Más allá de la iconografía revolucionaria, el servicio y martirio de Oscar Arnulfo Romero imponen reflexión al humanismo cristiano del continente en su centenario.
Se cumplen cien años del natalicio de Oscar Arnulfo Romero. Desde que el Vaticano anunció la aceleración del ascenso a los altares del arzobispo salvadoreño, reverberaron en la opinión latinoamericana voces que recordaban la cúspide del enfrentamiento bipolar, y que parecían descartar los avances de la democratización en la región. Regresaban mutuas recriminaciones entre quienes atacaban el extremismo y quienes, desde la izquierda, consideran las transiciones desde el autoritarismo como meras claudicaciones ante las viejas oligarquías, como traiciones a las postergadas luchas populares.
La figura de Romero había de despertar esas sensibilidades: sectores conservadores lo verían como un traidor a la tradicional alianza entre la Iglesia y las elites, cuando desde su posición pastoral se hizo eco de una mayor sensibilidad hacia las mayorías depauperadas y a los sectores crecientemente reprimidos. La impaciencia de Romero frente al sinuoso cauce de una transición liderada por los factores moderados, sumada a una vieja desconfianza del prelado hacia las vías de la política, lo acercó a posiciones más radicalizadas. Su prédica pacífica se hizo intolerable, y fue asesinado en marzo de 1980.
Este hecho fue un parteaguas para la vida de El Salvador: por una parte, el desprestigio de las impotentes juntas saboteadas por las elites salvadoreñas dio paso al eventual aunque accidentado reconocimiento de la victoria electoral de la oposición liderada por el Partido Demócrata Cristiano y Napoleón Duarte, en una gestión permanentemente saboteada por los partidos conservadores. Por otra parte, recrudeció la subversión guerrillera de inspiración en la izquierda marxista, que alimentada también con la suma de demócratas decepcionados por las concesiones moderadas, prolongaría el conflicto civil una década más.
Cabe preguntarse cuál habría sido la historia del país si las elites tradicionales hubiesen sido menos reacias a la reforma que planteó la Democracia Cristiana, si las potencias no hubiesen hecho de El Salvador un territorio para su juego geopolítico, si las fuerzas progresistas de todas las corrientes hubiesen logrado superar sus mutuas desconfianzas para lograr un frente unificado desde los precarios inicios de la modernización política. Quién sabe qué habría pasado si el clero hubiera asumido por completo el mandato de la justicia social.
La decepción con la lenta marcha de la democracia, y las concesiones que los sectores renovadores forzosamente han de hacer ante las elites para evitar la violencia revolucionaria, han de tocar profundamente la vocación del humanista cristiano inclinado a la vida pública. Es un viejo dilema: participar y claudicar algunos principios, o abstenerse y permitir que los injustos tomen el control. No hay respuestas fáciles, dadas las exigencias éticas de la política humanista, y la acuciante desigualdad que se asoma en nuestra aparente prosperidad.
El Salvador, hoy, es una democracia atribulada, y aunque los factores más extremos de su conflicto civil ocupan los polos del pacífico bipartidismo en el país —desplazando el viejo centro que ocupaba el PDC—, las secuelas de la lenta recuperación productiva del país después de la década del conflicto han dejado uno de los más crudos legados de violencia delincuencial. Con muchas mejoras por ser cumplidas, su pacificación es una obra aún incompleta ante los rezagos de la sociedad. Cuánto haría falta leer bien el martirio del arzobispo en su centenario.
Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas
