El próximo 10 de mayo se celebrarán en Uruguay las elecciones departamentales y municipales. Estos comicios se realizarán de manera simultánea para las diecinueve circunscripciones departamentales, que eligen sus intendentes y sus juntas departamentales, y para los 112 municipios, que eligen a sus alcaldes.
Será la cuarta vez que las autoridades departamentales se voten separadamente de las nacionales, tal cual lo dispone la Constitución de 1997, y la segunda vez que se voten autoridades del tercer nivel de gobierno, según lo prevé la ley 18567 de Descentralización y Participación Ciudadana, vigente desde 2010.
![Donald Trump | Foto: Sgt. Alicia Brand, vía WikiCommons [dominio público]](https://dialogopolitico.org/wp-content/uploads/2019/12/Donald-Trump_Sgt.Alicia-BrandPublic-domain-Wk_1280-120x86.jpg)
El carácter local de las elecciones departamentales hace que en realidad se lleven adelante diecinueve comicios independientes, donde los residentes de cada departamento votan con una lógica más centrada en la gestión que en lo ideológico y partidario.
Consecuencia de este menor peso ideológico y partidario es una alta volatilidad electoral, si se compara el porcentaje de votos obtenidos por determinados partidos en las elecciones nacionales de octubre pasado, con los resultados que pronostican las encuestas para esta próxima instancia en cada departamento.
Actualmente, el Partido Nacional gobierna la mayoría de los departamentos, once en total: San José, Flores, Florida, Soriano, Río Negro, Paysandú, Tacuarembó, Durazno, Lavalleja, Cerro Largo y Treinta y Tres. El Frente Amplio lo hace en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Artigas. Y el Partido Colorado solamente gobierna en Salto y Rivera.
Los pronósticos de las empresas que realizan estudios de opinión pública anuncian una segura ratificación de los actuales partidos gobernantes en varios departamentos. En Flores, Colonia, Treinta y Tres, Soriano, Durazno, Tacuarembó, Lavalleja y San José ganaría el Partido Nacional; Montevideo y Canelones volverían a ser frenteamplistas; mientras que el Partido Colorado solamente tendría asegurada su continuidad en Rivera.
En algunos departamentos donde actualmente gobierna el Frente Amplio —Maldonado, Artigas y Rocha— hay una disputa reñida con el Partido Nacional. A la inversa, en Paysandú, Cerro Largo y Florida, donde actualmente el intendente es nacionalista, las encuestas muestran que el Frente Amplio podría obtener el triunfo. El Partido Colorado tiene amenazada la mitad de su porción de gobiernos departamentales, en contienda ajustada con el Frente Amplio por el gobierno de Salto.
Diversos son los motivos por los que varios departamentos cambiarían de signo político, y entre ellos puede destacarse la irrupción de temas locales que afectaron seriamente el estado de la opinión pública, como los casos de manejos irregulares de contrataciones durante la Semana de la Cerveza en Paysandú o la contaminación de la reserva de agua potable de Laguna del Sauce en Maldonado. Sin embargo, el cambio de signo también puede deberse a la imposibilidad de reelegir a algunos intendentes que ya cumplieron con su segundo mandato al frente de la administración departamental. Allí tenemos casos como los de Rocha y Maldonado.
En términos electorales, tomando en cuenta el número de votos pero también el presupuesto manejado por algunos gobiernos departamentales, el triunfo en Maldonado supone un interesante botín electoral, pues asegura el manejo de recursos de un departamento que cuenta con elevados niveles de recaudación por concepto de contribución inmobiliaria, dado que allí se encuentran los balnearios de mayor poder adquisitivo de la región. También hay en esta contienda trofeos de corte simbólico, como en el caso de Cerro Largo, donde el Frente Amplio aspira a desplazar a un gobierno que ha sido nacionalista a lo largo de toda su historia, en el lugar de nacimiento de Aparicio Saravia, el mayor caudillo del Partido Nacional.
Para el gobierno nacional, las elecciones departamentales suponen también una distribución de poder, y pueden determinar la cantidad de interlocutores de oposición que tendrá en el futuro, lo que afectará decisiones de asignaciones de presupuesto y obra pública.
Federico Irazabal | @firazaba
