Cuba es un Estado fallido en casi todos los indicadores que importan. Los apagones superan las veinte horas diarias, el salario real medio equivale a dos dólares mensuales, el 89% de la población vive en pobreza extrema y más de un millón de personas abandonaron la isla entre 2021 y 2024. Y, sin embargo, esa isla empobrecida, con menos de diez millones de habitantes, sostiene una de las redes de influencia internacional más densas del hemisferio. ¿Por qué un Estado que no puede garantizar electricidad a sus ciudadanos dedica recursos tan desproporcionados a la diplomacia, la propaganda y la incidencia internacional?
La respuesta es que la proyección exterior no es un lujo del régimen, sino su condición de supervivencia. La legitimidad que la dictadura no obtiene de sus ciudadanos la importa del exterior, y los recursos que su economía no produce los extrae de su influencia política. El resultado invierte el guion colonial. Un Estado pobre coloniza políticamente a países que lo superan en población, en riqueza y en capacidades, como muestran los casos de Venezuela, México y España.
La paradoja de una potencia sin poder
Venezuela es el caso extremo desde los acuerdos de cooperación firmados en 2000. La Habana penetró la inteligencia, el registro civil y las fuerzas armadas del país con las mayores reservas petroleras del planeta. En el punto álgido de la alianza, Caracas llegó a transferir a la isla hasta 16.000 millones de dólares anuales, una cifra equivalente al 22% del PIB cubano, además de unos 100.000 barriles diarios de petróleo. Pocas veces en la historia el país rico ha terminado convertido en satélite del pobre.
México tomó después el relevo y entre 2023 y 2025 envió a Cuba petróleo por más de 1.500 millones de dólares, según consta en los reportes de Pemex ante la SEC, y pagó más de 2.500 millones de pesos por médicos cubanos sin una sola evaluación de impacto. Lo hizo, además, tras eliminar a su órgano de transparencia, reservar la información de la ayuda humanitaria a petición verbal de La Habana y sellar en mayo de 2025 un acuerdo formal entre Morena y el Partido Comunista de Cuba.
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España completa el cuadro condonando cerca del 90% de la deuda cubana, un rescate cuyo coste efectivo ronda los 5.000 millones de euros, mientras más de 150 empresas españolas acumulan impagos de la isla por más de 300 millones. La antigua colonia cobra tributo a la antigua metrópoli. Esta capacidad de un Estado en ruinas para condicionar la política de países más grandes y ricos no se explica con las categorías clásicas del poder, ni con la coerción ni con la seducción, sino más bien una categoría distinta, el sharp power o poder agudo.
Ni duro ni blando, poder agudo
El concepto fue acuñado por Christopher Walker y Jessica Ludwig, del National Endowment for Democracy, para describir la influencia de los regímenes autoritarios sobre las democracias. A diferencia del poder duro, que coacciona por la vía militar o económica, y del poder blando, entendido como atracción legítima, el poder agudo no busca atraer ni obligar. Busca penetrar, perforar y manipular el entorno informativo y político de las sociedades abiertas. Su eficacia descansa en una asimetría fundamental. Las democracias son porosas, con universidades, medios y sociedad civil abiertos al mundo, mientras que las autocracias permanecen herméticas. El autoritarismo entra donde quiere y la democracia no puede responder en reciprocidad.
Cuba practicó el sharp power décadas antes de que existiera el término, como documenta Armando Chaguaceda, y su versión tiene rasgos propios. Es ideológico antes que económico, pues donde China compra influencia, Cuba la evangeliza apelando al capital simbólico de la Revolución y al mito de David contra Goliat. Es de bajo costo y alto rendimiento, porque sus instrumentos, entre ellos médicos, maestros y entrenadores, son mano de obra cautiva cuyos salarios confisca el propio Estado.
El sharp power cubano es victimista, en la medida en que la narrativa del bloqueo convierte cualquier crítica al régimen en complicidad con el “imperio”. Y es capilar, porque opera dentro de las sociedades, en universidades, sindicatos, movimientos sociales y festivales, amparado en la idea de una “excepcionalidad cubana” que impediría juzgar a la isla con los parámetros aplicados a cualquier otro régimen. Sobre esos cuatro pilares se levantan las formas concretas de influencia que se examinan a continuación.
