Durante gran parte del siglo XX, la democracia en América Latina fue asediada por dictaduras militares que irrumpían mediante golpes de Estado estruendosos, al compás de botas y tanques. Hoy, en pleno siglo XXI, el deterioro democrático ocurre de manera más silenciosa y, paradójicamente, legitimada: ya no son los militares quienes irrumpen, sino los propios ciudadanos que, a través de las urnas, eligen líderes narcisistas que transforman la política en un proyecto personalista.
La democracia ya no muere en la oscuridad de los cuarteles, sino en medio de aplausos, campañas virales y promesas de salvación nacional. Y aunque ya no abunden los golpes militares, sí hay políticos, candidatos y partidos que reivindican procesos dictatoriales de manera abierta y sin tapujos, y banalizan los genocidios encabezados por las dictaduras latinoamericanas, como en el caso de Argentina o de Chile.
En estos tiempos presenciamos, además, una tendencia en distintas sociedades del mundo que votan con fe ciega a líderes de una nueva derecha que prometen un paraíso en la tierra, orden, mano dura y el retorno a los valores de Occidente —un Occidente que remite, en realidad, al de la Edad Media o al de los años cincuenta del siglo pasado, cuando la religión atravesaba la política de pies a cabeza.
Con ese espejo retrovisor moral, figuras narcisistas y populistas llegan al poder con el proyecto de vaciar la democracia y convertirla simplemente en un mecanismo para ellos —y únicamente ellos— llegar al poder y luego mantenerse en él. El ejemplo más claro es el de Viktor Orbán en Hungría, ídolo de los distintos personajes que acompañan a la nueva derecha en ascenso, que puso en marcha un proyecto político, social y cultural titulado democracia iliberal. El resultado es la consolidación de un tipo de liderazgo narcisista que desprecia los límites, se alimenta del conflicto y transforma la política en un espejo que solo refleja su propia imagen: violencia, ira, inseguridad, bronca, ganas de destruirlo todo.
Los mesías electos
A las autocracias y teocracias en desarrollo les bastan las urnas, el descontento social y un ejército de trolls en redes sociales. Los mesías electos llegan con un discurso que mezcla indignación y promesas de un pasado mejor, pero el verdadero cambio empieza por desmontar aquello que podría limitar su poder: Parlamentos incómodos, jueces independientes, medios críticos, opositores. El orden se convierte en excusa para legitimar la concentración de poder, y lo más grave es que muchas sociedades lo compran. La política, con una marcada tendencia hacia las autocracias, se reconfigura bajo una lógica amigo-enemigo en la que toda disidencia es traición, y la democracia, una debilidad.
El perfil de estos nuevos autoritarismos, también ejemplificados a la perfección en la figura de Donald Trump, comparte rasgos inconfundibles: son políticos personalistas que no gobiernan con propuestas y consensos, sino con narrativas mesiánicas y discursos de odio que, muy rápidamente, se convierten en crímenes de odio. El político narcisista no escucha: dicta. No negocia: impone. Las redes sociales se convierten en su escenario favorito, donde cada discurso, cada gesto, cada provocación está diseñada para maximizar la atención y la adoración que rellena su ego roto y alimenta la destrucción del otro, del enemigo. En este ecosistema, los datos y los derechos humanos importan menos que los likes, y la república cede ante el espectáculo grotesco que invoca inquisiciones o imposiciones morales a través del poder.
Esta maquinaria política necesita conflicto permanente. La calma es enemiga del liderazgo narcisista, porque en ausencia de crisis su figura pierde relevancia. Por eso se fabrican enemigos, se exageran amenazas y se inflama la polarización. La democracia es convertida así en un campo de batalla entre bandos irreconciliables, donde el adversario ya no es alguien con ideas distintas, sino un enemigo que debe ser derrotado o eliminado del espacio público.
Nosotros, los buenos
El discurso se simplifica al extremo: nosotros, los buenos, la gente de bien, los verdaderos nacionales, contra ellos, la casta, los traidores, los antipatria, los parásitos mentales. Esta división no es un accidente, sino una estrategia de poder: impide acuerdos, destruye puentes y justifica medidas autoritarias bajo el pretexto de «defender al pueblo».
En ese proceso, las instituciones dejan de ser garantes de derechos para convertirse en obstáculos. El Congreso es pintado como un nido de corruptos; la justicia, como una trama de jueces vendidos; los organismos de control, como burocracias inútiles; y el ejercicio del periodismo como una persecución personal hacia el líder del culto político. La meta es clara: concentrar el poder en el líder y vaciar de contenido cualquier estructura que pueda limitarlo. El que disiente es silenciado, escrachado o judicializado. Ya no se discuten ideas: se eliminan voces. La arquitectura democrática permanece, pero sin cimientos.
