El día 14 de julio el presidente de Ecuador informó por cadena de radio y televisión que envió a la Corte Constitucional una solicitud de consulta popular, cuyo objetivo es preguntar a la ciudadanía si los propietarios de empresas off-shore en paraísos fiscales pueden presentarse como candidatos a dignidades de elección popular.
El pedido de Rafael Correa debe primero ser aprobado por la Corte Constitucional y después enviado al Consejo Nacional Electoral para que tramite la consulta, que se realizaría a la par de las elecciones generales de febrero 2017. Por esta razón el presidente señaló que prácticamente no tendrá ningún costo.
En su cuenta de Twitter, la Presidencia presentó la pregunta que se haría en la consulta popular y su condicionamiento:
Correa hizo referencia a la información divulgada por la investigación de los Panama Papers, a través de la cual muchos nombres, incluyendo autoridades de Gobierno como el fiscal general de la Nación, aparecieron en la lista de personajes que crearon empresas con la asesoría del estudio jurídico Mossack Fonseca. El primer mandatario señaló que «los paraísos fiscales se constituyen en uno de los peores enemigos de nuestras democracias por lo que significan, en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e, incluso, apoyo al terrorismo…».
Además, dijo que con el dinero que salió entre 2014 y 2015 alcanzaría al menos los USD 3370 millones, con lo que se podría haber realizado la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril.
Finalmente, Correa llamó a un pacto ético y a defender la consulta popular, tomando en cuenta que aquellos que tienen dinero fuera, en compañías off-shore, no tienen un compromiso con la patria y calificando de inmorales dichas operaciones.
La reacción de la ciudadanía en redes sociales no se hizo esperar, y muchos coincidieron en que la consulta popular parecería ir con dedicatoria a Guillermo Lasso, precandidato a la presidencia por el Movimiento CREO, quien ha asegurado tener una empresa domiciliada en Panamá, y ha indicado que Banisi es un banco formalmente constituido y establecido en ese país, por lo cual no tiene nada que ocultar.
Vale recordar que varios funcionarios de Gobierno, como el actual fiscal Galo Chiriboga, la exasesora de la presidenta de la Asamblea, Michelle Artieda, y el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, han sido involucrados en la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los denominados Panama Papers.
Carla Bonilla E.
Máster en Gobernabilidad y Gerencia Política. Ex asesora y jefe de proyectos en el Congreso Nacional, la Unión Demócrata Cristiana, la Fundación Konrad Adenauer y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