Poder agudo: academia y fábrica de legitimidad
El brazo académico del sharp power cubano opera a través de redes intelectuales cultivadas desde los años sesenta, con Casa de las Américas como matriz y el Foro de São Paulo como articulación política. Su expresión contemporánea más eficaz son organizaciones como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), cuya autoridad certifica qué es ciencia social legítima en la región y cuyos silencios, por lo mismo, pesan tanto como sus pronunciamientos.
Una revisión sistemática de 443 comunicados de los Grupos de Trabajo de CLACSO, de entre 2018 y 2026, revela un patrón elocuente. Con 130 menciones a ocho países de la región clasificadas según el actor al que responsabilizan, bajo los gobiernos de derecha radical el acusado es el Estado. El 87% de los comunicados emitidos bajo Iván Duque señala directamente a su gobierno, igual que el 90% bajo Javier Milei y el 60% bajo Nayib Bukele. Bajo la izquierda, en cambio, el acusado se desplaza. Ninguno de los comunicados emitidos bajo Gustavo Petro o Alberto Fernández responsabiliza a sus gobiernos, pues las denuncias apuntan a paramilitares, a gobernadores opositores o a actores externos.
Los casos extremos son Cuba y Venezuela. Bajo Díaz-Canel, el 100% de los comunicados defiende al régimen frente a Estados Unidos. Ni uno solo menciona la represión del 11 de julio de 2021, los más de mil presos políticos documentados por Prisoners Defenders (2023) ni la persecución de académicos. Bajo Maduro, el 95% lo respalda y apenas uno roza a su gobierno. La única excepción es Nicaragua, donde los cuatro comunicados sí señalan a Ortega, quizá porque persiguió a los colegas y amigos de CLACSO. La organización que sabe nombrar el autoritarismo cuando gobierna la derecha enmudece ante la autocracia más antigua del hemisferio. Ese silencio selectivo no es un descuido, sino el producto refinado de un poder que no necesita que la academia mienta, pues le basta con que calle.
El mismo mecanismo opera dentro de las universidades públicas latinoamericanas. Aunque la evolución de las corrientes intelectuales de izquierda responde a procesos históricos, políticos y culturales mucho más amplios que la experiencia cubana, la Revolución suele narrase como mito fundacional dentro de esos espacios, más cercano al dogma que al objeto de estudio. Cuestionar el mito acarrea costos reputacionales, mientras que reproducirlo abre puertas a congresos, redes y publicaciones. La dogmatización no requiere comisarios, le basta con el clima. El precedente extremo es Venezuela, donde la asesoría cubana acompañó el desmantelamiento de la autonomía universitaria y la libertad académica.
Poder agudo: diplomacia y cancillería sobredimensionada
La isla mantiene 125 embajadas en el exterior, el segundo despliegue más amplio de América Latina después de Brasil. La Habana alberga 115 embajadas extranjeras, una de las mayores concentraciones del mundo. Más revelador aún resulta el desequilibrio interno de esa red. Frente a sus 125 embajadas, Cuba sostiene apenas una veintena de consulados generales, más de seis embajadas por cada consulado. Un Estado normal con más de tres millones de emigrados priorizaría los servicios consulares a su diáspora, pero Cuba privilegia la representación política. La red no está diseñada para servir a los cubanos de a pie, sino para cultivar gobiernos, partidos y organismos multilaterales.
El rendimiento de esa inversión se aprecia en los foros internacionales. En 2023, Cuba fue elegida por sexta ocasión miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026, con 146 votos, la candidatura más votada de América. Ha ocupado un asiento durante 17 de los 20 años de existencia del órgano. Una dictadura sin elecciones libres desde hace más de seis décadas juzga los derechos humanos del mundo, bloquea resoluciones incómodas y protege del escrutinio a sus aliados, entre ellos Venezuela, Nicaragua, China y Rusia.
Poder agudo: propaganda, el bloqueo como marca y la trova como embajada
El tercer frente es narrativo. En redes sociales, el aparato estatal despliega ejércitos de cuentas coordinadas, los llamados cibercombatientes, muchos de ellos formados en la Universidad de las Ciencias Informáticas, que amplifican etiquetas como #CubaVsBloqueo y atribuyen cada apagón y cada protesta al embargo estadounidense. El embargo, que existe y es criticable, cumple así una función que excede lo económico, la de coartada universal. La evidencia académica recogida por el Instituto Juan de Mariana (2026) estima que las sanciones explican alrededor del % del PIB anual cubano, una magnitud incapaz de justificar el colapso de un país que comercia con el resto del mundo. A esa narrativa se suma el ritual anual de la Asamblea General contra el embargo, una victoria propagandística garantizada.
