En la 56.ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Panamá el pasado junio, se aprobó por consenso una declaración que condena las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua. Se reconoce que algunos de los patrones documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Es un acto político relevante, sobre todo porque Nicaragua dejó de ser miembro del organismo el 19 de noviembre de 2023.
Su inclusión en la agenda se obtuvo por iniciativa del Grupo Voluntario sobre Nicaragua, integrado por Canadá, Argentina, Chile y Costa Rica. El texto exigió el cese del despojo arbitrario de la nacionalidad y su restitución, reclamó el retorno seguro de los exiliados y dedicó un apartado a la muerte bajo custodia del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien contaba con medidas cautelares de la 1 Investigador y activista por la democracia, exiliado nicaragüense.
Consenso limpio
El consenso, en sí mismo, no es novedoso. Desde la Asamblea de Lima de octubre de 2022, todas las resoluciones sobre Nicaragua se han aprobado por consenso o aclamación. Lo singular de Panamá fue la limpieza del consenso. Brasil no presentó propuestas de enmienda, cuando en 2023 había buscado moderar el texto. Colombia acompañó sin matices, cuando no apoyó la primera votación tras la asunción de Gustavo Petro. México mantuvo su retórica habitual sobre la no intervención en plenario, pero sin trasladarla al documento específico sobre Nicaragua.
Tres intervenciones le dieron tono al momento. El canciller costarricense Manuel Tovar denunció la presencia militar rusa en Nicaragua; José Raúl Mulino sostuvo que Panamá tenía la obligación de señalar aquello que la organización “no puede ignorar”; y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau reclamó el respeto de las libertades fundamentales para los nicaragüenses.
No todo lo que pidió la oposición nicaragüense quedó incluido en la declaración. Algunas plataformas y movimientos en el exilio reclamaban un paso adicional: declarar formalmente la ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo, con base en la propia resolución del 12 de noviembre de 2021, que había dictaminado que las elecciones de ese año carecieron de legitimidad democrática. Esa declaración formal no se produjo. Lo aprobado fue el techo razonable de lo que el consenso interamericano podía sostener en junio de 2026.
La asimetría como diagnóstico
Mientras la Asamblea aprobó instrumentos sobre Nicaragua, no hubo un pronunciamiento sobre Venezuela y Cuba. La asimetría con la que trató cada una es ilustrativa.
Cuba comparte con Nicaragua la condición de no ser miembro activo de la OEA, pero la situación es estructuralmente distinta. La salida cubana fue una suspensión impuesta por la propia OEA en 1962, derogada en 2009 sin que La Habana solicitara su reincorporación. La salida nicaragüense, en cambio, fue una decisión propia del régimen, notificada en 2021 y efectiva en 2023, y hoy no encuentra en la Asamblea ninguna delegación dispuesta a defender al régimen Ortega-Murillo.
Esto admite dos lecturas. La primera, optimista, sugiere que el sistema interamericano todavía puede actuar cuando confluyen evidencia técnica robusta, voluntad política amplia y un caso en el que ningún gobierno está dispuesto a defender al régimen acusado. La segunda, más reservada, indica que el consenso fue posible precisamente porque el caso nicaragüense reúne condiciones de bajo costo político que ningún otro caso reúne hoy en la región.
Las dos lecturas no se excluyen mutuamente. ¿El sistema interamericano sigue siendo capaz de producir consensos sustantivos sobre democracia y derechos humanos, o solo puede hacerlo donde el consenso no le cuesta nada a nadie?
El espejo centroamericano
Las posturas más firmes vinieron de gobiernos geográfica e ideológicamente alejados del caso nicaragüense y con poco que perder. Chile y Argentina, integrantes del Escudo de las Américas, mantuvieron una posición particularmente dura. Sin embargo, no tienen fronteras ni intereses económicos cercanos con Centroamérica, lo que les permite mantener firmeza sin costos relevantes. Algo similar ocurre con Canadá y con los gobiernos del Caribe anglófono. En contraste, Centroamérica no es dura con la dictadura nicaragüense y la razón es estructural: varios gobiernos se ven reflejados en un espejo incómodo.
Honduras, gobernada desde enero por Nasry Asfura, mantiene una postura de complacencia hacia Managua. Consultado el mismo 23 de junio, Asfura respondió: “Ellos fueron uno de los primeros que me felicitaron y les deseo que ellos puedan salir adelante con todas sus necesidades”. Sobre las gestiones para liberar a los 46 presos políticos en Nicaragua, agregó: “Cada país maneja su política exterior, su política de seguridad. A mí no me gustaría que alguien viniera a intervenirme en temas de la seguridad y la política de Honduras”. En 2022, Honduras había consignado en la Asamblea de Lima su apego al “principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados” y consideró que la situación nicaragüense “debe resolverse entre los nicaragüenses a través del diálogo a fin de propiciar la armonía y el entendimiento en esa nación hermana”.
El Salvador optó por guardar silencio. En 2023 reafirmó “la posición de principios en materia de derecho internacional, en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro Estado”.
Costa Rica encarna la disonancia más nítida del momento. La presidenta Laura Fernández, ha mantenido una postura blanda hacia el régimen. El 13 de junio declaró: “Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos pues con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener”. Omite la farsa electoral de 2021, que la propia OEA declaró carente de legitimidad democrática. Cuatro días después, en respuesta a las críticas internas, Fernández precisó: “No por eso yo puedo ir a una entrevista a despotricar contra un país vecino. No sería tan irresponsable, especialmente porque con Nicaragua compartimos una frontera por donde se moviliza buena parte del comercio costarricense”. Sin embargo, el canciller costarricense Manuel Tovar sostuvo una de las intervenciones más firmes de la sesión. Esa disonancia entre la presidencia y la cancillería admite dos lecturas.
Una es la del reparto deliberado de papeles, policía bueno y policía malo, para mantener un delgado equilibrio entre la complacencia presidencial hacia Managua y el peso de las alianzas internacionales, sobre todo con Estados Unidos, que vuelve políticamente costoso para Costa Rica aparecer demasiado próximo a un régimen autoritario.
Lo que se ve a través de la OEA
Conviene poner el espejo en su sitio. El bloque que mantuvo una posición firme no lo hizo por pura convicción democrática. En muchos casos tuvo distancia y bajo costo. El bloque que mostró titubeos no lo hizo necesariamente por afinidad ideológica con Managua. Más bien, en varios casos, lo hizo por proximidad geográfica y por los temores que ello conlleva. Una arquitectura multilateral que produce consensos cuando los costos son bajos y se diluye cuando los costos suben no es propiamente una arquitectura democrática hemisférica. Es un mecanismo que registra los equilibrios de poder del momento.
América Latina se queja del unilateralismo estadounidense, con razones objetivas para ello. Pero rara vez actúa colectivamente para llenar el vacío que ese unilateralismo aprovecha. La inacción regional no es neutral. Invita y motiva el unilateralismo de Washington. El caso venezolano lo ilustra con dureza. La operación estadounidense del 3 de enero contra Maduro se produjo tras años de presión multilateral que no arrojaron resultados. Nicaragua corre el riesgo de seguir el mismo camino. Mientras América Latina no asuma una posición activa y propia, el sistema interamericano se seguirá limitado a lo que se hizo el 23 de junio en Panamá: aprobar condenas allí donde el acuerdo es barato y no incomoda a nadie, sin instrumentos para forzar resultados en el terreno.
