En la última década (2015-2025) Venezuela pasó de ser un país históricamente con bajas tasas de emigración a vivir la dolorosa salida del 28% de su población. Consecuentemente, Colombia, de escasa tradición de recepción migratoria, se convirtió en el principal destino de una diáspora que hoy supera las ocho millones de personas. Este fenómeno migratorio demuestra, una vez más, que Colombia y Venezuela son países espejo. Cuando sucede algo al interior de uno, se refleja en el otro.
La migración no es un fenómeno aislado. Se inserta en la erosión democrática y la ruptura progresiva del orden institucional en Venezuela, en la transformación de la relación colombo-venezolana y en la configuración de la crisis humanitaria. Comienza en 2015, con el cierre de la frontera decretado por Nicolás Maduro. Avanza año a año, mostrando cómo la crisis se transforma, se profundiza y obliga a Colombia a innovar en política pública.
Crisis por etapas
10 años de la respuesta de Colombia a la migración venezolana es un libro cronológico, contextual y con un enfoque institucional y normativo para delimitar un tema inabarcable. Reconoce que la respuesta migratoria de Colombia a la migración ha involucrado a muchos más actores y sectores que han tenido una labor muy importante: la Banca Multilateral y la Cooperación Internacional, el sector privado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades religiosas, y la academia.
El libro recorre las distintas etapas de la respuesta. Inicia con un breve contexto migratorio e institucional con el que contaba Colombia antes de 2015. Seguidamente aborda el período 2015–2017, con la crisis de retornados y refugiados desde Venezuela y la respuesta a esta emergencia humanitaria. En este período se encuentran pistas valiosas que mostrarían el talante de la respuesta posterior. Los años más agudos de la crisis de movilidad humana fueron 2018 y 2019. El Estado colombiano dio un giro hacia la regularización desde la política pública y mostró un firme liderazgo en la internacionalización de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.
Posteriormente, aborda los desafíos de la pandemia y la fuerte tensión que se dio entre el cierre sanitario y la movilidad humana. Continúa con dos años dinámicos y prolíficos en política pública. En ese momento se desarrolló el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y se encaminaron varias políticas hacia la integración. Finalmente, analiza el periodo 2023–2025, de fuertes cambios en la arquitectura institucional migratoria. Tras el estatuto, fue desafiante en temas de integración y sostenibilidad. La línea argumentativa es un recuento de los principales instrumentos creados por el Estado colombiano como permisos especiales, registros administrativos, documentos de política pública, leyes, decretos, resoluciones, circulares, algunas sentencias y, por supuesto, el ETPV.
Detrás de la política migratoria
La investigación logró identificar e incluir 131 instrumentos normativos principales que hacen o en algún momento hicieron parte de la política migratoria de la década. De esta muestra, el 9% son leyes, el 26% son decretos emitidos desde el Ejecutivo y 58% son resoluciones y circulares de menor jerarquía legal.
[Lee: El fin del orden]
El 84% de dichas políticas pueden ser derogadas con la expedición de una nueva norma, la estabilidad de la política migratoria colombiana aun está en construcción. Su naturaleza ha dependido mucho de la voluntad de las últimas tres administraciones presidenciales. Si bien en muchos momentos la creación de normas de menor orden ha permitido una respuesta rápida y eficaz a los procesos migratorios, también, la insuficiente jerarquía legal de las normas comprometen su permanencia y solidez institucional. Una situación que es muy riesgosa en coyunturas en donde por decisiones políticas la agenda migratoria pierde importancia o se cambian enfoques de derechos humanos por visiones securitistas o incluso criminalizantes de la migración.
Enfoque de integración
En un contexto global en donde predominan narrativas de contención, expulsión y securitización de la migración, Colombia adoptó —con limitaciones y tensiones— un enfoque predominantemente orientado a la regularización y la integración. A pesar de ser un país con profundas desigualdades, con un conflicto interno no resuelto y con limitaciones fiscales estructurales.
La política migratoria no ha sido lineal. Tuvo avances, retrocesos, rupturas y continuidades entre gobiernos. En diez años, hubo momentos de liderazgo político decidido y momentos de subordinación del tema migratorio a otras agendas diplomáticas. La migración venezolana no es un fenómeno coyuntural ni transitorio, es un proceso estructural que transformó la demografía, el mercado laboral, los sistemas de salud y educación, y las dinámicas territoriales en Colombia. Es una historia que merece ser contada porque preserva la memoria de una década que transformó a Colombia y que además lo seguirá haciendo. La memoria importa. Documentar lo ocurrido es una forma de proteger los aprendizajes institucionales y evitar retrocesos.
El libro recuerda algo esencial: la migración no es únicamente un fenómeno social y demográfico, es un espejo de las democracias. En el caso venezolano es evidente. La fortaleza o debilidad de la democracia es factor de expulsión o atracción migratoria. La manera en que responde un país a quienes necesitan protección internacional dice mucho sobre su sistema político y su proyecto de sociedad. Colombia eligió —con tensiones, debates e imperfecciones— un camino distinto al de la exclusión. Ese camino debe ser evaluado, corregido y fortalecido, pero también debe ser reconocido.
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