Nada de esto sería posible sin una parte de la sociedad dispuesta a aplaudirlo. No hay autoritarismo sin audiencia. Una porción de ciudadanos, movida por el miedo, la frustración o la fatiga, acepta el látigo como remedio a la incertidumbre. Otra, directamente, lo celebra. El problema no es solo la debilidad de las instituciones, sino la pérdida de la cultura democrática. Hemos olvidado que la democracia no es solo votar: es aceptar límites al poder, convivir con el disenso, proteger los derechos humanos alcanzados, incluso de quienes no piensan o viven como uno. Sin esa memoria, los experimentos autoritarios siempre parecen atractivos… hasta que es demasiado tarde.
Reaprender la democracia liberal exige reconocer que no es un estado natural, sino una construcción frágil —porque debe ser cuidada— que se sostiene en reglas, tolerancia y participación activa. Defenderla implica también desactivar el narcisismo político, y eso requiere una ciudadanía más exigente, más crítica y menos adicta al mito del salvador.
No necesitamos mesías que encarnen la nación; necesitamos instituciones sólidas, prensa libre y responsable, acabar con el bullying desde la política y los discursos de odio, sociedades dispuestas a abandonar el pensamiento mítico y políticos que comprendan que el poder no les pertenece.

Formas de la democracia
Todo ello obliga a precisar de qué hablamos cuando hablamos de democracia. La democracia no es una ideología, eso está más que claro. Implica la capacidad de discutir ideologías en un marco de tolerancia, necesariamente sin poner en riesgo las condiciones básicas de ese diálogo. La democracia, en realidad, es un sistema de gobierno que se basa en que el poder proviene de la gente, de los habitantes de un territorio, quienes participan en la toma de decisiones del gobierno a través del voto directo o mediante representantes que se eligen. Hay distintas formas de democracia —la directa, la representativa, los sistemas mixtos— y hoy incluso se habla, como fue mencionado, de democracia iliberal.
La democracia moderna está basada en el sufragio universal, que permite a todos los ciudadanos votar sin importar su género, su estatus económico o el color de piel. Lo que podemos llamar Estados democráticos son sistemas hoy cimentados sobre los derechos humanos y civiles, protegidos y establecidos en una constitución como un acuerdo que pauta las relaciones entre la sociedad y el gobierno, y un conjunto de normas que regulan al gobierno, establecen los derechos de los ciudadanos, explican cómo se divide el poder y qué protecciones tienen los ciudadanos.
Sin embargo, el arco histórico enseña que la democracia no nació perfecta ni inclusiva. Como sostienen Franklin y Higginbotham (2010), Jefferson, la persona que sostenía que «todos los hombres son iguales», fue propietario de cientos de esclavos y trató de una manera atroz a las personas negras. Los autores describen que «la esclavitud en Estados Unidos ha sido siempre la gran herida del pecado original, una cicatriz de arriba abajo en lo que es un cuerpo para ser admirado y emulado».
Poder y sociedad
La persecución a quienes se oponían a las políticas segregacionistas fue una advertencia para Estados Unidos sobre su doble moral, puesto que, a pesar de promover una idea de democracia que establece que todas las personas son iguales, reprimía los derechos de sus propios ciudadanos.
En esencia, la democracia es un sistema político que da a la ciudadanía el poder de elegir quién gobierna su país, pero también quién dejará de hacerlo. Mudde y Rovira Kaltwasser (2017) sostienen que la democracia, sin adjetivos, se define mejor como la combinación de soberanía popular y la regla de la mayoría; nada más y nada menos. Por lo tanto, argumentan, la democracia puede ser directa o indirecta, liberal o no liberal. De hecho, la etimología misma del término alude a la idea de autogobierno del pueblo, es decir, un sistema político en el que el pueblo gobierna.
No es casualidad que la mayoría de las definiciones básicas consideren la democracia, en primer lugar, como un método mediante el cual los gobernantes son seleccionados en elecciones competitivas. Así, las elecciones libres y justas corresponden a la propiedad definitoria de la democracia: en lugar de cambiar a los gobernantes mediante conflictos violentos, la gente acuerda que quienes gobiernen deben ser elegidos por la regla de la mayoría (sin olvidar que esto no les da el poder absoluto de hacer lo que les dé la gana, ni los convierte en monarcas).
