El gobierno de Daniel Ortega reprime a la oposición y pavimenta su nueva reelección.
El comandante Ortega celebra su afirmación al poder en 2012 | Foto: Fundación Ong DE Nicaragua, vía Wikicommons
El 25 de febrero de 2015 se conmemoraron 25 años de las elecciones aperturistas de 1990, un hito construido sobre un proceso de paz que dejó atrás un cruento conflicto civil en el marco de la guerra fría. Los protagonistas fueron el gobierno del Ejército Sandinista de Liberación Nacional, triunfante en la revolución de 1979 bajo el liderazgo de Daniel Ortega, y la Contra, agrupaciones paramilitares que recibieron apoyo de los Estados Unidos. Nicaragua ponía así sus esperanzas en una anhelada era de democracia, paz y desarrollo, y se constituía desde la dolida Centroamérica en un ejemplo a seguir.
Sin embargo, Ortega regresó a la presidencia en 2007 y el panorama del presente es que el poder se ha concentrado progresivamente de nuevo en el Ejecutivo. Afectando la teoría de la separación de poder, se ha alterado la Constitución para permitir la reelección indefinida de Ortega y se ha promovido un estilo de gobierno corporativo, en el que los militares han vuelto a tener prebendas. Como si fuera poco, el discurso político ha echado mano de la propaganda pública para enaltecer el populismo y el caudillismo de izquierda, mientras parte del empresariado y la derecha han asumido un pacto de no agresión con el fin de favorecer las cifras macroeconómicas y una relativa política de protección social.
Si estos aspectos son poca cosa para demostrar cómo se traicionó la transición a la democracia, las últimas actuaciones del presidente no dejan duda de que está empeñado en hacer volver a su país al autoritarismo que tanto costó dejar atrás y que aún jura haber combatido. Bajo control sandinista, la Corte Suprema autorizó a retirar el aval a los miembros de la coalición opositora en el Parlamento, encabezada por Eduardo Montealegre, del Partido Liberal Independiente, para eliminar la disidencia y asegurar la posibilidad de reelegirse para un tercer periodo consecutivo. Para los comicios, proyectados en noviembre, además de que es candidato único de facto, ha prohibido la presencia de observadores internacionales. Y para rematar, su esposa, Rosario Murillo, vocera del Gobierno y figura de dudoso misticismo poético y religioso, completará su fórmula presidencial.
No es momento de analizar el resto de la agenda de estos años, que nos hacen volver, sin querer, al odioso imaginario de una república bananera: el populismo tropical, que a pesar de ya no contar con los recursos de la maltrecha cooperación venezolana, pretende continuar la antorcha chavista en medio de un nacionalismo de doble moral librecambista. Las acusaciones de abuso sexual incestuoso que aún afectan al antiguo comandante. El uso estratégico de los asuntos internacionales, como las pretensiones interminables sobre aguas territoriales de Colombia o las violaciones a la soberanía fronteriza de Costa Rica. Y un último y grave ejemplo, la controversia que despierta el proyecto de canal interoceánico en términos ambientales, culturales y técnicos a realizarse con un vacilante capital chino. Un tema de gravedad geopolítica sobre el que la opinión pública del resto del continente y de buena parte del mundo ha guardado un vergonzante silencio.
Sí, se confirma una paradoja. Ortega, guste o no, contribuyó a derrocar más de cuatro décadas de abusos dinásticos del clan familiar Somoza, pero ahora está empeñado en que su legado sea el retroceso a un país dictatorial, nepotista y quizá de partido único. Y es que se suele olvidar algo: las revoluciones, por lo general, suelen salir muy mal.
José Alejandro Cepeda | joscep@yahoo.com
Periodista y politólogo