La confrontación violenta protagonizada por la sociedad que resiste en defensa de la democracia y las Fuerzas Armadas que actúan de forma delictiva bajo las órdenes del gobierno de Maduro, arrojan números de terror. La desinstitucionalización del país oscurece cualquier salida política a la crisis y da paso a la posibilidad de un conflicto más extremo.
Luego de que el coronel Vladimir Lugo, un personaje proveniente del riñón chavista en las Fuerzas Armadas, gritara, insultara y empujara al presidente del Parlamento, se esperaba que Nicolás Maduro lo condecorara en Cadena Nacional de radio y televisión, lo cual sucedió al día siguiente. El accionar totalitario del régimen venezolano, atroz y sin barreras morales ni éticas, ha derivado en una agenda por demás predecible.
El siglo XX sirvió para dejar claro que las experiencias “socialistas” devienen en prácticas autoritarias que condenan a sus pueblos al hambre, la miseria, la muerte y la destrucción. Es ingenuo pensar que la historia cambiará en un mundo globalizado que se aleja de las ideologías e impone el pragmatismo como modelo para sortear los difíciles retos actuales.
Sin embargo, siempre hay quienes estén dispuestos a alimentar la utopía, aun cuando durante su construcción, marcada por el fracaso económico y por una impresionante diáspora de jóvenes, empresarios y profesionales, se aniquile a la población civil. Si bien el chavismo es culpable directo de la forma delictiva con la que atacan a la sociedad que se ha levantado contra el caos que instaló en Venezuela, la élite política progresista regional, que lo apoyó en la ficción de la revolución bolivariana, es solidaria y lo alienta. Para buena parte de la izquierda iberoamericana, los atropellos, torturas y muertos, son políticamente correctos.
La solidaridad es mucho más discreta que antes, por supuesto, pero solidaridad al fin. Tanta culpa tiene Maduro de asesinar manifestantes, como Raul Castro, José Mujica, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva y Daniel Ortega, quienes aplauden estos “esfuerzos antiimperialistas” y “antiderecha” que en nada suman para que Venezuela deje de depender de los pagos en efectivo que hace su mejor comprador de petróleo: Estados Unidos.
El estado chavista/sin Chávez es pobre, incapaz, fanatizado y radicalizado. Tiene una diminuta base social y se sustenta en el apoyo corporativo de las Fuerzas Armadas. Es un estado fallido atrincherado en la infraestructura del poder y en la violencia: oficial (policías, cuerpos de inteligencia y militares), y paraoficial (colectivos paramilitares, bandas delincuenciales).
“Lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”, dijo Maduro. Sin puntos ni comas planteó la lucha armada contra una sociedad que resiste en las calles desde hace más de 90 días, cuando un par de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia liquidaron la precaria división de poderes que existía y eliminó la Constitución Nacional.
Esta sociedad que lucha encuentra sus máximos referentes en la Asamblea Nacional; en los líderes de los partidos de la MUD; en la dirigencia de los cuerpos civiles (movimiento estudiantil, iglesias, gremios…); en los gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales opositores; en el único rector disidente del Consejo Nacional Electoral; y, ahora, en la Fiscal General de la República (una división imprevista dentro de la corporación chavista). Así conforma un “estado insurgente” que se levanta contra el desastre para solicitar la reinstauración del orden constitucional y en consecuencia convoca un plebiscito. El choque de ambos estados, el fallido y el insurgente, está dando paso a una guerra civil no reconocida por los gobiernos de América pero que ya ha cobrado la vida de 87 personas y ha generado miles de heridos, presos, torturados y desaparecidos.
En medio del desconcierto propio del conflicto, diversos intentos de héroes fugaces aparecen en la escena para confundir y añadir más desorden a esta situación ya perturbadora. Fue el caso del piloto del Cicpc que informó por redes sociales que atentaría contra el TSJ, voló en helicóptero sobre Caracas con una pancarta llamando al desconocimiento del régimen y luego desapareció. Nada quedó claro. Lo que sí salió a la luz fue que el sujeto participó en una película local de policías y ladrones de baja factura. También, otro hecho con fines similares ocurrió cuando el periodista opositor exiliado en Miami, Leopoldo Castillo, informó a través de su cuenta de Twitter que Leopoldo López estaba muerto, lo cual era falso. En ambas situaciones de crispación y angustia el gobierno avanzó en represión y desmantelamiento institucional.
Este panorama nos deja las siguientes interrogantes, que por terrible y sensacionales que parezcan, son las que nadie logra responder: ¿qué hace falta para que Venezuela sea reconocida en América y el mundo como una dictadura? ¿Cuántos muertos, presos, torturados y desaparecidos son necesarios para confirmar globalmente que estamos ante una guerra civil? ¿De qué sirven los derechos humanos cuando los organismos que deberían velar por su cumplimiento no actúan?
Ángel Arellano | @angelarellano
Venezolano. Doctorando en Ciencias Políticas, integrante del Centro de Formación para la Democracia