Y es cierto: la democracia es poder votar, pero la historia del sufragio es compleja. Ni siquiera aquellas revoluciones del siglo XVIII que encontraban su inspiración en los valores de la igualdad y la libertad pudieron ampliar el derecho al sufragio más allá de los varones blancos mayores de edad. Durante el siglo XIX, distintos movimientos pelearon por la expansión del derecho al voto. Grupos como los abolicionistas en Estados Unidos, que respaldaron los derechos de las personas negras a votar, y las sufragistas, que peleaban por expandir el voto a las mujeres, cumplieron un papel indispensable en el logro de la expansión de este derecho.
«Decadencia cultural»
En ese marco conceptual, la propuesta de democracia iliberal de Viktor Orbán consiste en la elección de un déspota que impone su criterio nacionalista, xenófobo, homófobo y conspiranoico, y arrasa a voluntad con las instituciones democráticas. Sería así una especie de despotismo democrático, con aliados en otros países que, además, proclaman que todo es «por la defensa de la libertad», para lo cual plantean la existencia de determinadas amenazas y peligros que estarían poniendo en jaque la «civilización occidental».
Son quienes forman parte del entramado de la democracia iliberal y de la nueva derecha los que redefinen las libertades personales alcanzadas como si, en realidad, fuesen una muestra de lo que ellos mismos llaman decadencia cultural. La deriva del concepto de democracia también es manipulada ahí: se reduce a un ritual de urnas sin liberalismo político, a plebiscitos permanentes que legitiman el mando pero desmantelan los contrapesos.
Que esto puede ocurrir en cualquier sociedad no es una especulación: es una advertencia sostenida por la evidencia histórica. Anne Applebaum (2021) aclaró que cualquier sociedad puede llegar a darle la espalda a la democracia y que nadie está a salvo. Si nos guiamos por la historia, a la larga todas nuestras sociedades —afirma la autora— lo harán.
La tradición del pensamiento político ya había previsto este dilema. Montesquieu destacaba una distinción entre el gobierno monárquico y el despotismo. Para él, la república depende de la virtud, la monarquía del honor y el despotismo del temor.
Mientras que las acciones de un rey en un sistema monárquico están guiadas por la ley y la tradición, el gobierno de un déspota se caracteriza por su naturaleza arbitraria y caprichosa, donde el poder está concentrado en manos de un solo individuo o de una élite, y no hay límites significativos a su autoridad. La novedad del siglo XXI no es la lógica despótica —que es vieja—, sino su envoltorio: procedimientos electorales convertidos en escenografía y redes sociales como amplificador permanente del culto al líder.

El Salvador y la deriva democrática
Vale la pena hacer un paréntesis en un caso que condensa esa deriva: El Salvador bajo Nayib Bukele. Bukele ha consolidado su poder de manera autoritaria y abusiva a partir de su popularidad. Se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales, se reeligió y reclamó casi todos los diputados de la Asamblea Legislativa incluso antes de que se confirmaran los «números oficiales». Su método para lograrlo involucró cancelar la Corte Suprema de Justicia, ignorar la alternancia en el poder establecida en la Constitución, utilizar recursos públicos para su campaña y amedrentar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
En palabras del propio Bukele tras su reelección: «Sería la primera vez que en El Salvador existe un partido político único en un sistema democrático, con toda la oposición junta pulverizada».
En su concepción de democracia, él es el único que puede hablar y los demás solo deben dedicarse a tomar nota. Más allá de toda la propaganda, la economía del país está peor y la pobreza ha aumentado. Bukele gobierna con un pequeño círculo de confianza conformado por sus hermanos, en un estilo que refleja su concepción personalista de la democracia. Su visión del sistema democrático es cuestionada y, aunque ha reducido los homicidios, la implementación de políticas de mano dura ha sido criticada por vulnerar derechos fundamentales y de personas inocentes, según distintas organizaciones humanitarias.
En coherencia con la retórica de los nuevos autoritarismos, ha culpado a un enemigo exterior, que incluye a diversas ONG, a George Soros y a los medios de comunicación, refiriéndose a sus críticos como provenientes de las élites. Su gobierno ha sido acusado de consolidar un poder cada vez más autoritario que busca aislar al país del sistema financiero internacional y que criminaliza la crítica y el periodismo independiente.
