En el siglo XX se experimentaron invariables conflictos ideológicos que marcaron el andar de la zona. Muchos de estos desacuerdos fueron importados desde los grandes imperios y se refugiaron en la reconocida guerra fría. Hoy, en el siglo XXI, Latinoamérica continúa siendo escenario de divisiones y sigue inmersa en las confrontaciones económicas y disputas territoriales de las grandes potencias.

Se estima que aproximadamente un 31 % de los más de 650 millones de habitantes de la región viven en condiciones de pobreza. Esta situación de precariedad y bajo desarrollo humano afecta en mayor medida a los países centroamericanos y del Caribe. Ante esto, «el Organismo de las Naciones Unidas llama a avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes».

En 2021 tuve la oportunidad de leer el libro Dignidad y desarrollo, escrito por Roberto Casanova, donde se explican las diferencias entre ideologías y doctrinas. Las primeras suelen ser sistemas de pensamiento cerrados y muchas veces intolerantes al cambio. Por su parte, las doctrinas dan mayor apertura al nuevo conocimiento y sostienen programas incluyentes. Ante eso, es muy importante conocer el comportamiento de las ideologías en nuestra región.

¿Un círculo vicioso?

Los sistemas políticos de Latinoamérica se han desarrollado sobre la base de programas ideológicos, se han vuelto dogmáticos y se orientan a clases privilegiadas de la sociedad. Como resultado de esto se ha producido la gran brecha social y económica que impera en el continente. Esta situación involucra a los gobiernos de derecha e izquierda en igualdad de condiciones.

Las estadísticas ponen en evidencia la existencia de un círculo vicioso. Este restringe toda posibilidad de un plan de nación para el desarrollo y el crecimiento equitativo de la población. Esta condición se relaciona con periodos de gobierno al mando de ideologías de derecha (no doctrinas). Los resultados son nefastos y se traducen en exclusión, explotación de recursos naturales y creación de monopolios privados, entre otros problemas.

Estas injusticias impulsan la ola de cambio ideológico hacia gobiernos de izquierda, en los que se castiga el libre mercado y se cree firmemente que la planificación estatal permitirá la prosperidad e igualdad. Sin embargo, las promesas de campaña se traducen en la instalación de élites privilegiadas que utilizan el Estado como su propia empresa. Estos promueven la impunidad, nacionalizan el mercado, se benefician del rendimiento económico y restringen las libertades individuales.

La pobreza y la exclusión persisten sin importar el enfoque ideológico dominante. Se trata de una lucha por el poder político que finaliza en pobreza, marginación, corrupción y captura de los Estados latinoamericanos.

Derecha e izquierda

La derecha se consolidó y encontró su punto máximo en la década de los noventa, beneficiándose de la confianza que inspiraron las democracias de Occidente y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A corto tiempo se evidenció una vez más que el libre mercado sin control y la falta de competencia conducen a la miseria y exclusión. En ese contexto, la espera por el indigno derrame económico, que nunca llegó, motivó las luchas por el cambio y estas encontraron refugio en el populismo que inspiró el socialismo del siglo XXI, que no necesitó mucho tiempo para revelar su demagogia y evidenciar nuevos niveles de pobreza y marginación entre la población.

En 2022 se está asentando una nueva clase de gobiernos de izquierda (ahora denominados de centroizquierda), que podría alcanzar el nivel alto que registró la ideología derechista de los noventa. No obstante, se perciben los mismos vicios del pasado. Hasta la fecha, nuestras democracias no han podido lograr madurez política para unir a la sociedad y concebir programas de nación inclusivos y participativos.

Se necesita concebir un programa moral, político, económico y social que sea abierto al consenso e impulse el bienestar para todos.

Los Estados Latinoamericanos urgen de programas de nación capaces de involucrar a todos los sectores para concebir estructuras políticas, económicas y sociales con la garantía de participación y pluralidad, donde lo económico trascienda lo financiero y se sitúe en un espacio moral que garantice la justicia social. Nuestra historia nos ha demostrado que la división entre Estado y mercado dificulta los procesos económicos y sociales que se necesitan para el desarrollo y el progreso. En ese sentido, la sinergia entre Estado, mercado y ciudadanía es fundamental para alcanzar la armonía y eficiencia económica. Esto brinda las condiciones para el bien común y la justicia social. De persistir el trabajo aislado entre los diversos actores, estaremos expuestos a continuar viviendo en un continente castigado por la pobreza, la desigualdad, la polarización social y la confrontación.

Estado, mercado, ciudadano, partidos

El Estado, además, no debe entenderse como una institución controladora que interfiere en todos los aspectos de la sociedad, sino como un ente capaz de frenar los abusos del mercado y evitar las concentraciones monopólicas, que respeta el medio ambiente, establece las reglas para la producción de bienes y servicios y, sobre todo, tiene amplia potestad para hacer prevalecer el orden social y los derechos fundamentales de las personas.

En cuanto a mercado, se requiere competitividad para lograr que los productos y servicios se adapten a las necesidades y deseos de las personas. Deben generarse condiciones para recompensar la innovación y el uso eficiente de los recursos escasos. El mercado tiene que ser el motor de la economía y producir condiciones financieras para desarrollar un sistema social justo y que dignifique a las personas.

En este contexto, el involucramiento ciudadano es vital para forjar una región con más y mejores oportunidades, es decir, una Latinoamérica con bienestar para todos.

Para lograrlo se necesita entender que la democracia no reside en unificar todos los fundamentos ni opiniones para ordenar la sociedad. Después de todo, somos diversos a pesar de nuestra historia y problemática compartida; por eso necesitamos converger en estrategias que construyan la concordia y el bien común. En ese sentido, los partidos políticos deben convertirse en pilares fundamentales para responder a las necesidades comunes y propiciar consensos en ese trascendental camino de dignidad, seguridad y libertad individual. A través de la representación de los partidos se deben dejar de lado las pretensiones particulares y pensar en los intereses de la nación.