Mediante la represión transnacional, los regímenes autoritarios extienden su poder más allá de las fronteras nacionales. Silencian, intimidan o neutralizan opositores, disidentes, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Esta estrategia busca impedir las opiniones divergentes sin importar dónde se encuentren las personas afectadas.
La persecución del exilio y la diáspora por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo constituye una prolongación directa de las políticas represivas aplicadas en Nicaragua desde la crisis sociopolítica de 2018. Esta violencia estatal evolucionó de forma drástica. Comenzó con medidas de vigilancia, controles de documentos, intimidaciones y amenazas. Y escaló hasta su expresión más cruel: el asesinato, la acción más grave de esa política y la mayor vulneración de los derechos fundamentales.
Esta situación plantea un desafío directo a la seguridad democrática, el Estado de derecho y la soberanía de los países de acogida. Por eso, reconocer este autoritarismo extraterritorial, por parte de la comunidad internacional, y que el exilio ya no garantiza protección automática, es el primer paso indispensable para encontrar respuestas globales eficaces frente al régimen de Nicaragua.
2018-2026: aumento de la violencia extraterritorial
Desde 2018, la represión transfronteriza ha evolucionado y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado progresivamente la persecución contra las personas exiliadas hasta llegar a la situación actual. Ya en los primeros meses de la crisis se documentaron en Costa Rica medidas de vigilancia y hostigamiento, así como el seguimiento constante de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas mediante redes de inteligencia operadas desde consulados y embajadas.
En este contexto, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentó en marzo de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe en el que expone que el país mantiene “una amplia red de represión transnacional para vigilar e intimidar a opositores en el exilio”.
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Esta estructura funciona mediante la malversación de fondos públicos y es ejecutada por instituciones como el Ejército, la Policía, las autoridades migratorias y las representaciones diplomáticas. A ello se suman la anulación de pasaportes, la negativa a renovarlos o emitirlos, y la retención de otros documentos de vital importancia, como la cédula de identidad o la partida de nacimiento. Además, se ha impedido el ingreso al país a centenares de ciudadanos, lo que ha dejado de facto en situación de apatridia a miles de nicaragüenses.
Etapa de apatridia
En 2023, con la liberación de 222 presos políticos, comenzó oficialmente la etapa de apatridia y desnacionalización. Esto constituye una grave violación y un incumplimiento de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Establecen que ningún Estado puede privar a una persona de su nacionalidad por motivos políticos.
Hasta la fecha, a 450 nicaragüenses se les ha retirado oficialmente la nacionalidad. Primero, a los 222 presos políticos desterrados a EEUU el 9 de febrero de 2023. Pocos días después, a un grupo de 94 defensores de derechos humanos, analistas políticos, periodistas y escritores en el exilio, entre ellos Roberto Samcam, Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Carlos Fernando Chamorro. El 5 de septiembre de 2025, a un grupo de 135 presos políticos liberados y desterrados a Guatemala. En los tres casos, el régimen confiscó sus pensiones y sus bienes para asfixiarlos económicamente como forma de castigo. Todo ello demuestra que la represión transnacional es un fenómeno tanto evolutivo como acumulativo.
Desde 2023, más de 1.500 refugiados nicaragüenses han sido reasentados desde Costa Rica hacia España y EEUU en el marco del programa Movilidad Segura. Esta iniciativa, coordinada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), se puso en marcha como respuesta a la precariedad, la falta de protección efectiva y las amenazas que enfrentaba este grupo en el país de acogida.
Del hostigamiento al asesinato
Antes del asesinato de Roberto Samcam se registraron en Costa Rica varios casos significativos. Uno de ellos fue el de Rodolfo Rojas en 2022, quien fue secuestrado mediante engaños en territorio costarricense y asesinado en la zona fronteriza con Honduras. Aunque el caso no fue investigado oficialmente, sus familiares y amigos descartan el robo como móvil porque conservaba sus pertenencias personales y porque ya existía un patrón previo de amenazas y control de sus documentos de identidad. Por otro lado, Joao Maldonado y Nadia Robleto sobrevivieron a dos atentados en San José, Costa Rica. En el primero, Maldonado recibió cinco impactos de bala; en el segundo, ocho, mientras que su esposa Nadia recibió un disparo que la dejó en silla de ruedas. Estos son ejemplos claros de que no se trata de hechos aislados.
En esta evolución, el caso de Roberto Samcam marca un punto de inflexión crítico. Samcam, mayor retirado del Ejército de Nicaragua y exiliado en Costa Rica desde 2018, se convirtió en el rostro más emblemático de la represión transnacional cuando fue asesinado de ocho disparos en su vivienda de Moravia, San José, presuntamente por un joven sicario de apellido Carvajal.
La investigación judicial vincula su muerte con órdenes directas provenientes de Managua y con el Ejército de Nicaragua. Los motivos del crimen guardan relación con sus investigaciones sobre la represión transnacional y con su denuncia previa de una red de espionaje que denominó “células de inteligencia sandinistas”. Esta operaba en territorio costarricense en conexión con el crimen organizado y desde el consulado nicaragüense en San José. Además, Samcam había presentado ante las Naciones Unidas pruebas de la participación del Ejército en la represión de 2018.