El país ha experimentado una caída de treinta puestos en el índice de libertad de prensa. Miles de salvadoreños han sido expulsados, muchos de los cuales buscan asilo político en otros países. Su gobierno es descrito como una dictadura en ascenso con la militarización de la policía y de la sociedad.
Unos meses atrás, Bukele, al fiel estilo de las nuevas derechas, mostró la adhesión de la religión al poder en su gobierno, dando por acabado el laicismo: «Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó. Déjennos dar la gloria a Dios si así lo queremos. ¿En qué les molesta, en qué les afecta? Tal vez les afecta el ejemplo porque tal vez las poblaciones de sus países, a las que les han metido el ateísmo, vuelvan a creer en Dios». Hoy en El Salvador hay un culto moralista y corrupto, donde la devoción pública se amalgama con la obediencia política y donde la retórica sagrada se usa como blindaje frente a cualquier crítica.
El hilo iliberal
Los déspotas no quieren elecciones como una forma de delegación temporal del poder, sino como un aval para cualquier cosa. Las elecciones se vuelven un plebiscito al líder, no una competencia entre proyectos. Al final, no pondrán en juego su poder en elecciones limpias: utilizarán el poder que tienen para que los comicios sean una farsa para convalidarlo, de la misma manera que hizo Hugo Chávez y que hace Nicolás Maduro en Venezuela, que hace Daniel Ortega en Nicaragua con su dictadura o que practica Vladimir Putin en Rusia. En todos estos casos, se mantiene una escenografía democrática —urnas, padrones, campañas— mientras se clausura el pluralismo real —proscripción de opositores, captura judicial, censura mediática, persecución a la sociedad civil—.
En apariencia, se honra la regla de la mayoría; en la práctica, se cancela la alternancia y se vacían los derechos. El hilo conductor es el mismo: primero, definir al adversario como enemigo interno o agente extranjero; segundo, convertir los contrapesos en obstáculos que impiden gobernar; tercero, invocar una amenaza existencial —la decadencia cultural, la conspiración globalista—; cuarto, centralizar; quinto, sacralizar el poder. El resultado es una democracia sin liberalismo, un despotismo con urnas.
Por todo esto, defender la democracia hoy implica algo más que reivindicar la votación periódica. Exige reconstruir la cultura democrática: aceptar límites al poder incluso cuando gobiernan los que nos gustan; exigir que las constituciones sigan siendo documentos vivos que amplían protecciones y no excusas pétreas para cerrar el juego. Significa, también, desarmar el dispositivo emocional del narcisismo político: no hay líder que cure la complejidad; no hay salvador que, por decreto, restituya un orden sin costos.
Reacción al «exceso» de modernidad
La única vía adulta es fortalecer instituciones, profesionalizar administraciones, blindar la independencia judicial, proteger a la prensa y educar para el pluralismo. No se trata de volver a un pasado idealizado —ese pasado no existió, o al menos fue ideal para unos pocos que se privilegiaron de él—, sino de honrar el único legado que hizo progresar a las democracias: la expansión de derechos y la limitación del poder arbitrario.
En suma, el auge iliberal y la construcción del narcisismo político no representan un accidente ni una simple reacción al «exceso» de modernidad. Son la forma contemporánea del viejo despotismo: una combinación de mitología nacionalista, moralismo punitivo, ingeniería institucional y espectáculo digital. Frente a ese proyecto, conviene recordar la experiencia histórica: la democracia no se destruye de golpe, se vacía por goteo; no cae solo por la voluntad del tirano, sino por la renuncia paulatina de los ciudadanos a defenderla. La salida, entonces, no es esperar a que el ciclo de la decepción haga su trabajo, sino actuar antes: inscribir la tolerancia en la práctica cotidiana, exigir transparencia, premiar la sobriedad política por encima de la retórica de barricada y, sobre todo, rechazar el atajo emocional del caudillo.
Democracia es conflicto civilizado, no guerra cultural permanente; es pluralismo ordenado por reglas, no sumisión por miedo; es alternancia bajo controles, no obediencia al líder ungido por la épica de «salvar la patria». Si algo demuestra la historia es que la democracia no se pierde de una vez, sino que se erosiona poco a poco, hasta que, cuando queremos reaccionar, ya es demasiado tarde. Precisamente por eso, el momento para defenderla, sin vueltas ni rodeos, es ahora.
Bibliografía
Applebaum, A. (2021). El ocaso de la democracia. Debate.
Franklin, J. H., y Higginbotham, E. (2010). From Slavery to Freedom. McGraw Hill.
Mudde, C., y Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.