Iván Duque trabaja junto a Sebastián Piñera en la creación de un nuevo órgano en el vecindario como instancia coordinadora de políticas públicas y que luche contra la dictadura de Venezuela.
El presidente colombiano Iván Duque ha tomado la iniciativa de dialogar con sus homólogos en el vecindario para integrar un nuevo bloque regional que tenga como punta de lanza la defensa de la democracia y especialmente el rechazo a la dictadura de Venezuela con miras a articular medidas de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, no reconocido por buena parte de los países de América y Europa, y que disponga una bocanada de oxígeno para la acorralada oposición venezolana que lucha contra la persecución y el terror desplegado desde los órganos de seguridad controlados por el chavismo.
En ese sentido, es evidente que varios países de América Latina han cerrado filas contra el gobierno venezolano. Salvo Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Cuba, México y Uruguay, que han tenido una disposición de reconocimiento del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, con representantes en su reciente toma de posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 10 de enero, el resto de la región condena la cuestionada reelección de Maduro y se desmarca de Venezuela. Como consecuencia, la sesión extraordinaria de la OEA convocada para tales efectos tuvo una histórica votación desconociendo a la administración chavista: 19 países a favor del desconocimiento, 6 en contra, 8 abstenciones y uno ausente.
Sin embargo, otras potencias sí reconocieron y saludaron a Nicolás Maduro, ninguna de ellas posicionada como defensora de la democracia: Rusia, China, Irán, Siria y Turquía. De todo este marco surgen diversas incógnitas producto de la incertidumbre de hacia dónde va Venezuela y su crisis que impacta duramente a toda la región con una inmigración de millones de personas que buscan refugio en Colombia, Brasil y demás territorios. ¿En medio del aislamiento regional, es suficiente el apoyo de estas potencias para mantener al chavismo en el poder?
¿Cuán efectivo es el accionar de la comunidad internacional y especialmente de los países vecinos? Esta última pregunta está directamente vinculada a las gestiones del presidente colombiano. Un nuevo bloque que defienda la democracia y condene la dictadura de Venezuela (y posiblemente, por qué no, la nicaragüense y la cubana). Que potencie el accionar opositor y democrático frente a la mano de hierro de los cuerpos de seguridad e inteligencia chavistas. Que sirva de bisagra para los apoyos en materia humanitaria ante la crisis migratoria en las fronteras de Colombia y Brasil. Pero que, además, deje en evidencia la debilidad de los bloques regionales instalados anteriormente. Un nuevo bloque versus la Unión de Américas del Sur (Unasur) creada al calor del carisma (y los ingentes recursos) de Hugo Chávez; versus la admisión de Venezuela en el Mercado Común del Sur; versus la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sesiona en Cuba para hacer cohabitar el diálogo democrático en un territorio comandado por una férrea dictadura desde hace más de medio siglo; versus la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas (Alba) que terminó siendo una plataforma para conseguir afinidad política a través de gigantescas y cuestionadas donaciones de petróleo venezolano. Etcétera.
Un nuevo bloque que demuestra que la política de los bloques no ha sido lo suficientemente feliz y sí bastante costosa para los países, en especial aquellas que han sido toboganes de recursos para el favor político (Unasur, Celac, Alba).
¿Cuáles son las posibilidades de Prosur? ¿Cuáles sus retos? ¿Cómo puede coexistir este bloque en medio de otros tantos?
Siguiendo las declaraciones del presidente Iván Duque, Prosur, una Propuesta de Integración Sudamericana, sería un “mecanismo de coordinación de políticas públicas y defensa de la democracia” en reemplazo de la Unasur, órgano que por cierto desde el 22 de agosto de 2014 y hasta el 31 de enero de 2017 tuvo al ex presidente colombiano Ernesto Samper como secretario general, cargo que desde entonces se encuentra vacante y sin reemplazo a la vista con unas desoladas oficinas en Quito. Duque impulsa esta iniciativa junto al mandatario chileno Sebastián Piñera: «Hemos venido avanzando conversaciones con varios presidentes de América Latina para que Unasur llegue a su final y se inicie más bien la construcción de una etapa mucho más ágil, menos burocrática, más coordinada de cooperación».
Si bien la idea de Prosur puede dinamizar el debate en torno a la necesidad de reafirmar el compromiso con la democracia y presionar a aquellos países de la región que no cumplan con los acuerdos internacionales suscritos, fundamentalmente en defensa de las instituciones libres, la legalidad y los derechos humanos, ¿no deja también al relieve la inoperancia de los bloques creados hasta el momento, cláusula democrática mediante, y que terminan siendo clubes de presidentes y gobiernos afines y no instancias de cooperación serias que respetan sus propias normas? ¿Dónde queda el Grupo de Lima que se creó expresamente para luchar contra la dictadura de Venezuela?
Afirmó Duque que se buscará que Prosur, «más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericana de políticas públicas, en defensa de la democracia, la independencia de poderes, la economía de mercados, la agenda social, con sostenibilidad y concebida aplicación».
Es imposible no desear éxito a cualquier iniciativa que busque fortalecer la democracia en una región que muestra números alarmantes y que ha sido terreno fértil para el ascenso de discursos populistas que tensionan al extremo el debate público y polarizan a las sociedades erosionando el centro y la moderación que exige el mundo para afrontar los grandes retos del presente. No obstante, ese éxito, hoy más que nunca, debe estar curado de espantos para no rayar en la ingenua mirada de que una Latinoamérica mejor es posible si no se sincera el panorama de los bloques regionales y se sintetiza un compromiso serio alrededor de la defensa de la democracia y la libertad, anclada en la legalidad y no en la retórica romántica, como garantía real de avance y desarrollo.
