La situación en Cuba se agravó de forma decisiva a raíz de la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año. Desde entonces, se interrumpieron los suministros de petróleo venezolano, vitales para el sistema energético cubano. Estos representaban más del 60% de las importaciones de petróleo de la isla. Paralelamente, Washington amplió las sanciones contra empresas y países que siguen apoyando al régimen cubano. El objetivo es limitar el margen de maniobra económico y político de La Habana para que los dirigentes estén dispuestos a una transición política y económica.
Para Washington, el cambio debe conducir a la apertura de la economía, la liberación de los presos políticos, oportunidades de inversión para las empresas estadounidenses y, a largo plazo, la transición hacia un gobierno que adopte una postura cooperativa frente a EEUU. Aunque dentro de la administración Trump parece que aún no se aclaró de forma definitiva si este cambio debe llevarse con parte del régimen actual o con su sustitución.
Contra el último adversario
La política estadounidense hacia Cuba forma parte de una estrategia de política exterior más amplia. Para la administración Trump, se interpreta como un retorno a una versión modernizada de la Doctrina Monroe. Cuba es considerada uno de los últimos adversarios autoritarios de EEUU en América Latina. A diferencia de Venezuela, la isla tiene una estructura de poder cohesionada. El poder político no recae únicamente en el presidente Díaz-Canel, sino en una red estrechamente entrelazada formada por el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad y los agentes económicos.
En este contexto, desempeña un papel central el conglomerado GAESA, vinculado al ejército, que constituye la principal base de poder económico del régimen. El expresidente Raúl Castro, a pesar de su avanzada edad, ejerce una considerable influencia en las decisiones estratégicas de la dirección. Washington lo sigue considerando un factor de poder fundamental en La Habana; su condena por un tribunal estadounidense en mayo de 2026 lo evidencia.
La política actual de Washington apunta a que EEUU mantendrá, en un primer momento, su estrategia de máxima presión económica y política. El objetivo es lograr que los costes que supone para los dirigentes cubanos mantenerse en el poder aumenten hasta tal punto que parte de la élite gobernante esté dispuesta a una transición política ordenada. Desde el punto de vista estadounidense, este enfoque ofrece ventajas considerables. Permitiría conservar las estructuras estatales fundamentales, introducir reformas económicas y políticas de forma gradual y, al mismo tiempo, evitar los riesgos de un colapso repentino del Estado o de una intervención militar.
Las primeras reacciones del régimen cubano indican que la estrategia de Washington está surtiendo efecto. Recientemente, los dirigentes cubanos aprobaron reformas económicas que parecían inimaginables. Por primera vez en décadas, la dirección comunista abrió sectores clave de la economía a privados y capital extranjero. Sin embargo, Washington no interpretó estas medidas como un cambio de rumbo fundamental, sino simplemente como concesiones limitadas con las que La Habana pretende ganar tiempo y mitigar la presión estadounidense.
La historia de Cuba demuestra que la presión económica no ha bastado para derrocar al régimen. Pero la isla se encuentra hoy en una crisis económica y humanitaria mucho más grave, y la presión de Washington es mayor que nunca.
Si la estrategia estadounidense no logra resultados tangibles en los próximos meses, es probable que dentro de la administración Trump aumenten las reclamos por medidas más contundentes. El presidente Trump mencionó en repetidas ocasiones la posibilidad de una intervención militar. Además, al disminuir la atención hacia Irán, es probable que las prioridades de política exterior de Washington se desplacen hacia el hemisferio occidental. Cuba podría volver a situarse en el foco estratégico de EEUU. En este contexto, la opción militar parece hoy más realista.
Apoyo a una intervención
Diversas encuestas muestran que alrededor del 77% de los cubanos desea una transición hacia una economía de mercado y una democracia liberal. Al mismo tiempo, más del 60% de la población acogería con agrado una intervención de EEUU y el derrocamiento del régimen. La crisis humanitaria aumentó considerablemente el apoyo a una intervención militar estadounidense. Para muchos cubanos, su situación vital no puede empeorar mucho más. Asocian un cambio político con la esperanza de una mejora de sus condiciones de vida.
Sin embargo, este descontento no generó aún protestas masivas a nivel nacional, aunque las protestas locales van en aumento. Hace unos meses se incendió una sede local del partido y se produjeron manifestaciones espontáneas de descontento en las calles. Que no se haya desarrollado un movimiento de protesta a nivel nacional se debe principalmente a dos razones. Por un lado, muchos cubanos están completamente ocupados con su lucha diaria por la supervivencia. La búsqueda de alimentos, medicamentos o electricidad no deja a muchas personas ni tiempo ni fuerzas para la resistencia política. Por otro lado, el aparato represivo del régimen sigue funcionando con gran eficacia. Incluso las protestas más pequeñas son reprimidas de forma sistemática y los numerosos presos políticos, recluidos en condiciones inhumanas en las cárceles cubanas, disuaden a muchas personas de oponerse abiertamente al régimen.
La forma de protesta más evidente, que lleva años produciéndose, es el abandono del país. Desde 2019, unos tres millones de los aproximadamente once millones de habitantes han abandonado Cuba, en su mayoría jóvenes. Lo que queda atrás es una población que envejece, lo que agrava aún más los problemas económicos de la isla.
¿El futuro de Cuba?
No es posible predecir con certeza si se producirá un cambio político en Cuba ni cuándo tendrá lugar. Si en los próximos meses se produjera un cambio de régimen, esto no supondría una transición automática hacia una democracia liberal. La caída del régimen autoritario no supondría más que el inicio de un largo proceso de transformación cuyo desenlace no está predeterminado.
Faltan muchos de los requisitos institucionales y sociales que podrían sustentar una transición democrática. Los partidos independientes, los medios de comunicación libres, una sociedad civil fuerte o los sindicatos autónomos apenas existen o han sido debilitados sistemáticamente durante décadas. A ello se suma que no existe una oposición democrática organizada a nivel nacional que pueda asumir la responsabilidad política a corto plazo. Por lo tanto, en un primer momento, un cambio repentino de poder dejaría un vacío político e institucional.
Es probable que la diáspora cubana desempeñe un papel clave en el proceso de transformación. Millones de cubanos viven sobre todo en EEUU y cuentan con capital, experiencia empresarial y redes internacionales. Muchos cubanos en el exilio desean invertir a largo plazo en su patria y contribuir a la reconstrucción económica del país. Al mismo tiempo, la diáspora está fragmentada y tiene diferentes visiones sobre el rumbo futuro de Cuba. Será un desafío desarrollar perspectivas comunes para la reconstrucción política y económica del país.
A largo plazo, el éxito de una transición política dependerá de manera decisiva de si se logran establecer instituciones democráticas sólidas. Las elecciones libres por sí solas no serán suficientes. Se necesita un poder judicial independiente, instituciones que respeten el Estado de derecho, medios de comunicación libres, partidos políticos y una sociedad civil activa. Además, la reconciliación social desempeñará un papel importante.
Que surja un nuevo comienzo democrático no dependerá únicamente de las decisiones de los dirigentes políticos de La Habana y Washington. Alemania y la UE deberían denunciar claramente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y orientar su política hacia Cuba de manera coherente con los principios de la democracia. La UE debería seguir utilizando el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, exigir de forma consecuente el cumplimiento de sus disposiciones en materia de derechos humanos e implicar en mayor medida a la sociedad civil cubana independiente en su aplicación. Alemania y la UE podrían aportar una contribución importante a la construcción de instituciones basadas en el Estado de derecho, una cultura política democrática y una sociedad civil activa.
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