Más allá de la investigación penal en curso, su asesinato obliga a reflexionar sobre las señales de alerta que ya eran visibles desde hacía años. Campañas de odio, estigmatización, privación de la nacionalidad y persecución política. ¿Qué indicios fueron ignorados previamente, incluso por los servicios de inteligencia costarricenses?
Seguridad democrática y soberanía del país de acogida
La seguridad democrática se entiende como la capacidad de un Estado para garantizar derechos, libertades, participación política y protección efectiva frente a amenazas autoritarias. Sin embargo, nuestra región atraviesa actualmente una erosión de la democracia y un auge del autoritarismo, especialmente en Centroamérica.
Un primer paso importante fue el reconocimiento de este fenómeno por parte del Estado costarricense. En febrero de 2026, las autoridades respaldaron la resolución sobre Nicaragua en la OEA. Enviaron así el mensaje de que la represión transfronteriza no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia. Aunque este hito es histórico, resulta insuficiente si se limita a discursos y declaraciones sin traducirse en medidas eficaces y protocolos de protección para las personas refugiadas.
La persecución por motivos políticos en territorio costarricense pone a prueba las capacidades institucionales de la democracia de acogida y su velocidad de respuesta. Además, se convierte en un asunto urgente para la seguridad del propio país, pues representa una vulneración de su soberanía.
Autoritarismo y criminalidad organizada
Es necesario poner sobre la mesa la discusión sobre los posibles vínculos entre autoritarismo, impunidad y economías criminales de la violencia. Las conclusiones que se desprendan del proceso judicial por el caso de Roberto Samcam revelan un patrón en el modo de operar de la dictadura nicaragüense en conexión con el crimen organizado local.
No es casual que estos hechos ocurran en el contexto de un aumento histórico de la criminalidad en Costa Rica. A medida que las dinámicas autoritarias se expanden más allá de las fronteras, aumenta el riesgo de que actores estatales o paraestatales encuentren vías indirectas de actuación. Aprovechan debilidades institucionales, redes informales o entornos marcados por la violencia criminal. Los casos de Maldonado, Robleto y Samcam obligan a considerar cómo determinados contextos de impunidad favorecen medidas de intimidación o escaladas violentas contra personas exiliadas sin provocar respuestas institucionales inmediatas o decididas.
En países de acogida como Costa Rica, históricamente considerados lugares de refugio, este fenómeno plantea desafíos especialmente delicados. La represión transnacional pasa de ser una amenaza contra opositores políticos a desafiar el Estado de derecho.
Modelo de exportación
Existe un riesgo real de que este modelo de represión se traslade a otros países de la región. El fenómeno ya se perfila en El Salvador. La concentración del poder, el debilitamiento de los mecanismos institucionales de control y el uso de medidas extraordinarias de control han despertado preocupación entre organizaciones internacionales y activistas de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la influencia regional del régimen nicaragüense también se manifiesta en sus esfuerzos por normalizar su actuación en el plano diplomático y político de Centroamérica.
Esta tendencia se evidenció recientemente cuando Valdrack Jaentschke, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, participó oficialmente en la toma de posesión de Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica. Durante la ceremonia, se observó a Jaentschke transmitiendo saludos oficiales, una presencia que provocó rechazo entre personas refugiadas nicaragüenses y diversas organizaciones internacionales. Esta actitud no es un hecho aislado. El expresidente Rodrigo Chaves declaró en su momento que “consultaba de vez en cuando” con Rosario Murillo y Daniel Ortega, y aseguró que, pese a las “diferencias de opinión”, mantenían una buena comunicación y una relación respetuosa.
La respuesta de la comunidad internacional sigue siendo insuficiente. Aunque el problema se reconoce a partir de informes oficiales, ese conocimiento se gestiona en un nivel alto y vertical, en lugar de abordarse horizontalmente, donde deberían adoptarse y aplicarse medidas directas de protección. Por el contrario, se observa una peligrosa instrumentalización de los sistemas internacionales.
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Un ejemplo es el uso del sistema de notificaciones rojas de Interpol por parte de la dictadura de Ortega y Murillo con fines de persecución política. Aunque algunas de estas solicitudes han sido rechazadas al identificarse como parte de la represión transnacional, el régimen continúa utilizando el mecanismo como arma política y medio de hostigamiento transfronterizo.
Buscar mecanismos
Para poder actuar, es necesario reconocer que la comunidad internacional enfrenta graves vacíos y dispone de escasa jurisprudencia. Los sistemas internacionales fueron diseñados principalmente para responder a violaciones cometidas dentro de las fronteras de cada Estado. La expansión y la creciente sofisticación de la persecución transfronteriza, al igual que el uso de las relaciones diplomáticas como puerta de entrada de la dictadura a los países de refugio, exigen adaptar los mecanismos existentes y crear nuevas formas de vigilancia, protección, cooperación judicial y, sobre todo, prevención.
Los ataques contra exiliados deben entenderse como parte de patrones organizados y no como hechos aislados, especialmente ante sus posibles vínculos con redes criminales y el avance del autoritarismo regional. Por eso, los países de acogida necesitan protocolos específicos y centrados en las víctimas para garantizar que el exilio siga siendo un espacio efectivo de seguridad, libertad y protección política.
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