Pasó algo más de medio año desde que Rodrigo Paz asumió el mando de Bolivia, un tiempo considerable para poner a prueba los alcances de las primeras medidas y la estabilidad de las alianzas. El desafío no era menor: un viraje ideológico, luego de un modelo de izquierda que mantuvo hegemonía en el país durante dos décadas, e intentar revertir la crisis económica. Pero los fuegos que se avivaron en estos primeros meses no fueron aplacados del todo.
A finales de 2025, Paz eliminó la subvención de los combustibles, una decisión que calificó como “urgente” para reducir el déficit fiscal y aminorar el deterioro económico. Aunque la medida fue amortiguada con incentivos salariales y bonos, el descontento popular se comenzó a sentir. La apuesta del gobierno de bajar el gasto público y reactivar la inversión con el apoyo internacional se mueve ahora en un camino empedrado.
A esto se sumaron hechos como la comercialización de gasolina de mala calidad, que afectó a cientos de motorizados y obligó al gobierno a asumir compensaciones económicas. También la irregularidad en el abastecimiento de combustible y, en general, la falta de transparencia para explicar ciertos casos que pusieron en entredicho la gestión de algunas autoridades e instituciones estratégicas.
Los reclamos sindicales por mayor participación en la toma de decisiones, pedidos de incremento salarial y mejora en la calidad de vida, encendieron nuevamente la chispa del descontento social. En este punto, esto elevó el nivel de confrontación y conflictividad, bajo una consigna que se plantea incluso como innegociable: la renuncia del presidente.
La ciudad de La Paz, capital política del país, es el centro de la convulsión, ahí confluyeron todos los actores para presionar al gobierno. Bloqueos en rutas de conexión interdepartamental y marchas que derivan en duros enfrentamientos con las fuerzas del orden llevaron a esta región a un escenario insostenible en el que ya se contabilizan decesos y un dramático desabastecimiento de alimentos y medicinas.
Reacciones regionales
La escalada del conflicto en Bolivia tuvo como respuesta varios pronunciamientos de la comunidad internacional. Líderes políticos que mostraron abiertamente su apoyo al gobierno de Paz.
A través de la alianza Escudo de las Américas, EEUU advirtió sobre afanes de desestabilización y respaldó que el gobierno acuda a la “protección legal del orden público”. Esta alianza impulsada por el presidente Donald Trump está integrada por Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. No fue todo, el secretario de Estado, Marco Rubio, subió el tono en su respaldo: “No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”. En la misma línea, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, señaló: “Aquellos que perdieron abrumadoramente en las urnas el año pasado están intentando derrocar al presidente”.
Los antecedentes en la región abren interrogantes respecto al nuevo orden mundial y cómo las problemáticas internas se van manejando o instrumentalizando también desde afuera. ¿El respaldo de Washington es un elemento diplomático secundario o una pieza central en la comprensión y salida de este conflicto?
Por otro lado, la relación diplomática entre Bolivia y Colombia alcanzó su máxima tensión luego de que el presidente Gustavo Petro respaldara las protestas calificándolas como una “insurrección popular”. La respuesta del gobierno de Paz fue la expulsión de la embajadora. En principio de reciprocidad, Bogotá tomó la misma decisión.
En el centro de la atención vuelve a estar Evo Morales. Pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la situación asegurando que el gobierno del líder cocalero “ha sido el mejor que ha tenido Bolivia en la historia y los resultados hablan por sí mismos”. Además desestimó los señalamientos sobre narcotráfico que existen hacia él.
La postura del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, surgió luego de que el presidente Paz lo llamara para solicitarle ayuda humanitaria. Lula subrayó la necesidad de “preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de derecho”.
La situación en Bolivia trascendió las disputas internas. Esto evidencia un escenario geopolítico regional de opuestos, entre quienes ven intentos reales de derrocamiento y los que legitiman las protestas como una respuesta racional al viraje de Paz.
¿Qué sectores están en la protesta?
La Central Obrera Boliviana (COB), que agrupa a varios afiliados, comenzó con el pedido principal de incremento salarial, entre otras demandas. Ahora están enfocados en la dimisión del mandatario. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre la verdadera legitimidad de este ente como representante de los trabajadores, por los beneficios y poder que ostentan los dirigentes. Además, muchos trabajadores ya no se sienten representados, el nivel de informalidad ronda entre el 80 y 85%.
Los maestros de las áreas urbana y rural exigen incremento salarial, ítems laborales, equipamiento tecnológico y una reestructuración en el sistema educativo. A pesar de acuerdos firmados con el gobierno y compromisos asumidos, una parte mantiene sus protestas en la sede de gobierno.
También reforzaron las manifestaciones, los seguidores del expresidente Evo Morales, quien tiene causas pendientes con la justicia y actualmente se encuentra resguardado en el Chapare. Un masivo grupo de productores de hoja de coca, denominados “evistas”, plantean varias demandas. Sobre todo en rechazo a las medidas gubernamentales, justificando que el presidente ya no tiene legitimidad y que está alejado de los sectores populares e indígenas a quienes había hecho promesas de campaña. Durante el gobierno de izquierda, estos grupos formaron parte de la estructura política e incluso de la toma de decisiones.
Además, piden la eliminación de los procesos judiciales contra Morales, quien se ha declarado víctima de persecución política. Convenientemente, aprovechó este momento para darle un ultimátum a Paz: “Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (…) la pacificación, transición, elección en 90 días”.
Los mineros cooperativistas es uno de los grupos más radicales. Recurren a dinamita para enfrentar a los policías en las protestas. Además de los destrozos, hace que los ciudadanos en general sufran el impacto de la contaminación sonora por los violentos choques. Aunque algunos dirigentes aceptaron negociar sus demandas con el gobierno, las bases siguen en las calles.
El Movimiento Indígena Ponchos Rojos, una organización con estructura sólida que clave en la gobernabilidad del Movimiento Al Socialismo (MAS), ejerce presión desde la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, y con bloqueos radicales en las vías.
El descontento también viene desde federaciones de vecinos que expresan rechazo al gobierno por la falta de atención a sus demandas y el incumplimiento de promesas electorales. Como campesinos de la región del oriente del país en alerta por reformas que afectan las propiedades agrarias y transportistas, que sufren en las carreteras por el desabastecimiento de combustibles.
Las demandas inicialmente sectoriales luego dieron paso a una presión política más amplia y radical. Desde el Ejecutivo estas posturas se interpretan como una afrenta a la democracia.
Alertan desestabilización
Las presiones crecen y la solución no llega. Mientras, se abre la posibilidad real para la declaratoria de un estado de excepción, una medida que le da aval a Paz de disponer de las Fuerzas Armadas como mecanismo de control de las protestas y recuperación del orden. El Legislativo en una mayoría apoyó esta alternativa.
La multicrisis arrastrada no encuentra en el gobierno de Rodrigo Paz la capacidad de hacer pactos reales que le permitan garantizar la gobernabilidad. En un país profundamente polarizado y cada vez más desencantado con la política, las soluciones tienden a ser efímeras y los episodios de convulsión, como el actual, difíciles de contener. Las consecuencias son reales y se están viviendo desde ahora.
