Daniel Ortega dijo lo que ningún dictador dice en voz alta: “No volverá a haber elecciones”. Si algo demuestra la trayectoria autoritaria de Ortega es que dice lo que hace.
El anuncio evidencia algo que ha estado haciendo sistemáticamente desde que llegó al poder en 2007. Sus opositores ya estaban excluidos del sistema electoral, muchos de ellos exiliados y desnacionalizados, y ningún partido tuvo en este periodo la capacidad real para disputarle el poder. Lo que anunció fue una exclusión preventiva, un cierre de cualquier resquicio que él considere un riesgo, aunque nadie más lo considere así.
Además de la anulación completa del mecanismo electoral, sostener que no habrá elecciones puede significar la sustitución por otro modelo de organización del poder. Eliseo Núñez ha planteado la posibilidad de un giro hacia un modelo similar al centralismo democrático de corte chino, con un partido hegemónico en lugar de un partido único. Núñez ha señalado, además, que si la presión internacional algún día obliga al régimen a negociar, ya no partirá de exigir elecciones libres y competitivas, sino del punto de que en Nicaragua simplemente no hay elecciones.
El anuncio deja preguntas fundamentales: ¿por qué Ortega lo dijo y a quiénes está dirigido el mensaje?
Manipular antes del voto
Un dictador sostiene elecciones porque le dan una fachada de origen popular que ningún golpe de Estado puede ofrecer. Le informan sobre su propia base y le permiten distribuir cargos y lealtades. Las elecciones desaparecen cuando el régimen autoritario decide que ya no las necesita para lo que servían. Andreas Schedler plantea que las elecciones autoritarias no son un simulacro vacío de sentido, sino un objeto de disputa entre el régimen y sus opositores, un terreno en el que ambos bandos calculan costos y beneficios. En Nicaragua ese terreno desapareció. El régimen aprendió a organizar elecciones que no producen apertura alguna, porque resuelve la incertidumbre antes de comenzar la campaña.
Los datos del proyecto V-Dem, que mide anualmente la calidad democrática a nivel mundial, muestran con claridad dónde se concentra el daño. En 2025, Nicaragua se ubicaba entre el 5% de los países con peor desempeño mundial en dos variables: cuánta autonomía real tiene la oposición y qué tan fácil es que un partido sea proscrito. Desde 2008 el régimen ha cancelado la personalidad jurídica de los partidos opositores. En agosto de 2021, no quedó ninguno con capacidad real para competir.
Pero antes de esa cancelación final, en los meses previos a esas elecciones, al menos seis precandidatos presidenciales de la oposición fueron encarcelados y no quedó ningún opositor libre para disputarle la papeleta. Beatriz Magaloni explica por qué a un autócrata racional le conviene resolver la competencia antes del día de la elección, en vez de arriesgarse a manipular el escrutinio ante testigos. El fraude en la urna es visible y verificable y, por tanto, costoso, precisamente lo que le sucedió a Nicolás Maduro en Venezuela. Excluir al competidor meses antes es más barato y deja menos rastros.
La ley que sobra y la falta
Cuando Ortega anunció que no habría elecciones, ya existía una ley que producía ese resultado sin necesidad de decirlo. La Ley 1242, aprobada en marzo de 2025, que amplió quién puede solicitar la cancelación de la personalidad jurídica de un partido (hasta cualquier ciudadano) y eliminó los plazos, la defensa y el recurso. El partido acusado no cuenta con un procedimiento para defenderse y no cabe apelación de ningún tipo.
Javier Corrales ha llamado a esto legalismo autocrático: el uso de la ley para ampliar el poder del Ejecutivo, combinado con su aplicación arbitraria y, cuando conviene, con su violación directa.
Este patrón no es nuevo ni es la primera vez que ocurre. Ortega ha reformado el marco constitucional y electoral una y otra vez desde el pacto que firmó con Arnoldo Alemán en 2000. Cada reforma ha sido una vuelta de tuerca adicional a la anterior. Lo distintivo de los últimos años es el ritmo. Ese ritmo se puede fechar con precisión: la sentencia de 2009 que declaró inaplicable la prohibición de reelección, su extensión en 2010, la reforma constitucional de 2014 que formalizó la reelección indefinida y la reforma de 2025 que creó la copresidencia.
Una ley que se reforma tantas veces en tan poco tiempo es una ley que le queda corta al poder que la usa, y ese poder sigue expandiéndose cada vez que encuentra un límite que todavía no ha cerrado, mientras en el camino viola sus propias leyes.
El 28 de julio de este año, la Asamblea Nacional remitió a una comisión especial la iniciativa que empieza a traducir el anuncio de Ortega del 19 de julio en texto constitucional. Sus tres ejes son: extender el período presidencial de seis a siete años “renovables”, elevar a rango constitucional la inhabilitación de candidatos vinculados a las protestas de 2018, y otorgar al Consejo Supremo Electoral la facultad explícita de negar la personalidad jurídica a los partidos que intenten inscribirlos. Los dos últimos ejes no son nuevos: ya estaban en la reforma de 2025 y en la Ley 1242. Lo único que se añade es un año más de mandato.
