Durante décadas, México fue sinónimo de un solo fenómeno migratorio: la salida masiva de trabajadores hacia Estados Unidos. Hoy esa imagen quedó chica. El país combina simultáneamente emigración histórica, tránsito de migrantes de toda América Latina, inmigración que se vuelve permanente, retorno forzado y desplazamiento interno. Esa superposición convierte a México en uno de los sistemas migratorios más complejos del mundo. El desafío para el Estado ya no es la resistencia social sino la capacidad institucional para gestionar dinámicas que se cruzan y se potencian entre sí.
Dependencia de las remesas
México es, ante todo, un país forjado por la emigración. Cerca de 40 millones de personas de origen mexicano viven fuera del país, el 97% en EEUU, una de las diásporas más grandes del planeta. El flujo comenzó a fines del siglo XIX con la expansión ferroviaria y se consolidó durante el siglo XX como respuesta a la demanda de mano de obra barata en el mercado estadounidense. Para las regiones rurales y económicamente débiles, migrar se volvió una estrategia racional de supervivencia: no toda la geografía mexicana emigra por igual, más de la mitad de los registros consulares en EEUU provienen de apenas siete de los 32 estados del país.
El endurecimiento de los controles fronterizos, paradójicamente, transformó una migración antes circular en una de asentamiento permanente: cruzar la frontera se volvió tan riesgoso y costoso que dejó de tener sentido ir y volver. Eso cambió también el perfil demográfico: de jóvenes varones solos a familias completas, con una edad promedio hoy cercana a los 45 años.
El correlato económico es contundente. Entre 2013 y 2024 las remesas pasaron de 23.000 a 64.700 millones de dólares, equivalentes al 3,5% del PBI mexicano. Uno de cada cinco hogares mexicanos recibe remesas, y en ciertas regiones representan más del 30% del ingreso familiar, llegando a sustituir al Estado en materia de desarrollo local. Pero esa dependencia es también una vulnerabilidad: en 2025 las remesas cayeron por primera vez en más de una década, a 61.800 millones de dólares. Es un reflejo de la desaceleración del empleo en EEUU y de la baja en el número de mexicanos residentes allí. Aun así, México sigue siendo el mayor receptor de remesas de América Latina y el segundo del mundo, detrás de India.
De corredor de paso a destino forzado
Desde los años 90, México se consolidó como corredor de tránsito para migrantes centroamericanos y caribeños que buscaban llegar a EEUU. Es un flujo estructurado en torno al llamado sistema migratorio mesonorteamericano. Pero desde mediados de la década de 2010 esa composición cambió radicalmente: hoy la mayoría de quienes cruzan México provienen de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, con una presencia creciente de mujeres, familias y menores.
El trayecto sigue siendo extremadamente peligroso. El tren de carga conocido como La Bestia —viajado sobre los techos de los vagones— dejó heridos, mutilados y muertos durante años. Aunque hoy se usa menos por los controles estatales, buses y caravanas migrantes no son alternativas más seguras. A lo largo de las rutas, la extorsión, el secuestro y la desaparición forzada son moneda corriente: se estima que decenas de miles de personas desaparecieron sin dejar rastro.
El endurecimiento fronterizo estadounidense —iniciado con Bush y profundizado con Obama, y externalizado mediante la Iniciativa Mérida de 2008— redujo drásticamente la tasa de éxito de los cruces irregulares. Programas como Remain in Mexico durante la primera presidencia de Trump empujaron la frontera hacia el sur: con apenas 2% de éxito en las solicitudes de asilo, cientos de miles de migrantes quedaron varados en territorio mexicano. Hoy se estima que entre 2,5 y 3 millones de migrantes internacionales que pretendían llegar a EEUU viven, de hecho, en México. El país dejó de ser solo un pasillo: se convirtió en destino final no buscado.
Retorno, desplazamiento interno y un Estado desbordado
El tercer gran vector es el retorno. Desde la crisis financiera de 2008-2009, y de forma sostenida desde la década de 2020, más mexicanos regresan desde EEUU de los que emigran hacia allá. Casi cuatro millones retornaron en los últimos 15 años, la mayoría por deportación. Se trata en general de adultos de primera generación, muchas veces con hijos nacidos en EEUU que hablan poco español y enfrentan serias dificultades para integrarse al sistema educativo mexicano. La reinserción económica también es dura: el retorno suele implicar pérdida de ingresos y regreso a regiones con pocas oportunidades laborales, lo que profundiza las desigualdades regionales en lugar de aliviarlas.
A esto se suma la migración interna, un fenómeno que se intensificó en los últimos veinte años. Junto al patrón clásico —del campo a la ciudad, del sur pobre al norte dinámico, con unos cinco millones de migrantes internos— creció un segundo motor: el desplazamiento forzado por la violencia del crimen organizado. Entre 2,5 y 3 millones de personas fueron desplazadas internamente en la última década por extorsión, secuestros y disputas territoriales entre cárteles.
Frente a este cruce de fenómenos, la respuesta institucional mexicana sigue siendo fragmentada. La migración no generó en México una polarización política como en Europa. La cercanía cultural y lingüística con la mayoría de los migrantes latinoamericanos ayuda. Pero la política migratoria está fuertemente securitizada: se aborda como problema de control y orden, con poco énfasis en integración social. Formalmente a cargo del Instituto Nacional de Migración, en la práctica son las fuerzas de seguridad y la Guardia Nacional quienes definen el terreno, en gran medida condicionadas por la presión de Washington y la dependencia económica mexicana de EEUU. El resultado es un país que ya no puede pensarse con las categorías clásicas de origen, tránsito o destino, sino como un sistema donde todas esas funciones conviven, se superponen y exigen una respuesta institucional que, hasta ahora, no llegó.
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