El proceso electoral del 12 de abril en Perú dejó un saldo de fallas en el despliegue del material electoral y la apertura de trece locales electorales en Lima, que recién al día siguiente pudieron ser habilitados. Estas irregularidades han generado un intenso debate sobre la representación en el sistema electoral peruano. Luego de dos semanas desde la jornada, con el conteo en 96% de los votos, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera con el 17 % de los votos y asegura su presencia en la segunda vuelta, seguida por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) que siguen una disputa cerrada por el segundo lugar con poco más de 20 mil votos de diferencia.
Los problemas que se presentaron puesta en marcha de las mesas electorales, aunado al ajustado resultado preliminar, provocaron una crisis política. López Aliaga amenazó con una “insurgencia” si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no anulaba las elecciones, y el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha tenido que renunciar y se enfrenta a un duro proceso judicial.
Pero esta espectacularización de la política no empezó recientemente. La crisis política es la normalidad peruana. En la última década se han sucedido ocho presidentes, y se han encarcelado a cuatro ex jefes de Estado.
Este escenario de crisis ha impulsado reformas estructurales significativas, siendo la más notable el retorno a un sistema parlamentario bicameral, una configuración que no se veía en el país desde hace 36 años.
La implementación de este sistema, junto con el endurecimiento de la valla electoral (mínimo necesario para ingresar), representa un intento técnico por corregir lo que algunos expertos denominan un «presidencialismo disfuncional» o “presidencialismo parlamentarizado”, caracterizado por presidentes con una base de apoyo débil en el Congreso que ante la falta de un escudo legislativo han sido “vacados” aduciendo incapacidad moral permanente.
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Regresar al Senado, ¿por qué?
A partir del periodo 2026-2031, el Poder Legislativo peruano se divide en dos cámaras: el Senado, compuesto por 60 integrantes, y la Cámara de Diputados, conformada por 130 miembros. Esta transición no es meramente formal, sino que altera fundamentalmente la dinámica de representación y el proceso de formación de leyes.
En la Cámara de Diputados, la asignación de escaños se realiza en 27 distritos múltiples —departamentos y regiones— utilizando el método de cifra repartidora. Por otro lado, el Senado presenta una composición mixta: 30 senadores elegidos mediante un distrito nacional único bajo criterio proporcional y 30 senadores elegidos por mayoría departamental.
La lógica detrás de esta reforma es dotar al sistema de un «veto legislativo» más robusto. Se busca que el Senado actúe como un cuerpo de revisión que fomente el consenso, especialmente considerando que los senadores, aunque carecen de iniciativa legislativa directa, deben coordinar con los diputados de sus respectivos partidos para articular la agenda nacional. No obstante, se ha advertido que la efectividad de este modelo se ve amenazada por el transfuguismo, debilitando la cohesión partidaria necesaria para la estabilidad.
Uno de los elementos que se ha redefinido en las recientes reformas es el umbral electoral, conocido en Perú como la “valla electoral”. Anteriormente, para acceder al Congreso bastaba con alcanzar el 5 % de los votos válidos o un número determinado de escaños; sin embargo, para las elecciones de 2026, la normativa exige el cumplimiento simultáneo de ambos requisitos.
Fragmentación y valla electoral
Para la Cámara de Diputados, un partido político debe obtener al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional y, al mismo tiempo, lograr la elección de un mínimo de siete diputados en todo el país. En el caso del Senado, la exigencia es igualmente rigurosa: se requiere el 5% de los votos válidos (sumando la votación nacional y regional) y la obtención de al menos tres senadores. Este filtro legal tiene la función de evitar que el parlamento se convierta en un espacio atomizado donde la gobernabilidad sea imposible debido a la presencia de decenas de partidos con apoyos exclusivamente locales, dispersos y minoritarios.
Pero estos intentos para moderar la representación no afectaron la presentación de una oferta altamente atomizada. Para las elecciones del 12 de abril se presentaron 35 candidatos presidenciales y 38 partidos o fuerzas políticas compitieron para entrar en el Congreso. De acuerdo con los últimos datos del conteo, la suma de los votos de los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta no llegará al 30% del total. Dicho de otra manera, el 70% de los peruanos que votaron en abril no encontrarán en la boleta de la segunda vuelta al candidato que apoyaron.
La paradoja del sistema actual radica en que, para evitar que esta fragmentación de la oferta se traslade al Congreso, la valla electoral provoca una alta desproporción entre votos y escaños. Esto sucede porque al sacar de la ecuación a los partidos que no superen la valla, los escaños “vacantes” se redistribuyen entre los pocos partidos que sí la superen, resultando en una sobrerrepresentación de estos últimos. Esto puede leerse como una vasta cantidad de votos que quedarán sin representación directa, lo que podría exacerbar el descontento social y la desconfianza en las instituciones.
Vientos de inestabilidad
El funcionamiento del sistema de partidos en Perú está intrínsecamente ligado a la capacidad de supervivencia bajo estas nuevas reglas. Aquellas organizaciones que no lograron superar la valla en ambas cámaras perderán su inscripción oficial en el registro de organizaciones políticas, sanción que se haría efectiva en enero de 2027. Aunque se les concede una prórroga para participar en las elecciones regionales y municipales de octubre de este año, el inicio de su salida de la escena política nacional es inminente.
Aunque el conteo de votos no ha culminado, se proyecta un Senado compuesto por seis partidos políticos, tres de los cuales serían nuevos en la cámara alta. Fuerza Popular, de mantener su tendencia, podría controlar cerca de 22 de los 60 escaños del Senado, lo que le otorgaría un poder de veto decisivo sobre resoluciones que requieren dos tercios de votación, tales como la remoción del presidente. Sin embargo, la falta de una mayoría propia para el Ejecutivo, independientemente de quién gane la presidencia, sugiere que la inestabilidad política persistirá.
América latina se ha constituido como un laboratorio de reformas electorales. En el caso de Perú, la bicameralidad y el endurecimiento de la valla electoral son herramientas técnicas diseñadas para forzar una consolidación artificial del sistema de partidos. Aunque buscan dotar al Congreso de mayor calidad legislativa y evitar la fragmentación en la toma de decisiones, corren el riesgo de generar una profunda crisis de legitimidad debido a la exclusión de una gran masa de votos ciudadanos que no encontrarán reflejo en el Congreso (ni a nivel presidencial).
Esto deja claro que las herramientas técnicas tienen un límite: la capacidad del sistema para absorber el descontento social y de la voluntad de los actores políticos para construir coaliciones en un entorno donde el vínculo entre el representante y su partido sigue siendo extremadamente frágil.
