“Hasta las 4:00 pm vota el pueblo, después vota la Registraduría”, es una frase popular atribuida falsamente a Jorge Eliécer Gaitán, político colombiano asesinado en 1948 y cuya muerte dio origen al periodo conocido como La Violencia, un conflicto partidista.
Las denuncias sobre fraudes electorales están presentes en la historia de Colombia desde hace décadas. Pero en los últimos años, las redes sociales han potenciado las teorías de fraude electoral, sin sustento y ancladas en desinformaciones.
El propio presidente Gustavo Petro fue uno de los difusores de esas narrativas en el marco de las elecciones presidenciales de este año. Eso afecta el sistema electoral colombiano desde adentro y aumenta el clima de polarización posterior a la reñida segunda vuelta entre el oficialista Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Pese a que la Registraduría anunció el martes que el escrutinio de primer nivel coincide en un 99,99% con el preconteo, el actual mandatario continuó insistiendo en sus trinos con narrativas que cuestiona el sistema electoral del país que gobierna.
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Conviene distinguir los dos procesos. El preconteo es un conteo rápido, preliminar e informativo que la Registraduría divulga la misma noche de la elección. El escrutinio es el conteo oficial y con validez jurídica, a cargo de jueces y notarios. Al cerrar las urnas, los jurados diligencian el formulario E-14 en tres ejemplares: el de transmisión reporta el preconteo, el de delegados se publica de inmediato y el de claveros viaja sellado con los votos físicos hasta el punto de escrutinio.
Narrativa presidencial
Petro lleva años criticando las instituciones del propio gobierno que él lidera y la Registraduría ha sido una de ellas. Los ataques han variado y este 2026 se agudizaron.
En febrero dijo que las casillas en blanco de los E-14 “llevan al fraude”. Luego habló de los “algoritmos” y de una supuesta falta de auditoría al software. Tras la primera vuelta denunció que se habían agregado 885.000 cédulas al censo electoral, en la segunda vuelta tuiteó que a los E-14 “les quitaron dos sellos fundamentales”, la “estampilla de tiempo” y el “candado de seguridad” (hash), de modo que “cualquier formulario puede ser cambiado a voluntad”.
Pero las narrativas de fraude no solo fueron difundidas por Petro. El año pasado, sectores de la derecha aseguraron, sin pruebas, que el presidente podría robarse las elecciones. Aliados de De la Espriella, como Lina Garrido o el influencer Vincent Ramos, sembraron dudas sobre la integridad del sistema electoral.
La Misión de Observación Electoral colombiana señaló en un informe que las narrativas de fraude se mantenían como un mecanismo de criminalización política entre campañas, combinadas con alusiones a la seguridad. Además, su monitoreo de la conversación digital registró, en apenas cuatro horas del día del balotaje, una intensificación de la hostilidad: insultos, contenidos deshumanizantes y mensajes que incitaban a la violencia ante resultados adversos.
Esto se da pese a que tanto la Misión Electoral de Observadores de la Unión Europea como los organismos electorales colombianos certificaron la transparencia y legalidad del preconteo y el escrutinio. El propio candidato Iván Cépeda reconoció el triunfo de su opositor.
Las narrativas que viajan entre países
Las teorías de fraude, potenciadas por los mismos candidatos, no son un fenómeno aislado ni nuevo. Según un documento de la organización IDEA Internacional, entre 2020 y 2024, un 19,5% de las elecciones nacionales a nivel global fueron impugnadas en tribunales. En América Latina casi 1 de cada 3 fue objeto de impugnación legal, boicot o negacionismo de los resultados por parte de alguna candidatura en la competencia.
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Aunque los contextos políticos son distintos, las narrativas de fraude siguen un patrón regional: se aprovechan de errores en los procesos electorales para magnificarlos. Son potenciadas por políticos en campaña. Las redes sociales, cuyos algoritmos premian el contenido alarmante, las potencian, y siembran la duda sin probarla.
El caso peruano
Perú todavía no tiene presidente oficial. La segunda vuelta se celebró el 7 de junio, pero el escrutinio —lento y ajustadísimo— se prolongó más de dos semanas. Con cerca del 99,4% de las actas, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) aventaja al izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por unos 39.000 votos, y la proclamación se aplazó a mediados de julio. De hecho ayer, Sánchez anunció un fraude y adelantó que no reconocerá el triunfo de Keiko Fujimori, que parece inminente.
Las narrativas de fraude no son nuevas en Perú. Pero en este proceso electoral, especialmente en la primera vuelta, han sido más sofisticadas y complejas.
Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana y director de PerúCheck, lo explica: “Perú ha tenido un historial de narrativas de fraude. En 2021 vimos narrativas lanzadas por Keiko Fujimori más tradicionales, como que votaron los muertos o errores en las firmas de los miembros de mesa. Eran argumentos que los periodistas podíamos verificar. Pero en estas elecciones, las narrativas —que en su mayoría partieron del candidato Rafael López Aliaga— fueron más sofisticadas y basadas en datos difíciles de rastrear”.
A eso se sumó una capa tecnológica —“también llegaron videos de IA”— y los errores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por fallas logísticas avivaron las teorías del candidato López Aliaga, que no pasó a segunda vuelta por 15.000 votos.
Salazar añade un ingrediente que confirma el carácter transnacional del fenómeno: figuras internacionales, como el argentino Agustín Laje, amplificaron las narrativas con mensajes en sus redes sociales dándole peso a las denuncias de López Aliaga. Una investigación de El Foco documentó una red de cuentas anónimas operada desde Estados Unidos, Ecuador, México, España y Venezuela que durante la segunda vuelta hizo campaña por Fujimori, atacó a Sánchez y respaldó los reclamos de fraude de López Aliaga, con más de 45.000 publicaciones y avatares creados con IA que llegaron a suplantar a presentadores de cadenas como CNN.
Brasil: el recuerdo de 2023
Brasil es el ejemplo de cómo las narrativas de fraude causan un daño más allá de la legitimidad de las instituciones. El 8 de enero de 2023, pocos días después de la investidura de Lula da Silva, miles de seguidores del derrotado Jair Bolsonaro asaltaron las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Este fue el desenlace de meses de ataques infundados contra las urnas electrónicas.
Brasil vuelve a las urnas el 4 de octubre de 2026. Lula busca un cuarto mandato y el apellido Bolsonaro estará de nuevo en la papeleta a través de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. En estas elecciones, las desinformaciones de fraude reciclan el blanco de 2022: las máquinas de votación. Un estudio del Proyecto Confía halló que más del 45% de los contenidos falsos sobre elecciones de los últimos ciclos atacaban el funcionamiento de las máquinas de votación, un sistema usado desde 1996 que nunca ha registrado un fraude comprobado.