El legalismo autocrático no sustituye la violencia. La integra como su forma más extrema: el régimen prescinde de la pretensión de reformar la ley y actúa directamente al margen de cualquier norma. Este comportamiento se entiende mejor si se piensa el régimen como una dictadura de rasgos precisos. Es neopatrimonial porque el poder se ejerce como posesión personal y familiar, no a través de instituciones impersonales que funcionan igual sin importar quién las dirige.
Ortega y Murillo han construido, además, un proyecto conyugal y todo indica que dinástico, que la reforma constitucional de 2025 llevó a su punto más explícito al crear una “copresidencia” formal entre ambos.
Por qué se deben exigir elecciones
Hay opositores que rechazan seguir insistiendo en las elecciones porque temen que hacerlo legitime a la dictadura. Sin embargo, los demócratas no deben dejar de exigir elecciones. Abandonar esa exigencia es entregarle al autócrata la última pretensión de que gobierna con algún consentimiento. Insistir en las elecciones no es ingenuidad. Es una vía que puede abrir una grieta para el cambio donde el régimen cree tenerlo todo cerrado.
Nicaragua ya vivió esa lección. En 1990, bajo un gobierno sandinista que controlaba el aparato electoral y confiaba en ganar, Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Ortega en las urnas. En 2011, Fabio Gadea Mantilla compitió en la elección contra un Ortega, que ya ejercía el poder y controlaba el aparato electoral. Perdió frente al 62.46% reportado para Ortega. Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por violar los derechos políticos y las garantías judiciales de Gadea durante ese proceso. La lección para Ortega no fue que ganó con comodidad, sino que ganar así tiene un costo legal y reputacional. Diez años más tarde, en 2021, la oposición insistió en competir de nuevo. Esta vez Ortega no arriesgó un litigio: encarceló a los precandidatos antes de la elección, para evitar el costo político de una represión visible.
Que la oposición se presentara fue lo que lo obligó a actuar como actuó, y buena parte de lo que ha hecho desde entonces es consecuencia de esa decisión. Lo más cómodo para Ortega hoy es que la oposición no le exija precisamente lo que más teme: las elecciones. Ortega conoce el riesgo de las elecciones. En Venezuela, en cambio, el fraude de 2024 demostró un respaldo popular abrumador pese a la persecución y dejó al régimen de Maduro con una legitimidad internacional agotada, seguida de la operación militar de EEUU. Cerrar la vía electoral por completo es, para Ortega, la manera más segura de asegurarse de que eso nunca le ocurra.
El temor a los fieles
Milan Svolik distingue entre dos problemas que enfrenta todo gobernante autoritario. El primero es el problema del reparto de poder con los propios aliados, que pueden conspirar contra él si sienten que su parte del pastel se reduce. El segundo es el problema del control de la población excluida, que puede rebelarse si el descontento crece demasiado.
El anuncio del 19 de julio sugiere que el problema que realmente le preocupa ahora es el primero, el de su propia coalición. No todos dentro del FSLN comparten el mismo cálculo. Rosario Murillo y sus hijos, entre ellos Laureano Ortega, no tienen la “legitimidad revolucionaria” que Ortega conserva por haber combatido a Somoza en los 70 y a La Contra en los 80. Necesitan que la competencia electoral desaparezca antes de que llegue el momento de la sucesión, porque una elección abierta es precisamente el escenario en el que su falta de legitimidad quedaría más expuesta.
No toda la coalición gobernante comparte esa urgencia. Hay cuadros y funcionarios que preferirían seguir enriqueciéndose bajo un régimen menos aislado, con menor costo internacional y menor riesgo de sanciones, y que verían con más calma una apertura controlada que un cierre total. Este tipo de coaliciones se sostiene más por el reparto de beneficios materiales que por una convicción compartida. Es un acuerdo de conveniencia, no de lealtad, y se rompen cuando el costo de mantenerlos supera el beneficio de romperlos. Dentro del propio régimen no hay una sola respuesta a la pregunta de hasta dónde llegar. El anuncio del 19 de julio buscaba tanto disciplinar a la oposición externa como fijar una posición frente a las dudas internas.
Lo que Nicaragua necesita son elecciones que vuelvan a poner el poder en disputa real, precedidas, entre otras cosas, de reformas que le devuelvan a la oposición su derecho a competir, que el Consejo Supremo Electoral sea independiente y que vuelva la observación electoral, tanto nacional como internacional. La comunidad internacional ya cuenta con la experiencia y las recomendaciones necesarias para determinar qué reformas exigir. Lo que falta no es diagnóstico, sino la voluntad de exigir con más fuerza.
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