dos principios básicos. El primero: que el poder se legitima a través del voto popular. El segundo: que esa mayoría debe convivir con límites claros, diseñados para preservar las diferencias, proteger a las minorías y garantizar la libertad de expresión, incluso de quienes no detentan el poder.
Durante décadas, este consenso resistió y se mantuvo estable en el tiempo. Actualmente la adhesión a vivir en democracia aparece como una convicción creciente a nivel regional, pero algunas cosas empezaron a cambiar. La primera es la distancia entre el enorme valor simbólico que se le asigna a la democracia y la percepción crítica sobre su funcionamiento real. En una escala de 1 a 10, los argentinos califican con 9,3 la importancia de vivir en democracia. Pero apenas califican con 6,4 el desempeño actual del sistema. La paradoja se refuerza con otro dato: el 85% de la población declara preferir la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, una tendencia que viene en alza sostenida desde 2023.
Menos firmeza democrática
Esa legitimidad normativa convive con un desencanto práctico que no responde tanto a factores sociales o generacionales, sino a la simpatía política. A menudo, los oficialistas valoran mejor la democracia que los opositores. Esto sugiere que la evaluación del régimen es más contingente al gobierno de turno que a criterios estructurales.
Esta brecha entre el ideal y el funcionamiento nos abre a un segundo nivel de análisis: cómo se ejerce el poder presidencial y cuales son sus límites. Ejecutivos de distintas latitudes comenzaron a invocar su legitimidad popular para ir más allá de las convenciones: sortear controles, minimizar contrapesos, relativizar derechos de las minorías. La democracia sigue siendo un ideal ampliamente respaldado. Pero la definición de qué significa “gobernar democráticamente” se ha vuelto un terreno en disputa.
Esa disputa tiene tres efectos: amplía el margen de lo aceptable, fragmenta un consenso y, al mismo tiempo, erosiona la idea más exigente de democracia. Ya no se trata solo de sostener reglas, sino de evaluar si romperlas es justificable en función de un fin mayor: el orden, la seguridad, la eficacia.
En la Argentina, este fenómeno no es nuevo. El decisionismo presidencial (la idea de que el presidente concentra la capacidad y la visión para definir qué necesita la sociedad) ha sido un rasgo recurrente. En los noventa, se habló de “democracia delegativa” para describir un sistema donde las formas democráticas permanecen, pero los frenos institucionales ceden ante el mandato presidencial. Cuando el presidente es “propio”, se justifican sus atajos. Cuando es “ajeno”, se invocan las reglas. La adhesión a los principios democráticos, lejos de ser absoluta, se debate según la identidad política de quien gobierna. Ese es, quizás, el verdadero resquebrajamiento del consenso: seguimos defendiendo la democracia como símbolo, pero no necesariamente como práctica con límites inamovibles.
¿Qué piensa la gente sobre la democracia?
Esto nos obliga a repensar no solo cómo preguntamos la adhesión a la democracia, sino también qué presupuestos están implícitos en nuestras preguntas. Con esta paradoja en mente, desde el programa de Creencias Sociales de Pulsar.UBA, buscamos capturar estas tensiones de manera más precisa. Nuestra apuesta va en otra dirección: reconstruir las miradas sobre la democracia desde lo social la pluralidad de sentidos y valores que se ponen en juego cuando se habla de ella. No dar por hecho que todos entienden lo mismo, sino captar sus matices.
En un nuevo estudio, no nos limitamos a medir el grado de apoyo ciudadano a la democracia como régimen. Ampliamos la mirada hacia los contrapesos republicanos: el respeto al mandato presidencial, el rol del Congreso, la vigencia de los derechos y libertades en contextos críticos.
A primera vista, los argentinos se presentan como ciudadanos con una fuerte impronta republicana. La gran mayoría respalda el derecho a manifestarse (84%) y rechaza la suspensión temporal de derechos (74%). También, dos tercios se opone a que el presidente frene medidas del Congreso o desobedezca fallos judiciales. Sin embargo, cuando se observa al interior de los segmentos políticos aparece una grieta significativa. Entre votantes de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza la tolerancia hacia esas excepciones crece. Lo interesante, entonces, no es solo la existencia de límites al presidencialismo, sino la disposición a relativizarlos si quien ejerce el poder es un líder afín. Dicho de otro modo: la defensa del equilibrio de poderes se mantiene como principio abstracto, pero se flexibiliza según la identidad política del gobierno de turno.
Un espacio de tensión
Para ordenar estas tensiones y comprender cómo se distribuyen en la sociedad, construimos un modelo de segmentación que clasifica las distintas visiones sobre democracia y republicanismo. La combinación de indicadores clásicos sobre democracia con un módulo de creencias sobre el poder presidencial reveló un hallazgo central: en Argentina no hay una sola forma de entender la democracia, sino varias.
Debajo del acuerdo general sobre la importancia de la democracia conviven distintas visiones sobre su ejercicio, con tolerancias desiguales hacia el poder presidencial y las reglas institucionales. Más que una sola idea de democracia, encontramos diferentes maneras de entenderla, muchas veces en disputa. La democracia en Argentina, más que un punto de llegada, se revela como un espacio de tensiones: entre la legitimidad mayoritaria y los contrapesos, entre el ideal simbólico y la práctica cotidiana, entre el consenso normativo y las excepciones que cada grupo está dispuesto a aceptar. En esa ambigüedad, se disputa buena parte del futuro político del país.