La cultura completa la operación. La nueva trova, con Silvio Rodríguez como su embajador más eficaz, convirtió la Revolución en banda sonora sentimental de varias generaciones latinoamericanas. Cada gira continental de Silvio equivale a un acto diplomático que ninguna cancillería podría comprar. Llena estadios en Buenos Aires, Bogotá o Ciudad de México y renueva el vínculo emocional entre la izquierda regional y La Habana, mientras en la isla los raperos de “Patria y Vida” son encarcelados o empujados al exilio. El régimen que exporta cantautores, encarcela músicos. Y esa asimetría condensa el poder agudo aplicado a la cultura, un terreno que abarca también el cine, los premios de Casa de las Américas y los festivales que peregrinan a La Habana.
Poder agudo: misiones, solidaridad como industria extractiva
El instrumento más sofisticado son las misiones internacionalistas. Según cifras oficiales, más de 605.000 trabajadores de la salud han servido en 165 países desde 1963, y en la actualidad operan más de 24.000 colaboradores en unos 56 países, desde Venezuela, Nicaragua y México hasta Angola, Argelia, Qatar e Italia, con el Caribe anglófono estructuralmente dependiente de personal cubano. A las brigadas médicas se suman las deportivas, con entrenadores que siembran gratitud en federaciones de decenas de países, y las educativas, con el método de alfabetización “Yo sí puedo” y la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha graduado a más de 31.000 médicos de un centenar de naciones.
El envoltorio es humanitario, pero el contenido es doble. En lo económico, la exportación de servicios profesionales constituye la primera fuente de divisas del país, con 4.882 millones de dólares en 2022, por encima del turismo, mientras el Estado confisca entre el 75% y el 95% de los salarios, retiene pasaportes y castiga la deserción con ocho años de destierro. El Parlamento Europeo, las relatorías de la ONU y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basado en 71 testimonios directos, han calificado el esquema como trabajo forzoso equiparable a la esclavitud contemporánea.
El caso mexicano ilustra la mecánica. El costo mensual por médico ronda los 100.000 pesos y el salario se deposita en una cuenta estatal cubana, no al profesional. Mientras, 51.000 médicos mexicanos permanecían desempleados. En lo político, cada brigada compra un voto en la ONU y un gobierno agradecido. No es casual que los receptores sean los defensores más ruidosos de La Habana, ni que el régimen reaccione con pánico cuando algún gobierno cancela los convenios, como hicieron Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana entre 2025 y 2026.
Lo que está en juego
El sharp power cubano no es una curiosidad histórica, sino una amenaza activa para las democracias latinoamericanas. En primer lugar, normaliza el autoritarismo. Mientras Cuba sea celebrada en universidades, cancioneros y congresos, la premisa de que existe un despotismo bueno seguirá disponible para cualquier proyecto iliberal. En segundo lugar, degrada el sistema internacional de derechos humanos desde dentro y enseña a otros regímenes que la impunidad se negocia con médicos, petróleo y votos.
En tercer lugar, provee infraestructura ideológica y cuadros a la extrema izquierda regional. El Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla convierten la experiencia cubana en programa político, y los casos de Venezuela y México prueban que esa transferencia alcanza la arquitectura misma del Estado, en Caracas a través de los aparatos de inteligencia y represión, y en Ciudad de México mediante un andamiaje de opacidad, sin órgano de transparencia ni contrapesos, que canalizó recursos públicos hacia GAESA, el conglomerado militar que controla el 70% de la economía cubana y no rinde cuentas ni a su propio gobierno.
La paradoja inicial se resuelve entonces con una constatación sencilla. Cuba invierte tanto en influencia porque la influencia es lo único que produce. Las democracias de la región harían bien en dejar de tratar esa maquinaria como folclore revolucionario y empezar a nombrarla por lo que es, el poder agudo de una dictadura pobre que, a falta de pan, exporta hegemonía. Defenderse no exige censura. Exige aquello que las sociedades abiertas mejor saben hacer cuando se lo proponen, transparencia sobre los convenios, escrutinio sobre las redes de financiamiento académico y cultural, y la voluntad de aplicar a La Habana el mismo estándar democrático que se exige, con razón, a cualquier otro régimen del continente.
